La empresa “ganadora” tuvo información privilegiada
La corrupción es el abuso del poder encomendado
para beneficio propio.
Transparencia Internacional
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Hace casi un año expresamos nuestras inquietudes en torno a la declaratoria de necesidad del 19 de mayo de 2014 gracias a la cual el gobierno de la ciudad determinó crear un corredor cultural en el cuadrante conformado por las calles de Lieja, Hamburgo e Insurgentes de la Colonia Juárez, y las de Puebla y Oaxaca de la colonia Roma.
Con el espejismo de culturizar la Zona Rosa, se está orquestando un proceso gentrificador en beneficio de un grupo inmobiliario, al cual —según revela la auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal— se le dieron todas las facilidades; se trata de la empresa Desarrollo Urbanístico Chapultepec, S. A. P. I. de C. V., en detrimento del proceso de licitación simulada por la paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S. A. de C. V., triste heredera de Servicios Metropolitanos (Servimet), empresa que a inicios de los años noventa del pasado siglo XX sirvió para imponer los programas de parquímetros a las colonias Juárez y Cuauhtémoc.
Según se desprende de diversas observaciones expresadas en la auditoría 01D aplicada al proyecto Centro de Transferencia Modal Chapultepec a la paraestatal Calidad de Vida, la Contraloría del Distrito Federal ubicó omisiones, contradicciones y ocultamientos en el proceso de selección de la empresa a la que se le otorgó el contrato por mil 700 millones de pesos, proyectados para la construcción de “un espacio de transferencia modal de transporte público, un hotel, un centro comercial, edificios de oficinas y de departamentos de lujo usufructuables por un lapso mínimo de 30 años a partir de su puesta en operación”.
La benevolencia de la paraestatal y de las instituciones gubernamentales que la integran condonó a la empresa seleccionada el pago de 30 millones de pesos correspondientes al pago de estudios, así como la presentación de la garantía equivalente al 1% del total estimado de la obra, aduciendo que dicha empresa contaba con una solvencia económica, por cierto nunca acreditada ante la Contraloría.
El resultado de la auditoría señala puntualmente que la empresa “ganadora” contó con información privilegiada, lo que garantizó que su propuesta fuera la única que cubriera todas y cada una de las necesidades técnicas de un proyecto diseñado por ella misma, y a pesar de carecer de los recursos necesarios para hacerlo, éstos le fueron facilitados por la propia autoridad, a través del multimillonario fondo de apalancamiento diseñado ex profeso para este proyecto gentrificador y carente de consenso vecinal.
Ni duda cabe que esta turbia urdimbre burocrática acredita la puntual definición que el organismo Transparencia Internacional da al término corrupción, a la que define como el abuso del poder encomendado para beneficio propio.