Negación sistemática de la realidad
Raúl Jiménez Vázquez
En las audiencias temáticas celebradas hace unos días en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de las víctimas de la tragedia de Iguala y representantes de diversas organizaciones denunciaron que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en un contexto de impunidad absoluta, lo que ha convertido al país en un auténtico cementerio, y que esta práctica se ha mantenido invariable desde los tiempos de la guerra sucia. Asimismo exigieron que el expediente ministerial del caso Ayotzinapa sea cerrado hasta que se logre el pleno esclarecimiento de los hechos.
Este contundente señalamiento fue respondido por dos personeros del Estado mexicano: por un lado, el enviado de la cancillería rechazó que las desapariciones forzadas sean una constante e hizo saber que las autoridades han dado muestras de voluntad política para buscar a todas las víctimas de este grave atropello a la libertad y a la dignidad humana; por el otro, respecto al doloroso tema de los jóvenes normalistas, una funcionaria de la PGR aseveró que las acciones emprendidas por el gobierno constituyen el mayor esfuerzo que se ha hecho en la historia reciente y que la investigación ha sido exhaustiva, profunda y detallada.
Por cuanto hace a lo primero, es preciso subrayar que desde la recomendación 26/2001 de la CNDH quedó en claro que la guerra sucia acarreó, entre otros espeluznantes saldos, la desaparición de por lo menos quinientas personas a manos de la tenebrosa Brigada Blanca, cuyo paradero aún no ha sido establecido debido a la manifiesta falta de compromiso con la verdad y la justicia que ha caracterizado a las distintas administraciones.
Esta misma irregularidad es el núcleo basal de la ausencia de resultados efectivos en relación a las desapariciones acaecidas con posterioridad a la década de los setentas. Así pues, hoy por hoy, el gobierno carga sobre sus hombros la responsabilidad de dar cuenta y razón de más de veintiséis mil desaparecidos y esto explica el por qué el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas emitió el severo e inédito reproche difundido hace unas semanas.
La aclaración hecha en torno al barbárico acto ejecutado en contra de los estudiantes de Ayotzinapa resulta ridícula e inadmisible a la luz de los pronunciamientos preliminares del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, quienes al advertir que se trata de un crimen de lesa humanidad regido por el derecho penal internacional, y no de un mero secuestro, y al anunciar su intención de entrevistarse con todos los miembros del batallón de Iguala, han puesto de relieve que la averiguación previa ostenta fallas garrafales.
Como se puede apreciar, la patología de la negación sistemática de la realidad, a la que dedicamos la entrega anterior, ya trascendió los confines del suelo patrio y ello es, sin duda, un motivo de oprobio y vergüenza nacional.