Entre Relaciones Exteriores y el relator

 

Raúl Jiménez Vázquez

Con el aval de su titular, la Secretaría de Relaciones Exteriores descalificó al relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, autor del informe en el que se estableció que las torturas son una práctica generalizada en nuestro país, señalando que su desempeño no fue profesional ni ético.

Según notas de prensa, tal informe fue tildado de “poquitín banquetero” por un vocero de la cancillería, quien también aseveró que “eso no ayuda a nadie y en cambio todos pierden. Pierde el relator, porque no vamos a trabajar con él un rato; perdemos nosotros, porque no tendremos su asesoría; pierden los demás Estados que pensaban invitarlo, porque después de este desaguisado con México dirán «mejor no lo invitamos», y pierde la eficacia del sistema multilateral, y en este caso (Méndez) tiene responsabilidad, ya que a todos nos importa que estos mecanismos funcionen”.

Esta virulenta catilinaria no tiene paralelo en los anales de la diplomacia mexicana pues nunca antes se había denostado a un representante de las Naciones Unidas. El exabrupto, además, tiene tintes verdaderamente escandalosos en virtud de que la intervención del relator fue resultado de una visita practicada a invitación del gobierno federal, además de que su actuación está sustentada en el texto de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual somos alta parte contratante.

Lo anterior es un motivo de preocupación, pero más lo es el que con dichas admoniciones se está provocando la ruptura de relaciones y el debilitamiento de uno de los instrumentos más importantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Empero, lo más grave es el hecho de que el informe simplemente constató la existencia de una tragedia humanitaria que de tiempo atrás fue visibilizada en diversos foros globales e interamericanos y en documentos oficiales de la CNDH.

Efectivamente, como lo subrayó el experto internacional, los actos de tortura no son anecdóticos, aislados o coyunturales, al contrario, responden a un patrón de conducta que se repite sistemáticamente a lo largo y ancho del país.

Es decir, se trata de una práctica generalizada que eventualmente podría ser tomada en cuenta a fin de tipificar un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma, escenario en el cual si el Estado mexicano no quiere, o no puede, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, la Corte Penal Internacional estaría facultada para proceder en consecuencia.

La respuesta no se ha hecho esperar: en una carta emblemática, el relator replicó que “hasta ahora, jamás vi mi integridad ni mi ética cuestionadas”, y acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de haber emprendido en su contra una campaña de desprestigio.

Este absurdo conflicto diplomático es consecuencia de la actitud de negación de la realidad que impera en las altas esferas gubernamentales, patología política que está impidiendo el abordaje de los delicados problemas en los que está inmersa la nación.