Sistema Nacional Anticorrupción
Dicen que el poder corrompe, pero hay que ver siempre
quién es el que llega al poder, a tener poder.
Quizá no es que lo corrompió el poder.
Sino que siempre estuvo corrompido.
Luca Prodan
Carlos Alberto Pérez Cuevas
El Senado de la República aprobó, por fin, el Sistema Nacional Anticorrupción, sólo que en opinión de expertos es una reforma muy limitada y acotada.
Del análisis de lo aprobado desprendemos que esta ley no reúne los requisitos necesarios para combatir los actos de corrupción en las diversas entidades de los poderes y de los gobiernos en todos sus órdenes; de tal manera que los abusos, excesos de poder y desvíos de recursos públicos cometidos por ellos serán muy difíciles de erradicar y sancionar de manera clara, precisa y contundente.
Fueron los legisladores del PRI y Verde los que no se opusieron y lograron evitar que el artículo 108 de la Constitución fuera modificado y con ello mantienen la inmunidad y en casos probados de corrupción la impunidad al titular del Ejecutivo, quien no podrá ser procesado por estas conductas.
No se logró eliminar el fuero de funcionarios de alto nivel como gobernadores, alcaldes y legisladores, quienes en caso de ser responsables de una conducta imputada tendrán, como ahora ha venido sucediendo, que ser sometidos a juicio de desafuero.
En el mismo sentido, dejaron de incorporar la obligación de publicidad de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos, totalmente contrario al esfuerzo que han venido haciendo algunos organismos sociales y empresariales con la iniciativa llamada 3×3 que pide de manera voluntaria manifestar bienes, declaraciones fiscales y conflicto de intereses; si la ley lo hubiera contemplado como una obligación sin duda se hubiera dado un gran avance en transparencia y combate a la corrupción que, según datos de expertos, dejó pérdidas al país por más de 86 mil millones de dólares en la ultima década.
Esta reforma parece que fue hecha para “taparle el ojo al macho” porque los legisladores no se atrevieron a ir al fondo con todas sus consecuencias, dejaron en el tintero los topes y controles al gasto en promoción de imagen y difusión en medios; el Poder Judicial, que es el más opaco de los espacios públicos de poder, junto con la Cámara de Diputados no tienen mecanismos claros y certeros para sancionar la corrupción que cometen sus miembros.
No se ve por ningún lado en la ley que contemple la participación de los ciudadanos en una especie de contraloría social, observatorios ciudadanos o censores sociales.
Es lamentable que nuevamente se deje ir una oportunidad tan clara de dotar a los mexicanos y nuestras instituciones de herramientas que en verdad ayuden a combatir el flagelo de la corrupción que cada vez se extiende más y más en total impunidad; tal parece que legisladores y gobierno se dedicaron a construir esa máxima que decía “que todo cambie para que nada cambie”.
@perezcuevasmx
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