El papelazo de negar lo obvio

 

 

Humberto Musacchio

Vino a México Juan Méndez, relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y su conclusión fue que en este país la tortura es una práctica generalizada que incluye a hombres, mujeres, niños y ancianos. Como es obvio, don Juan no descubría el hilo negro, ese hilo con el que parece estar zurcida la actuación de policías, agentes del ministerio público y jueces de varias instancias.

Cosas como ésas las sabemos bien los mexicanos, pues todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de escuela o de trabajo que tuvo la desgracia de caer en manos de policías que inventan culpables mediante el horrendo expediente de la tortura. Bueno, las sabemos bien, pero las autoridades federales dicen que no hay tal, que aquí se respetan los derechos humanos.

El papelazo de negar lo obvio le tocó hacerlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y personalmente al canciller, persona que en otros casos ha dado muestras de ser un hombre decente y funcionario capaz. Esta vez, sin embargo, le tocó hacer el ridículo, y no es creíble que haya actuado motu proprio, sino siguiendo instrucciones de su jefe, que se empeña en ir de uno a otro despropósito.

Fue tan grande el ridículo de la cancillería que en algún momento hubo que moderar su rotunda negativa y acabó por aceptar que “la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas”, aunque quiso curarse en salud agregando que “no ha sido del todo erradicada”, lo que pretende hacernos creer se practica sólo por excepción y no de manera generalizada, como ocurre en realidad.

Se tortura, pero nomás tantito, como no queriendo, dice la cancillería, que para salir de su engaño debería enviar observadores al México concreto, así conocerían el trabajo de los uniformados, que sin razón pueden detenerlos, golpearlos y retorcerles todos los huesos para despojarlos de dinero y todo objeto de valor.

También pueden acompañar, con la debida reserva sobre su identidad, a los policías que dizque investigan para que vean lo que le ocurre a un detenido o detenida sometido a métodos tan científicos como el pocito (meter la cabeza del torturado en un excusado rebosante de excremento), los tehuacanazos (método consistente en agitar un refresco o agua mineral y echar el líquido a presión en la nariz), los toques eléctricos en los genitales, los párpados, las orejas o las tetillas; la violación tumultuaria de las mujeres e incluso de los hombres frecuentemente en presencia de su pareja; la introducción de ratas en la vagina y de palos en el ano; la tortura de los hijos, incluso bebés, en presencia de las madres o los padres…

En fin, que la ciencia del tormento es amplia y tiene una larga historia enriquecida por los Torquemadas mexicanos, quienes en muchos casos cuentan con cursos de actualización en corporaciones de Estados Unidos, sobre todo cuando hay persecución política.

Solamente “entre enero de 2012 y diciembre de 2014, de acuerdo con los registros contenidos en informes anuales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, la Procuraduría General de la República y el Ejército han litigado al menos mil 254 juicios contra personas que exigen reparación del daño, pues “fueron detenidas mediante prácticas policiacas o militares prohibidas en México”, lo que incluyó violación de derechos humanos o tortura física o sicológica” (La Jornada, 6/IV/2015). Y se trata sólo de casos denunciados, porque la mayoría de las víctimas prefiere callar para no arriesgarse a pasar por el mismo procedimiento. Pero la cancillería no se entera.