POR LOS CAMINOS DEL SUR
La acción contra los comicios ya está en marcha
Manuel Nava
Acapulco, Gro.- En el caso de Guerrero, gobernabilidad es el nombre del juego y es lo que está a punto de perderse por enésima ocasión. Ni siquiera el ratificar a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino lo permite. Todos los escenarios revelan que el factor de poder en la entidad continúa siendo Ángel Aguirre y será su mano la que defina el futuro inmediato de este territorio del sur.
La declinación de Ángel Aguirre para reinstalarse como gobernador de Guerrero no abona a la gobernabilidad, en cambio acerca más a Rogelio Ortega a la puerta de bajada de la administración estatal. Su confrontación verbal con el Congreso del Estado y las descalificaciones que vertió hacia quien reconocía como su líder político le restan solvencia moral, o como dice el refrán sierreño, “es pato muerto”.
El ascenso de Sofío Ramírez como gobernador o con el poder tras el trono es la constante en todos los escenarios posibles.
A lo largo de abril, la agenda política en Guerrero tuvo como punto central la gobernabilidad del estado, sea por la ratificación del gobernador interino o por establecer un segundo interinato pero no es tan fácil como parece.
Al momento de cerrar esta edición, existía la posibilidad de ratificar a Rogelio Ortega, presumiblemente a cambio de designar a Sofio Ramírez como secretario de gobierno, en cuyo caso, pesaría la descalificación sarcástica que hizo del mandatario: “Se nos descompuso el maestro Ortega Martínez porque no bajaba a AAR a su gran jefe y de manera pública en medios nacionales lo acusa de su regreso… El humilde académico antes viajaba en taxi y ahora no se quiere bajar del helicóptero”.
El segundo escenario fue planteado por el propio Ramírez Hernández:
solicitó licencia al Senado para participar en el análisis del debate para definir quién será el gobernador sustituto. “Si Ortega Martínez está interesado en ser gobernador sustituto, lo convoco a que se separe del cargo.”
En este caso se estaría conformando una terna en la que estarían Florentino Cruz Ramírez, actual miembro de Movimiento Ciudadano; Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso del Estado y nuevamente se marginaría a Javier Saldaña, actual rector de la UAG, para incluir a Ramírez Hernández.
Juega con dados cargados
Dada la protección que ejerce Aguirre Rivero sobre el senador, estaría jugando con los dados cargados.
La problemática de seguridad pública se hace presente en la posible discusión. En el caso de Bernardo Ortega tanto su padre como su hermano han sido señalados como cabezas del grupo delictivo Los Ardillos.
En 2012 Celso Ortega Muñoz (a quien se le conoció con el mote de la Ardilla), padre del actual presidente del Congreso del Estado, fue detenido por agentes federales bajo la acusación de delincuencia organizada, salió libre por falta de pruebas y meses después fue asesinado a balazos.
En mantas encontradas en Chilapa, presuntamente firmadas por el grupo de los Rojos, se acusó a Antonio Ortega de encabezar a Los Ardillos.
El distrito que representa Bernardo Ortega en el Congreso incluye los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan (Apango). El actual diputado local fue primer edil de Quechultenango en el periodo 2002-2005 por el PRD. Dentro del partido pertenece a la corriente de Nueva Izquierda.
Sobre Sofío Ramírez también pesan sospechas de su vinculación con la delincuencia organizada.
En 2009 José Santiago Agustín, alcalde de Zapotitlán Tablas, y familiares de Alfonso Cruz Rivera, edil suplente asesinado el 19 de abril de ese año, responsabilizaron de ello a Sofío Ramírez Hernández, entonces candidato del PRI a diputado federal por el distrito 5. Un año después también fue asesinado José Santiago Agustín.
Ambos asesinatos —cuya autoría material se atribuyó a sicarios del narcotráfico— tuvieron lugar en el principal municipio de cultivo de amapola en el país.
En julio de 2009, dos días antes de la elección de diputados federales, el perredista Javier Valente Blanco distribuyó un volante en el que acusó a Sofío Ramírez, entonces candidato del PRI a diputado federal, de estar vinculado con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
En septiembre de 2011, Moisés Villanueva de la Luz, diputado federal, fue secuestrado y asesinado. Los alcaldes del PRI exigieron que se investigara por su presunta coparticipación en este crimen a Sofío Ramírez, quien entonces fungía como secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Ángel Aguirre.
El 16 de octubre de 2014 fueron colocadas mantas en Chilpancingo (al parecer por el grupo criminal Los Rojos) en las que el senador es acusado de estar vinculado con el narcotráfico (Guerreros Unidos) y estar implicado en los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014.
La inestabilidad de Aguirre, otro escenario
A lo largo de su trayectoria, Aguirre Rivero se jactó de ser respetuoso de los tiempos y los protocolos como lo marcan ciertas formas de hacer política. Pero hace años que las perdió.
Primero, luego del estallido del conflicto tras la agresión, desaparición y asesinato de los 43 normalistas, se resistió hasta el final para solicitar licencia para separarse del cargo.
Fue necesario que se usaran presiones en otros niveles incluyendo el retiro del apoyo por parte de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Después, ante la cercanía del proceso electoral y la selección de candidatos empezó a dejarse ver en Guerrero e intentó presionar para meter a sus allegados en puestos de elección popular, en medios locales aparecieron fotos reunido con dirigentes partidistas y aspirantes a candidaturas.
La detención de sus familiares y allegados, entre ellos su hermano Carlos Mateo por el delito de peculado, junto con un sobrino, detuvo su activismo pero no su actuar tras bambalinas.
El fin de semana se deslizó un rumor que fue apuntalado por medios locales: Aguirre regresará, lo hará por unas cuantas horas para nombrar a Sofío Ramírez como secretario de gobierno y volverá a solicitar licencia. La versión se le atribuyó a fuentes cercanas al mandatario y su grupo.
Si bien se trataba de algo legalmente posible, su inviabilidad era más que obvia. Si bien de manera tácita Aguirre Rivero dejó ver que volvería a solicitar licencia, aún es posible que se presente, haga nuevos nombramientos, entre ellos el de Sofío Ramírez y posteriormente se retire dejándolo como encargado de gobierno.
Todos los escenarios están compuestos por actos en los que no cabe la ignorancia ni la ingenuidad, fue un claro amago del grupo de poder aguirrista que contó con varias complicidades y consideró que la debilidad institucional que vive la entidad daría las condiciones para que eso fuera posible, la convulsión del estado se enderezaría contra la federación mientras que el grupo de poder local podría presentarse como promotor del reestablecimiento del orden y la paz que ellos mismos contribuyeron a romper.
La problemática que enfrenta Guerrero se mantiene compuesta por:
1.- El caso Iguala no está resuelto. Existen detenidos sin que se hayan precisado responsabilidades y sanciones.
2.- Se reactivarían las movilizaciones de los grupos que reclaman la presentación con vida de los normalistas.
3.- El Movimiento Popular Guerrerense, que reclama la localización de los estudiantes, tendría elementos adicionales para mantener el compromiso de boicotear las elecciones.
Aun cuando las voces que se pronuncian por la ratificación de Ortega se multiplicaron, considerando que ello contribuirá a que las elecciones se lleven a cabo sin mayores sobresaltos, no es suficiente como para garantizar la gobernabilidad en el estado.
El fuego no se extinguirá
Sea bajo el mando de Ortega Martínez, Ramírez Hernández o un tercero en discordia, se está más cerca de que las llamas se incrementen a que pueda extinguirse el fuego.
Para recordar, el 22 de marzo Ortega Martínez convocó a la Comisión Política de la CETEG, al Movimiento Popular Guerrerense, a todas y todos los líderes sociales, a las y los dirigentes de los partidos políticos, y a las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, a un diálogo público en foros y mesas temáticas, para trabajar de manera conjunta en la construcción de las rutas que conduzcan a la reconstrucción del tejido social, la búsqueda de la armonía, la paz democrática y la solución de las exigencias sociales. Pero fue desairado.
Después convocó a los contendientes en el proceso electoral a un pacto de civilidad con la misma respuesta. Y el 21 de abril se instaló una mesa de gobernabilidad a la que no acudieron ni dirigencias de los partidos políticos más fuertes ni representantes de las autoridades electorales.
En el caso del IEPC, Marisela Reyes Reyes, presidenta del organismo, le dijo al mandatario estatal que este organismo no participará en tal Mesa de Gobernabilidad hasta en tanto no cuente con las condiciones presupuestales necesarias que le posibiliten continuar con la organización del proceso electoral, mientras que Hilda Rosa Delgado Brito, titular del Tribunal Estatal Electoral, le contestó que no acudiría a su convocatoria porque desde que asumió la titularidad del Ejecutivo estatal ignoró los planteamientos y requerimientos que le hizo, los cuales llevaban el objetivo de establecer estrategias de trabajo para el desarrollo armónico del presente proceso electoral.
El 20 de abril, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la zona norte, advirtieron que el 7 de junio durante las elecciones en esta región “tampoco será un día de tranquilidad”, porque las van a boicotear en donde haya las condiciones.
De hecho ese mismo día en Cualac, representantes del Movimiento Popular Guerrerense impidieron la realización de un acto de campaña de Luis Walton Aburto, candidato de Movimiento Ciudadano.
El 22 de abril el comité promotor del Consejo Popular Municipal de Tixtla impidió un acto político del PRI. Es decir, la acción contra los comicios ya está en marcha.
Los escenarios descritos revelan la existencia de un juego perverso por parte de los principales actores políticos en Guerrero.
El poder público no es patrimonio personal o de grupo, eso lo saben bien y, a pesar de ello, están dispuestos a pasar por encima de toda lógica política para satisfacer sus necesidades grupales en una entidad que se mantiene en una convulsión continua.