Los ciudadanos tendremos la obligación de de que se cumpla la ley aprobada.
Negoció y buscó consensos
José Luis Camacho Acevedo
Un ordenamiento inaplazable, tácito e ineludible, que estuviera a la altura de la problemática que México tiene en relación con todo el fenómeno relacionado con la corrupción, ha dado, por fin, muestras de una voluntad gubernamental de avanzar en ese sentido con la aprobación de la llamada ley anticorrupción.
Sin duda que el ordenamiento aprobado por el Senado no es el más deseable, el que responda a cada una de las expectativas que la sociedad tiene para sacudirse, de una vez por todas, esa lacra que la agrede como ciudadano, la perjudica en su economía y la retrasa en los numerosos trámites que tiene que realizar ya sea como causante, emprendedor o solicitante de un permiso oficial para iniciar un proyecto, construir una casa, o simplemente realizar un cambio de placas a su automóvil o llevarlo a verificar.
Para los legisladores de oposición, como Alejandro Encinas, representante de Andrés Manuel López Obrador en el Senado de la República, la ley anticorrupción omite puntos que considera claves para eliminarla: sancionar al presidente de la república por actos de corrupción; sancionar a los magistrados del Poder Judicial o al Poder Judicial en su conjunto; castigar a personas morales (es decir, empresas como HIGA); reducir el gasto oficial en comunicación social a través de topes específicos (con dedicatoria a empresas como Televisa); poner fin a los moches, que tan bien realizan algunos diputados del PAN, eliminando discrecionalidades en la formulación del presupuesto; poco impulso a mecanismos de participación ciudadana en el esquema que la nueva ley presenta en algunos puntos fiscalizables y que no contravengan las pertinentes en materia de seguridad nacional.
Resulta muy sospechoso que ninguna de las fuerzas políticas haya hecho mención específica a la corrupción que ha generado en los tres niveles de gobierno el poder económico del narcotráfico. Pero los entretelones en los que se negoció la ley anticorrupción forman un capítulo aparte de la misma.
Hubo resistencias de algunos sectores del propio gobierno federal en relación con algunos de los contenidos del ordenamiento. Y también organismos privados y organizaciones no gubernamentales presionaron y cabildearon de manera por demás fuerte para que se incorporaran dentro del articulado puntos como la institución definitiva, autónoma y definida de sus respectivas participaciones.
Y el actor clave para que saliera adelante la ley anticorrupción, tal y como la interpretó el presidente Peña Nieto a raíz de los más recientes escándalos en los que se vieron involucrados varios de sus funcionarios, fue inesperadamente uno de los afectados por las denuncias de conflictos de interés realizados por medios de comunicación.
El actor clave que se convirtió en factor para que la ley anticorrupción aterrizara fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el operador número uno del presidente Peña Nieto; negoció, buscó consensos tanto con la iniciativa privada como con legisladores y representantes genuinos de la sociedad civil. Es un trabajo del secretario de Hacienda que no ha terminado, sin duda.
Pero lo importante era dar el primer paso en un tema tan sensible que en los pasados meses logró condicionar la agenda del propio presidente de la república y obligar a replantear proyectos como los relacionados en el otorgamiento de contratos en materia de infraestructura, telecomunicaciones y energía.
Y Videgaray ayudó a que se diera y así tocó tierra con su cabildeo en favor de la ley anticorrupción y del propio presidente Peña Nieto, cuyos márgenes de operación están ahora más protegidos.
La vigilancia internacional sobre el fenómeno de la corrupción en México es ahora muy intensa. Era indispensable responder a ese interés del exterior para no perder más puntos en las calificaciones del país en materia de confianza, situación que se refleja de inmediato en las llamadas listas que señalan a naciones dentro del rango de ser “riesgo país”.
Esas calificaciones son las que otorgan las principales instituciones financieras del mundo y que impactan tanto la paridad cambiaria como el comportamiento bursátil.
Videgaray advierte el entorno económico internacional tan complejo que viviremos los próximos años. Y lo menos que puede hacer es eliminar factores tan negativos y de alto impacto como es el fenómeno de la corrupción.
Especialistas como Luis Enrique Graham, socio de Hogan Lovells BSTL, resalta que esta reforma surge como una respuesta a graves hechos de corrupción ocurridos en el país y a compromisos internacionales del gobierno mexicano. “Esto explica que las fuerzas políticas estén llegando a acuerdos para crear un marco normativo para combatir efectivamente la corrupción”.
Por ser reforma constitucional, ésta debe ser aprobada también por el Senado y los congresos estatales, para elaborar y aprobar las leyes secundarias. La ley funcionará dentro del esquema siguiente:
De acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados, el Sistema Nacional Anticorrupción estará conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, que se coordinarán entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad pública.
El consejo estará conformado por el presidente de la república (quien lo presidirá), el ministro presidente de la Corte, los presidentes de las mesas directivas de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el auditor Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los poderes Eejecutivos de las entidades federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
El primer paso para resolver un problema tan sentido por varias naciones de América Latina como Brasil, Argentina, Chile y Perú está dado. Es un camino difícil, lleno de intereses que se verán afectados, el que habrá de recorreré para hacer efectiva la ley anticorrupción en México. Los ciudadanos, constituidos en sociedad organizada, tendremos la obligación de convertirnos en celosos vigilantes de que se cumpla la ley anticorrupción aprobada.