Elecciones laterales en Guerrero
Manuel Nava
La estrategia de establecer autoridades paralelas que desarrolla la alianza CETEG-padres de los 43 normalistas desaparecidos parece haber colocado a las autoridades electorales en un brete que genera un amplio margen para que los grupos inconformes se conviertan en rectores de una elección que ellos llaman popular.
Los hechos de violencia registrados el 28 de marzo en las inmediaciones de Chilpancingo refuerzan la postura de estos grupos: “la saña de las autoridades contra los normalistas, con el fin de imponer las elecciones del 7 de julio mediante el miedo y el terror a las personas que exigen la suspensión de los comicios”.
El pasado 27 de marzo una comisión de padres de los normalistas y de los centenares de manifestantes ingresó en el INE para entregar una carta a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en la cual expresaron los motivos por los que consideran que no debe haber comicios el 7 de junio, cuando se votarán autoridades regionales y locales en Guerrero.
No obstante la explicación de Córdova, en voz de Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, se reiteró la posición: “En Guerrero no habrá elecciones, porque votar a la clase política significa votar a favor de narcopolíticos. Llevar a cabo las elecciones es la muerte y por ello pedimos que se limpie la clase política, porque si no, continuarán ocurriendo hechos parecidos al del 26 de septiembre”.
Se trata de un escenario largamente trabajado por parte de grupos antisistémicos y ultrarradicales que hablan de construir el poder popular o de regresar el poder a los pueblos y comunidades que son la fuente de poder originaria.
De esta manera se han generado movilizaciones violentas y radicales como las que vivieron en Oaxaca en 2006 con la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y en 2007 en Guerrero con la Asamblea de Pueblos de Guerrero que después se transformó en Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) luego en Movimiento Popular de Guerrero (MPG) y actualmente en Asamblea Nacional Popular.
El sistema electoral de México cuenta con tres formas distintas de votación: la directa, cuando el ciudadano sufraga por el candidato de su preferencia, denominado “de mayoría relativa”; la indirecta, cuando se vota por las listas de un partido para elegir a diputados de “representación proporcional”, y la de usos y costumbres, que es exclusiva de las comunidades indígenas del país.
Esta última se presenta también combinada en los estados de Tlaxcala, Oaxaca Chiapas y Guerrero.
En general, las comunidades que votan mediante usos y costumbres utilizan uno de estos tres métodos: “a mano alzada”, “pelotón” o “votaciones de pizarrón”.
La primera se lleva a cabo en asambleas donde los participantes levantan la mano para mostrar su preferencia por algún candidato.
En el segundo caso, cada aspirante a la presidencia municipal debe rodearse de varias personas y gana el que tenga el “pelotón” más grande.
Por último, las “votaciones de pizarra o pizarrón” se celebran en una asamblea donde cada participante agrega una marca en un pizarrón en el que se escriben los nombres de los candidatos.
Debe señalarse que también existe la construcción de un camino legal, por parte de estos grupos para construir el escenario de unas elecciones en manos diferentes a las de las autoridades electorales.
En abril de 2014 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) emitió una resolución para el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) en el sentido de realizar una consulta entre los habitantes de San Luis Acatlán para determinar si hay o no elección por usos y costumbres en la contienda constitucional de 2015.
Esto posterior al juicio que promovió la UPOEG, en el cual plantea que la elección por usos y costumbres en las zonas con población mayoritariamente indígena permitirá quitar a los grupos de poder enquistados en los partidos políticos el monopolio de la participación política.
En su argumentación legal, la UPOEG invoca el art. 2 de nuestra Constitución mexicana, el cual expresa que “…son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; reconocimiento que se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, en las cuales se establecerán las características que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para su reconocimiento, el establecimiento de las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades como entidades de interés público.”
La ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en su introducción comenta:
“La finalidad del derecho de autodeterminación es permitir a los pueblos decidir por sí mismos sus destinos, de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población. La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los elementos más importantes de los vínculos entre la sociedad y los grupos indígenas, es por ello que la presente Ley reconoce las formas de organización interna de cada uno de los pueblos indígenas, al dotarlos de personalidad jurídica.”
Tras el fallo del Trife (marzo 2013) a favor de la Elección por Usos y Costumbres, los pueblos y comunidades indígenas en sus demarcaciones municipales tienen la posibilidad de realizar sus elecciones por Sistemas Normativos Comunitarios o Usos y Costumbres, para elegir a sus munícipes (presidente/a municipal, síndico/a y regidores/as; y a sus diputados o diputadas).
El problema no sólo es que el sistema de usos y costumbres se use en las zonas indígenas del estado, lo cual está dado de cajón, sino que el planteamiento original es utilizar este sistema para el conjunto de autoridades a selecciones en los comicios de 2015 en Guerrero e incluso a nivel nacional.
Esta propuesta salió en principio de la CETEG y posteriormente se aprobó como uno de los puntos de la agenda de lucha en la X Asamblea Nacional Popular efectuada en Ayotzinapa.
Aun cuando se generó un ambiente de consenso a favor de la realización de las elecciones entre los principales actores políticos, la postura de rechazo a los comicios por parte del grupo disidente toma fuerza.
Nuevamente fue la voz de Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos quien rechazó el ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, en el sentido de que les permitiría nombrar al fiscal general y al secretario de Educación, en caso de que su partido ganara los comicios en Guerrero.
“Para nosotros eso no es novedoso, no vamos a creer en las palabras de ningún político. Si Andrés Manuel López Obrador defiende las elecciones, es porque él cree que ésa es la vía para resolver los problemas, pero nosotros tenemos situaciones muy serias y seguimos en la lucha. Esa declaración ni nos va, ni nos viene; no vamos a caer en el juego de ningún político”, respondió el vocero.
Por si fuera poco, se generan otros hechos que abonan a favor de la causa de los disidentes. El sábado 28 de marzo, aproximadamente a las 12 del día de este sábado 28 de marzo, se registró un nuevo incidente de violencia en la capital del estado.
Un grupo de estudiantes ingresó en un autobús al sitio conocido como Tierras Prietas. Al frenarles el paso por la carretera Plan de Libres-Zumpango, donde los elementos de seguridad supuestamente pretendían quitarles los camiones donde se transportaban, los jóvenes descendieron del vehículo y comenzaron a lanzar piedras y objetos a los policías.
Las autoridades informaron que los estudiantes normalistas incendiaron dos vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tixtla al pasar por las instalaciones de esa comandancia. David Martínez Valadez, funcionario municipal, afirmó que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa “pasaron y tiraron bombas molotov, quemaron el inmueble, y nuestros policías se resguardaron porque esa indicación tienen de no responder ninguna agresión, eso no se vale”.
Felipe de la Cruz, quien acompaña a un grupo de padres de familia en una gira por Estados Unidos, señaló que hay cientos de policías listos para la represión, mientras a los narcotraficantes, como Servando Gómez, la Tuta, o Felipe Rodríguez, Cepillo o El Terco, que presuntamente ordenó la matanza de los normalistas desaparecidos, ni siquiera les colocaron esposas cuando los presentaron a la prensa.
En redes sociales circularon mensajes a nombre de los padres de los 43 con texto como “ni una agresión más a los normalistas de Ayotzinapa, únete compañero estudiante. Defendamos la educación. No a las elecciones. Unidos podemos cambiar la situación del país no esperes que te pase a ti”. Una vez más el clima electoral en Guerrero se tensiona y la violencia vuelve a asomar su rostro.