El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, tras las rejas desde hace más de un mes, fue acusado este miércoles por el Ministerio Público (MP) de conspirar contra el Gobierno venezolano al apoyar, presuntamente, a grupos que “pretendían desestabilizar el país” con acciones violentas.

“El fiscal 16 del Área Metropolitana de Caracas, José Luis Orta, acusó al burgomaestre por los delitos de conspiración y asociación, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, ha señalado un comunicado de la Fiscalía.

El fiscal solicitó la admisión de la acusación y enjuiciamiento a Ledezma, así como que se mantenga la medida privativa de libertad en su contra, luego de haber sido detenido el 19 de febrero, además de ser vinculado por la justicia con dos personas acusadas de conspiración para las protestas de septiembre pasado.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la causa contra Ledezma tiene relación con el caso de los jóvenes Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre pasado por hacer proselitismo en ese país y actualmente imputados por su presunta vinculación con “planes conspirativos”.

La esposa del alcalde preso, Mitzy Capriles, viajó este martes a Panamá para participar en actividades organizadas en el marco de la VII Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de este mes.

Mitzy Capriles y Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso desde hace un año, participarán en el “Foro de sociedad civil y actores sociales”, así como en otras actividades.

Venezuela acudirá devastada

El presidente Nicolás Maduro asistirá por primera vez como Jefe de Estado venezolano a esa Cumbre de las Américas, mientras se concreta el análisis internacional sobre la crisis socioeconómica y política por la que atraviesa Venezuela.

El Gobierno chavista se resiste a permitirlo, pero acude en desventaja al encuentro, también por primera vez, con poco más a favor que su dura posición antinorteamericana y las casi 10 millones de firmas que dice haber recopilado en la campaña contra las sanciones que Washington aplicó en marzo a siete funcionarios venezolanos.

21 ex presidentes iberoamericanos anunciaron que difundirán este jueves en la capital panameña un comunicado conjunto para denunciar “la alteración democrática” de Venezuela, en lo que han conformado la llamada Declaración de Panamá.

El grupo de ex mandatarios -entre ellos los colombianos Andrés Pastrana, Belisario Betancur y Álvaro Uribe, los costarricenses Laura Chinchilla, Rafael Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Alberto Monge, el español José María Aznar y el chileno Sebastián Piñera- pedirán a los jefes de Estado de las 35 naciones reunidas en la Cumbre que se interesen por buscar una solución a la crisis venezolana “que respete los principios constitucionales y las normas internacionales”.

Los líderes latinoamericanos también abogarán por la liberación de los presos políticos y la restitución de la autonomía de los poderes, frente a las elecciones parlamentarias que, aunque deben celebrarse este año, aún no tienen fecha.

Preocupa reunión de Gobiernos del Caribe

Otra preocupación para Caracas es la reunión del miércoles del presidente Barack Obama con los representantes de los Gobiernos del Caribe; desde hace 15 años, las naciones antillanas, sobre todo las del arco de islas anglo y franco parlantes del Caribe Oriental, son un apoyo político para el régimen bolivariano en foros internacionales.

Más que por afinidad ideológica, estas naciones se alinearon con el chavismo a cambio del subsidio dado en la factura petrolera a través de organismos como Petrocaribe, pero Caracas atraviesa problemas económicos y Washington se apresura a ofrecer alternativas energéticas a sus pares del Caribe.

Representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas viajarán también a Panamá el jueves para dar a conocer la situación de los derechos humanos en el país; para el Gobierno de Maduro, que ha puesto en marcha desde hace varios días a través de sus medios una campaña de desprestigio contra los activistas, se refiere a ellos como la “Comitiva de la CIA” en la Cumbre.

Además, 28 organizaciones de derechos humanos de todo el continente (entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y la Comisión Internacional de Juristas) emitieron este martes un pronunciamiento en el que exigen a Venezuela que cese “el hostigamiento contra defensoras y defensores de los derechos humanos”.

También han pedido a los Gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas “exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a represalias”.

Sin embargo, no queda claro qué tan sensibles serán los mandatarios reunidos en Panamá a la presión de estos movimientos, pero otro aliado de Caracas sí ha dado una señal de cambio en la comunidad internacional: el Gobierno de Uruguay, ante las posiciones del chavismo desde que el Frente Amplio está en el poder; su vicepresidente, Rodolfo Nin, calificó de “enormemente preocupante” la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Información de El País, España y ABC, España