Un buen paso para restablecer la confianza

Julio A. Millán Bojalil

Recientemente el Senado aprobó el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que marca el inicio del Sistema Nacional de Transparencia. La ley establece la obligatoriedad para que autoridades de los tres órdenes de gobierno transparenten sus actividades y faciliten con ello la evaluación de su desempeño. Son cerca de 50 obligaciones en materia de rendición de cuentas para todos los sujetos a la legislación, donde, además, se obliga a los tres Poderes de la Unión, partidos políticos y sindicatos a transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos y actos que ejerzan.

El frágil sistema de rendición de cuentas en México, donde la información es opaca en el mejor de los casos, y nula en la mayoría, es uno de los elementos que ha propiciado el florecimiento de la cultura de la corrupción e impunidad en los tres poderes y niveles de gobierno. Ejemplos de enriquecimiento ilícito y manejo inadecuado de recursos que desembocan en el aumento de las deudas locales, así como de escándalos de la clase política que merman la confianza de la ciudadanía en su gobierno, son los resultados de este sistema donde se ejercen recursos públicos pero no se rinden cuentas. Por ello, empezar por hacer más transparentes las instituciones públicas es un buen paso para restablecer la confianza en las instituciones.

Será importante diseñar mecanismos que ayuden a evaluar y difundir la información sujeta al escrutinio público, así como dar garantías para la protección de datos personales. Conformar y consolidar el Sistema Nacional de Transparencia como mecanismo facultado para llevar a cabo estas tareas, es un avance importante y obligatorio para hacer efectiva la rendición de cuentas y contribuir en el combate a la corrupción. La corrupción es el principal obstáculo para hacer negocios en México, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial, por lo que medidas como la creación del Sistema Nacional de Transparencia redundaría en un mejor ambiente de negocios.

Una de las tareas más importantes del sistema debe ser centrarse en hacer efectiva la rendición de cuentas para los funcionarios públicos de todos niveles y poner esta información disponible al alcance de la ciudadanía. No obstante, aún se discute en el Congreso la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses.

Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas es una tarea que nos conviene a todos y el gobierno deberá predicar con ejemplo, primero llevando a buen puerto la aprobación de la Ley General de Transparencia y después en ser el primero en mostrar su desempeño.