Entrevista a Issa Luna Pla/Investigadora del IIJ-UNAM

 

Nora Rodríguez Aceves

México avanza en el camino hacia la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad, pero son temas en los que nunca se tendrá ciudadanos satisfechos sobre la administración y sobre cómo se está llevando ésta, ni tampoco se tendrá suficientes normas y suficientes reformas jurídicas en la materia, mas “lo importante es avanzar y continuar avanzando, acercarnos hacia lo que idealmente se quiere lograr, que es tener gobierno más honestos”.

Aun cuando, académicos, organizaciones sociales y actores políticos reconocen los avances en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la reforma constitucional para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobadas en el Congreso de la Unión, critican los nulos avances y aseguran que estas reformas se quedaron cortas, son incompletas y no “son las ideales”, pues no tocan al titular del Poder Ejecutivo, con lo cual se demuestra que sí hay intocables, lo contrario de lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado en su discurso de que “no hay intereses intocables”, y de que el “único interés que se encargará de proteger será el interés nacional”.

Siendo la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad uno de los principales ejes de la actual administración, desde que Peña Nieto fue electo como presidente, ha venido haciendo una serie de propuestas y enviado al Congreso iniciativas en torno a estas materias, los senadores del Grupo Parlamentario del PRD coincidieron en que “el combate a la corrupción y la impunidad requiere más que buenas leyes, verdaderos contrapesos democráticos y cambios culturales y educativos”.

Proceso legislativo apresurado

Al expresar su voto en lo general del dictamen que contiene reformas en materia de combate a la corrupción, los legisladores reconocieron los avances que plantea la minuta, pero advirtieron que mantiene privilegios para el Poder Ejecutivo.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue el resultado de un proceso legislativo apresurado, sin discusión de fondo, que dejó de lado la figura más importante del sistema político: al Presidente de la República, como si fuera una figura intocable y no el primer servidor público, señaló la perredista Dolores Padierna.

Si bien es cierto que el senador Mario Delgado celebró la creación del SNA cuyo propósito será la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y fortalecerá las tareas de prevención, protección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, también advirtió que la realidad y la lucha contra la corrupción requieren medidas radicales; “si el Presidente de la República no puede ser juzgado por corrupción, nada va a cambiar”.

De igual forma se pronunció Alejandro Encinas, quien hizo hincapié en que la minuta olvido un asunto de suma importancia: el punto relativo al fuero del titular del Ejecutivo.

“Es sistema de excepción, en donde el presidente de la república está exento de la aplicación de esta ley, lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad”, expresó Encinas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril la bancada del PRD, en voz del senador Armando Ríos Piter, propuso cambios a los artículos 61, 108, 111 y 112 de la Constitución para eliminar el fuero al presidente de la república por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Además, un sistema en el que, “de existir un hecho delictivo en el que incurra el presidente de la república, pueda ser sometido a proceso penal ante un juez competente. En caso de que el juzgador penal dicte sentencia condenatoria, pedirá al Congreso de la Unión que destituya a este alto funcionario”.

Para ello, especifica el legislador, la Cámara de Diputados será Cámara de origen y la de Senadores la cámara revisora de este proceso judicial.

Sin embargo, dado que esta propuesta quedó fuera del dictamen para crear el SNA aprobado por el Pleno del Senado, los perredistas han reiterado que mantendrán su posición para eliminar el régimen de excepción al Ejecutivo federal.

Tema complicado

En entrevista con Siempre!, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Issa Luna Pla expresa que esta propuesta del PRD es muy importante porque “las sanciones de traición a la patria que es la única manera en la cual se puede juzgar a un presidente son realmente decimonónicas ya no hay manera de justificarlas en este tipo de regímenes. El fuero ha sido uno de esos escudos decimonónicos para que los presidentes gocen de privilegios, por lo menos hasta el término de su sexenio, es una medida muy importante, sin embargo tenemos que pensar también que la forma en la cual los procedimientos para retirar el fuero presidencial dentro de las cámaras legislativas en México no son procedimientos prácticos ni tampoco factibles son procedimientos muy sujetos a ser politizados. Por eso, no hemos tenido un ejemplo muy claro de ello en los últimos años, no conocemos un caso, a la gente si le preguntas, conoce usted algún caso en donde se le haya quitado el fuero a alguien, no sabrá mencionar ninguno porque es un procedimiento muy complicado y es muy fácil o relativamente fácil politizarlo y no llevarlo a un buen término, entonces sí es una buena medida siempre y cuando aclaremos y reformemos bien nuestra Constitución en el procedimiento para retirar ese fuero”.

Siendo la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la impunidad una prioridad en este sexenio, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el SNA tienen suficientes herramientas jurídicas para este fin, se le pregunta a la doctora en derecho de la información por la Universidad de Occidente en Sinaloa, a lo que responde que el SNA, “ha sido un tema que no se pudo aprobar dentro de las fuerzas políticas del Pacto por México y no se pudo aprobar evidentemente porque afecta a todos y no ganaba nadie y en el Pacto por México se trataba de repartirse pasteles y aquí, pues no había ningún pastel que repartirse más bien era meter monedas”.

“El tema era muy complicado, no tenía la mayoría ni la aprobación de las cámaras, ha sido una exigencia social en la que se han visto obligadas las cámaras y el Ejecutivo a aprobarlo en vista de su muy desestimada credibilidad y en vista de los escándalos actuales, es una medida que por supuesto que podrá utilizarse de manera demagógica para exhibir que hay una voluntad política o para exhibir que se está tratando de hacer algo en esa materia y la función que tenemos que lograr tanto periodistas como organizaciones de la sociedad civil como académicos como ciudadanos interesados en general en esta materias es supervisar que no se quede solamente en ese discurso demagógico sino que tenga una verdadera y real incidencia en el poder económico y político de estos actores de élite”.

     Lo que se tendrá ahora, a raíz de lo que se aprobó, será un mundo de información.

En cuanto a lo que tiene que ver con la ley de transparencia, la crítica de Luna Pla va más hacia las bondades que tiene y no de lo que se quedó pendiente en el tintero o las lagunas posibles que pudiera tener al momento de su aplicación, “porque para una ley general esto es muy amplio, aunque se pudo hacer también un ejercicio de reflexión para entender que todos los sujetos obligados a la transparencia tienen necesidades de divulgar información, de publicar información diferente o distinta, no podemos decir que el Banco de México tiene las mismas necesidades y los mismos criterios de información que tiene la CNDH o los que tiene el Poder Legislativo, así que en mi opinión lo más importante era que sin tener que abarcar un catálogo de las obligaciones de información tan específico como lo presenta la ley general lo más útil hubiera sido permitir que cada una de estas instituciones determinará su propio esquema de publicidad e información y el IFAI como órgano supervisor, con las facultades que tiene, lo aprobara o lo completara, es decir, aquellos que se hayan visto muy parcos o muy limitados en su esquema de información a la mejor el IFAI a través de sus poderes de órgano autónomo podría haberlos obligado a que abrieran un poco más de información a partir de que exista una necesidad de esa información”.

“Lo que se tendrá ahora, a raíz de lo que se aprobó, será un mundo de información que es muchísima información que no estará necesariamente bien organizada o que costará mucho trabajo organizar tanto por parte de los sujetos obligados como del IFAI y en consecuencia será muy difícil que los ciudadanos la utilicen y la encuentren”.

Por ejemplo, la información relacionada con Peña Nieto, quien se ha visto envuelto en una serie de escándalos que tienen que ver con la transparencia y el conflicto de intereses, “bueno ahí por supuesto que son los medios de comunicación los que están haciendo una demanda real y constante de información hacia ese sujeto y claramente tendría que existir una política de presidencia para abrir más información, ya se sabe que es lo que se está pidiendo por ejemplo, los gastos, los viáticos de los viajes, cada vez que se hace un viaje la prensa aprovecha la oportunidad para pedir esa información y cuánto se gastaron en la vestimenta y cuánto se gastaron en el viaje y quiénes iban en el avión, qué comieron en el avión, en fin, esa información que ahora provoca escándalo podría dejar de generarlo ya si se están haciendo bien las cosas por supuesto, si se está administrando bien ese dinero, simplemente con una política de información, por eso se tiene que empezar a pensar en que la transparencia también tiene que ayudarnos a mitigar o aclarar o esclarecer este tipo de escándalos y no solamente a perpetrarlos con secrecía”.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece que se podrá tener derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la federación.

Lo que para la experta en derecho de acceso a la información, derechos humanos, libertades informativas y protección de datos personales significa que la ley pone los mismos estándares de administración, de gestión y de transparencia en uno y en otros, ya que “el hecho de que la Constitución ya en una reforma exigiera que pudiéramos tener finalmente esta homologación en donde todos los sujetos obligados que reciban recursos públicos ya sea exclusivamente o en un esquema mixto como son los partidos políticos y los sindicatos que tienen que administrar recursos privados y recursos públicos, por ejemplo el tema de los partidos políticos y los sindicatos en particular”.

Desde que se ha promovido estas leyes en el año 2002 ha generado una discusión muy amplia porque no se pudieron incluir como sujetos directamente obligados de la ley por motivos políticos, sin embargo esta nueva Ley General de Transparencia lo que hace es incluirlos de la manera más adecuada, estableciendo obligaciones de transparencia muy amplias. “El impacto que tendrá esto en nuestra percepción de la corrupción, en la forma en la cual estamos percibiendo estos conflictos en los sindicatos y los partidos que son constantemente sujetos de escándalos de corrupción, será primero que nada de tipo organizacional, pues tendrá que hacer una reorganización tanto de su estructura como de la forma en la cual está resguardando la información, sus archivos tendrán que cambiar, la forma en la cual los trabajadores de cada una de estas instituciones archiva información tendrá que cambiar, la forma en la cual se determina si se abre cierta información o no se abre a la ciudadanía tendrá que cambiar y eso implica que primero tendrá que limpiar la casa, ordenar la casa, para después poder abrir la puerta a la ciudanía y que se pueda ver una casa más o menos ordenada”.

Estas leyes de transparencia y en particular con estos nuevos sujetos obligados impactarán también en la vida interna y las decisiones democráticas o no democráticas que se toman en los partidos políticos y en los sindicatos esto es, “conocerán todos los ciudadanos y se ventilará la manera en la que se eligen los dirigentes en la que se toma nota por ejemplo caso de los sindicatos, en la forma en la cual se trata a sus propios militantes, en la forma en la cual se les entregan privilegios a ellos y eso implicará que tendrán que ser estructuras mucho más democráticas que tendrán que pensar en establecer contrapesos porque lo primero que se verá es que no existen esos contrapesos y esas estructuras democráticas. Estas leyes de transparencia si en algo pueden ayudar, es justamente en construir o en evidenciar la necesidad de una construcción de estas estructuras internas que cambien la vida democrática de estas instituciones”.