“Panistas en Baja California hicieron más que patentes
esas diferencias al criticar a los jornaleros”
Entrevista a José Zavala/Colegio de la Frontera Norte
Irma Ortiz
Al analizar el nuevo video de los mirreyes de los Legionarios de Cristo del Instituto Cumbres —donde se hace gala de misoginia, clasismo y otras lindezas—, el escritor y periodista Ricardo Raphael explicaba por qué provocó tanto repudio. Dijo que marcan con plumón las distancias que separan a los mexicanos, “que mientras las 3 mil familias más ricas del país ingresan a diario 84 mil pesos, los 3 millones de hogares más pobres se las arreglan con 100 pesos al día”.
Este martes, panistas en Baja California hicieron más que patentes esas diferencias al criticar en Twitter a los jornaleros que iniciaron el pasado 17 de marzo una movilización en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. El militante juvenil Carlos Gorocica publicó: “si quieren ganar más, de qué sirve entonces matarte estudiando si un jornalero quiere ganar 300”. Aunque borraron la publicación, la imagen circuló por toda la red.
En Baja California no es casual que los ranchos que más han presentado irregularidades y se les acusa de explotación laboral pertenecen a funcionarios panistas, como es el caso de los hermanos Alfonso, Víctor y Antonio Rodríguez, propietarios del rancho Los Pinos, además de empresas como la agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex y Driscolls.
Un conflicto provocado por decenas de años de indiferencia gubernamental y la explotación de empresas agroexportadoras hacia la población más vulnerable de este país: pobres e indígenas. El gobernador Francisco Vega —quien no está en las mesas de negociación—sólo actúa como vocero de las empresas, como lo señala el analista del Colegio de la Frontera Norte, José Zapata. Por Twitter, el mandatario estatal asegura que el problema ya se resolvió o anuncia más sanciones contra los jornaleros.
Las negociaciones han resultado hasta ahora inútiles, los empresarios ofrecieron un incremento de 16.5 pesos al salario, cuando los jornaleros demandan al menos 190 pesos. De acuerdo con el diario Zeta, éstos piden el pago de 30 pesos por la caja de fresa, 17 por la jarra de moras y 8 pesos el bote de tomate. A la jornalera Olga López, quien lleva 8 años en esa labor, “le pagan 2.20 por libra de fresa, el tomate a 50 centavos el bote y 6 pesos por la mora”.
Ya no tienen miedo
El vocero de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal por una Justicia Social, Fidel Sánchez, advirtió que ya no tienen miedo y el gobierno debe respetarlos. Demandaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a un representante de la OIT a que se presenten y lleguen a un acuerdo para sacar a los jornaleros del rezago que padecen.
El especialista del Colegio de la Frontera Norte explicó a Siempre! la situación que viven los trabajadores agrícolas.
“La región de San Quintín comprende una serie de valles agrícolas a lo largo de 60, 70 kilómetros de la carretera transpeninsular. Son extensas zonas de producción en invernadero y a cielo abierto, con una variedad de hortalizas: el tomate rojo y la fresa que destacan como los cultivos principales y entre ambos deben de sumar alrededor de 6 mil hectáreas, el valor de la producción de estos dos cultivos, ronda los 3 mil 700 millones de pesos.
Declaraciones oficiales por el número de trabajadores rondan 40 mil trabajadores agrícolas, 30 mil eventuales, pero hay que tomarlo con reservas; hay quienes hablan de alrededor de 70 mil trabajadores. Aunque ha habido avances en las condiciones deprimidas de vida y de trabajo en esta región, la situación es de décadas. Se puede hablar ya de generaciones de trabajadores jornaleros, hablo de más de 30, 40 años.
¿Cuáles son las causas? Bajísimos salarios, la mayoría de ellos con dificultad rebasan los 100 pesos diarios, jornadas exageradas que pasan fácilmente de las diez horas diarias, la falta de pago del séptimo día, un ofensivo hacinamiento en cuarterías con escasas y minúsculas habitaciones, la ausencia casi absoluta de agua para sus necesidades básicas, una agravada dificultad para acceder a servicios médicos, de educación, de seguridad y de respeto mínimo a su seguridad personal.
Este cuadro lamentable está consentido por una nula presencia y acentuada debilidad de instituciones públicas de gobierno, esta inexistencia configura otras referencias de poder en la región, ¿quiénes?, las grandes empresas comandadas por grupos acaudalados de empresarios, que conectados por el sector público, se erigen como autoridad de facto en la región.
Lo que ha pasado es la explosión de décadas de condiciones infrahumanas en las que son obligados a trabajar decenas de miles de personas. En la prensa local vemos incluso declaraciones del gobernador, de que son mil 200 personas las sublevadas y las que condicionan su regreso al trabajo. Falso, son decenas de miles de personas, la desesperación de los trabajadores que llevaron su angustia hasta la protesta pública; a la ausencia de instituciones que garanticen seguridad y respeto se agrega algo indeseable: la presencia de delincuentes ajenos al movimiento, que se han infiltrado y es lo que más se ha resaltado en algunos medios: desmanes, afectaciones a comercios y a la población.
Las grandes cadenas estadounidenses
¿Quiénes son estas grandes empresas? ¿Qué manejo comercial tienen?
La región de San Quintín está a alrededor de unos 200 kilómetros al sur de Ensenada, un tercio de la mitad del estado. Por el lado que da al Pacífico, por el lado oeste, el Valle de Imperial es fundamentalmente forrajero y el flujo económico y productivo de San Quintín es con Estados Unidos, grandes cadenas de comercio estadounidense como WalMart, que están articulados al mercado de San Quintín. Hortalizas: el tomate, la fresa, el pepino, cebollas, chícharo. El mercado articulado es San Quintín-Estados Unidos, con un poderoso comercio que supera los 5.6 mil millones de pesos anuales.
¿Cuáles son las principales empresas y sus vínculos políticos, con políticos, del PAN o del PRI?
Resaltan por el vínculo directo con el sector público un par de empresas, el rancho Los Pinos, propiedad de la familia Rodríguez; uno de sus miembros —Antonio— fue secretario de Fomento Agropecuario en el sexenio anterior; otra empresa pertenece a la familia Valladolid, que tiene como representante al actual secretario de Fomento Agropecuario —Manuel Valladolid.
Estos aspectos resaltan porque se genera un conflicto de interés, pero hablo de casi dos decenas de empresas: la familia García; a mi juicio la más grande, Berrimex, pero hay otras, la de los hermanos Silva, Los Cuates, Driscoll, El Capricho, la familia Martínez, Los Aragón, una decena de empresas muy importantes.
¿Cómo es el manejo en los ranchos?
La pregunta es cómo es posible que en estos tiempos sucedan estos modos de producción de casi esclavitud. Hemos visto en las últimas noticias casos en Colima, en Baja California Sur y en otros sitios. Aquí en Baja California ya ha sucedido, el año pasado con unos campos de olivo en el valle de Mexicali, en una área desértica en la laguna salada, donde hay alrededor de 300 hectáreas de olivo, se contratan trabajadores agrícolas que traen de otras regiones del país y en esa condición de migrantes resultan altamente vulnerables, dependiendo de dónde y cómo los instalan, cuánto y dónde les pagan, cuándo los dejan ir, si los dejan ir o no, y el horario de trabajo.
En realidad esta explosión social ya se había tardado, ya hubo en otras décadas acontecimientos similares y, hoy, el desdén fundamentalmente, la nulidad de la presencia de las instituciones en la región, ya de por sí rural y débil, traen como consecuencia que la mayoría de los trabajadores agrícolas no encuentren otra manera de expresar su angustia hasta llegar a la protesta pública, como forma de pedir auxilio. Y la autoridad es medrosa, temerosa, negligente, no asume la función que le hemos dado todos los ciudadanos, de garantizar un orden social justo.
El gobernador sólo alimenta la angustia
El propio gobernador ha dicho que es imposible el incremento porque las empresas no tienen la posibilidad económica…
¿Quien habla?, ¿el gobernador, o es el vocero de las empresas? Él es vocero de las empresas que escucha a la elite y no a los demás, ni se ha puesto a trabajar sobre una solución justa a los problemas. ¿Qué hace? Sólo alimenta la angustia de los jornaleros, quienes de antemano van a una reunión con una autoridad que está del lado de los demandados.
La circunstancia más grave es que las instituciones responsables de garantizar una relación justa en términos laborales, de garantizar seguridad, no hace su trabajo. En la revisión de todas las causas, San Quintín tiene condiciones de turbulencia e inestabilidad, peligrosas para todos, con una elite acaudalada, frívola, cuya ambición rebasa los límites de humanidad; un gobierno débil, comprometido con las elites sociales y no con el interés público, existe una crispación social en la clase trabajadora que recurre a la protesta pública como último recurso para pedir auxilio.
Además se tiene una red de sindicatos hechos al gusto de la parte patronal, con contratos colectivos afines y ocultos, cuyos cuadros directivos se limitan a cobrar cuotas a trabajadores y a empresas; una actividad económica paralizada, una convivencia social afectada, una gobernabilidad comprometida que anula la función de las instituciones, ya de por sí inexistentes. Son tres ordenes de gobierno pasmados, que no saben qué hacer, por sus conflictos de interés e incompetencias.
¿Ve escenarios de estallidos sociales?
Absolutamente. Reitero el papel del sector gubernamental, que lejos de alimentar una solución y producir espacios para la esperanza y una solución justa, producen escenarios de conflicto, de animadversión. La solución tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno en todos sus órdenes asuma su papel para poner en orden a las partes, fundamentalmente las demandadas. Mire nada más cómo vive una familia, que además viene de muy lejos, no tiene en dónde vivir, apenas tiene para comer, ¿cómo le va a hacer con 100 o 120 pesos diarios? Uno puede ver en la madrugada, en la oscuridad, una fila interminable de personas por la orilla de la carretera, caminar y caminar kilómetros para llegar a su trabajo, y llegan a hacer una o hasta dos horas para llegar a los ranchos, y volver por la noche a donde duermen, por un salario realmente deprimente.
Son familias conformadas por cinco o seis miembros, el papá, la mamá y sus hijos, con menores de edad que ya tienen que trabajar, ¡no puede ser! La ley cambió y subió un año la edad para permitir trabajar, pero una de las cosas que francamente parte el corazón es ver a las familias: el padre, la madre y tres o cuatro niños trabajar para conseguir el sustento.
Condiciones de trabajo criminales
¿Consideraría que hay bandas criminales que actúan como enganchadores de jornaleros?
Existe la necesidad importante de contar con un mecanismo para contratar trabajadores; los acusamos de criminales porque las condiciones de trabajo y de vida que se les da a las personas que se contratan, dicho de manera eufemística, son deplorables. Esto es algo va a existir y debe existir —no me refiero a la banda de criminales sino al proceso—, tiene que haber alguien que lo haga, y los más interesados en tener mano de obra para su actividad económica son las empresas. Son grupos de personas encargadas de buscar mano de obra y contratarla. Lo criminal son las condiciones que se les y, sin duda, las partes tienen responsabilidad; las empresas y la cadena de contratantes.
¿Cuál es la situación que viven los trabajadores jornaleros que están del otro lado de la frontera en comparación con San Quintín?
Para empezar, el salario, los trabajadores agrícolas en las zonas productivas de California, aquí mismo, cerca del Valle de Imperial, hablo de 15 dólares la hora, los jornaleros o trabajadores agrícolas llegan en vehículos propios; hay una alta mecanización, no hay condiciones de vida deplorables, tienen el ingreso que reciben por su trabajo, es incomparable.
Hay legisladores que buscan participar en la solución del problema.
El esfuerzo suelto de diputados federales, locales, del gobierno del estado, de la ausencia o semipresencia de delegaciones federales deja en igual circunstancias las cosas. No hay un liderazgo que dé un golpe sobre la mesa y siente a todos.
Tendría que ser en principio el gobernador con apoyo del gobierno federal. Éste debió haber asumido desde el primer día el liderazgo y convocar a las partes a sentarse a la mesa, siendo garante de respeto y de seguridad de que se van a dar soluciones, sería otra cosa.
Pero no lo hace, no lo hizo y no lo hará. Están sueltos todos los actores políticos, por eso vemos que va a venir una comisión de diputados federales, ¿y qué?, no tienen la autoridad suficiente para sentar a los empresarios y decir vamos a resolver esto con la representación de los trabajadores. El gobernador no lo ha hecho, ni ha podido hablar con el secretario de Gobernación, para que éste pueda alinear a todas las representaciones federales en el estado, para sentar a su propio gabinete, a los agroempresarios y a los trabajadores agrícolas. No hay orden y eso es lo peor que puede suceder, la falta de certeza, de quien puede finalmente llamar al orden y decidir que se resuelva la situación.