El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “la justicia cotidiana, la del día a día, está fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos y dijo que es necesario revertir esta situación para renovar el pacto social y recuperar la confianza en la ley y las instituciones”, al recibir del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Informe y Propuestas que encargó a la institución con el propósito primordial de agilizar la justicia cotidiana en materia civil, laboral, mercantil y administrativa, que en conjunto representan más del 87% de las disputas legales que se desahogan en el país.
El documento que se entregó con una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología, de acuerdo con información de varios diarios del país, forma parte de las propuestas que presentó el Ejecutivo federal en Palacio Nacional, con el objetivo de resolver el problema de la desaparición forzada en México.
Según el diario la Jornada, el informe indica que entre 99 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del estado de derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios sólo avanzan si hay sobornos; asimismo, los procesos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo; además, existen dudas de que sirvan para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Acompañado por el director del CIDE, Sergio López Ayllón; Ana Laura Magaloni, profesora e investigadora de ese centro, y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, apuntó el mandatario que el gobierno de la República analizará con profundidad el informe y las propuestas que entregó el CIDE. Además de comprometerse a convocar a los “Diálogos por la justicia” a fin de analizar y buscar soluciones a distintos desafíos que actualmente enfrenta el marco jurídico.
En cuanto el informe y propuestas que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), en conjunto con 17 instituciones académicas del país, tuvo como antecedente siete foros temáticos y ocho más con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, así como un foro virtual permanente. También se recibieron propuestas a través de aplicaciones para dispositivos móviles.
El resultado es un documento con 217 recomendaciones en materia de justicia cotidiana y un plan con 20 acciones que se pueden realizar de manera inmediata. Se dividen en tres grupos. En uno de los temas prioritarios, el documento plantea que el Ejecutivo federal convoque a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia; crear centros de asistencia jurídica temprana para apoyar a quienes enfrentan un conflicto; revisar los programas de formación de los abogados y la regulación de su ejercicio.
