Interpuesta por una ciudadana belga, el Tribunal Supremo de España anunció este miércoles el rechazo a la demanda de paternidad contra Juan Carlos de Borbón, padre del actual rey de España, Felipe VI.
En enero, el tribunal había admitido la demanda presentada por la belga, Ingrid Sartiau, que asegura ser hija del antiguos jefe de Estado español.
Sartiau ha asegurado que su madre y Juan Carlos de Borbón se conocieron en la década de los 50 en Francia y que años después, en 1965, se vieron en Marbella, al sur de España, donde mantuvieron un encuentro íntimo en el que fue concebida.
Sin embargo, después de estudiar un recurso interpuesto por los abogados de Juan Carlos de Borbón, quien mantiene aún con carácter honorifico el titulo de rey, ha decidido retractarse en la decisión.
El Supremo también rechazó un recurso interpuesto por Sartiau, que reclamaba que el rey emérito se sometiera a una prueba de ADN; la Sala Civil del Supremo ya había rechazado tramitar otra demanda de paternidad contra Juan Carlos I presentada por el español Alberto Solá Jiménez, al apelar falta de pruebas. La negativa se ejecutó por una mayoría de siete votos contra tres.
La decisión coincide con el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la admisión de las dos demandas.
Juan Carlos de Borbón, de 77 años, abdicó en junio pasado, lo que supuso la pérdida de la inviolabilidad que le reconocía la Constitución Española.
Un mes después, el Congreso de los Diputados aprobó su aforamiento, que supone que sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo en lugar de por los tribunales ordinarios; se trata de un privilegio similar al de otros altos cargos del Estado. Sin la nueva ley aprobada, las demandas podrían haber sido procesadas en tribunales ordinarios.
La abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe de Borbón, de 47 años, fue vista como un intento de la monarquía de recuperar el favor de la opinión pública tras escándalos, mientras la segunda hija de Juan Carlos I, Cristina de Borbón, deberá sentarse en el banquillo de los acusados en los próximos meses para responder ante una demanda por su presunta participación en dos delitos fiscales.