Dolorosa e inadmisible realidad

Raúl Jiménez Vázquez

Además de un mandato constitucional emanado de la histórica reforma a la Carta Magna del 11 de junio del 2011, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos representa una exigencia de capital importancia, pues, tal como se dispone en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la asamblea general de la OEA en el mes de septiembre de 2001, es un ingrediente sine que non de la legitimidad política y la gobernabilidad democrática.

Todos los derechos humanos son importantes, empero, el derecho humano a la verdad brilla con luz propia. Su relevancia se colige de la lectura de la parte conducente de los Principios de la ONU para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes”.

Sin el goce efectivo de esta prerrogativa fundamental no son concebibles el derecho humano a la justicia, el derecho humano a las reparaciones integrales, el derecho humano a la no repetición de los ataques al valor supremo de la dignidad y el derecho humano a la preservación de la memoria histórica.

Hay muchas formas de conculcar este derecho primigenio. Todas ellas tienen en común el espurio afán de engendrar un falso concepto de la realidad, bien sea alterando archivos gubernamentales, sembrando documentos ad hoc o difundiendo versiones mentirosas con el fin de confundir o manipular a la opinión pública. En el libro País de mentiras, de la investigadora de la UNAM Sara Sefchovich, se describen con lujo de detalle 33 de los mecanismos adulteradores más conocidos.

Dos de ellos —la apuesta al olvido y la negación sistemática— son exactamente aplicables a la estrategia mediática adoptada por el gobierno federal en torno a la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. Dentro de la narrativa oficial tal atrocidad nunca sucedió y por tanto las autoridades nada tienen que hacer a ese respecto.

Sin embargo, en el mundo real las cosas no son así. Baste decir que durante el desarrollo del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos México-Unión Europea, celebrado hace unos días en las oficinas de la Cancillería, el representante especial sobre derechos humanos de la Unión Europea solicitó informes precisos sobre los avances en la investigación de este caso y de la ejecución sumaria de civiles a manos de militares en la población mexiquense de Tlatlaya.

Pretender que esta dolorosa e inadmisible realidad puede ser desvanecida mediante el mero recurso de negarla, es una grave afrenta al derecho humano a la verdad, pero, más aún, se trata de una de las modalidades de la estupidez institucional, patología política acotada y difundida por el prominente intelectual estadounidense Noam Chomsky.