Con 385 votos, la Cámara de Diputados respaldó ayer la Ley General de Transparencia que casi triplica el número de sujetos obligados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), al pasar de 17 a 50 los entes —organismos, instancias y entidades— que deberán rendir cuentas de los recursos públicos ejercidos.
Sin realizar ningún cambio al proyecto que hace un mes le envió el Senado, el pleno de San Lázaro envió la minuta aprobada al Ejecutivo federal, para su promulgación.
Las bancadas del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza se sumaron a esta ley que fija las bases y los procedimientos para garantizar el acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En contra se manifestaron 24 diputados de los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena. Hubo tres abstenciones.
Al exponer los alcances de la reforma, Abel Salgado Peña, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que con este nuevo ordenamiento, “en primer lugar, se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos”.
Expuso el legislador priista que, en atención a la demanda ciudadana, se amplió el catálogo de sujetos obligados, mismos que se añaden a las dependencias y entidades que desde la creación del IFAI debían proporcionar la información requerida.
El presidente de la Comisión de Gobernación expuso que la nueva ley incorpora figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para cuando se pretenda reservar información.
Especificó el diputado que se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o de situaciones vinculadas a actos de corrupción.
Al señalar las razones por las cuales debía avalarse esta ley, el priista señaló que “los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino del gasto público, tanto como el correcto ejercicio de la función pública a cargo de autoridades y representantes populares”.
El dictamen se compone de 216 artículos y 13 transitorios, y es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución, referente a la transparencia y el acceso a la información.
Al argumentar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la bancada de Morena, alegó que la ley violenta la autonomía que la Constitución le otorga al IFAI, toda vez que se fijan procedimientos que condicionan el ejercicio del derecho a la información.
La discusión se prolongó por cinco horas para la presentación de reservas en torno a 36 artículos. Pero ninguna prosperó. Ni siquiera hubo mayoría en favor de someter a debate alguna de las propuestas.