Entorno explosivo para el proceso electoral
Manuel Nava
Acapulco.- Garantizar la seguridad y la legalidad de las elecciones en Guerrero continúa siendo el mayor desafío no sólo para el gobierno del estado sino para el conjunto del sistema electoral mexicano. Junto a las posturas optimistas de las autoridades federales, los hechos violentos permanecen y se expanden por la geografía de la entidad.
Las posturas se endurecen; unos a que las elecciones se efectúen, los otros las rechazan y amagan con impedirlo. A ello se suma el vencimiento de los tiempos para Rogelio Ortega como gobernador interino y una ola de reprobaciones se eleva y demanda su relevo.
El inicio de abril estuvo plagado de incidentes que demuestran lo frágil de conservar la integridad de autoridades y contendientes electorales. El sábado en Tlapa, donde el consejero presidente del Distrito 05, Salvador Basurto Espinobarros, fue retenido por miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), y a Alberto González Balbuena, uno de sus colaboradores, el cual fue detenido por la Policía Comunitaria, luego de un enfrentamiento a golpes.
El gobernador Rogelio Ortega Martínez sostuvo que la retención de funcionarios electorales en Tlapa fue sobredimensionada, ya que no todo el MPG, o el magisterio disidente intervinieron en la retención del presidente del Consejo distrital 05 del INE en Tlapa. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, sostuvo que casos como el acaecido en Tlapa no están presentes en toda la entidad ni mucho menos en todos los distritos, por lo que se trata de hechos aislados. “Es un tema que nos ocupa, es un tema que nos preocupa, y que atenderemos de manera focalizada, pero no es el proceso en general lo que nos deba de atender como una situación adversa o difícil del proceso electoral.”
“En Tlapa no hay condiciones para que se lleve a cabo la elección, nos negamos rotundamente a legitimar un proceso de narcogobierno”, expresaron integrantes del MPG. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos dijo que hay varios pueblos que están inconformes con el proceso electoral. “Para los pueblos es un burla que gente claramente vinculada a algunos grupos delincuenciales estén participando en las elecciones (…) hacemos un llamado al INE para entrar al proceso del diálogo. El movimiento sigue en esa ruta de buscar los mecanismos para que no haya elecciones o para que vayamos a un gran diálogo en otra ruta, en otra reflexión.”
Elecciones y olvido
Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de los normalistas, aseguró que para ellos la realización de las elecciones en Guerrero implica el olvido del caso de Aypotzinapa, es dejar de escuchar la voz de los 43 padres de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año pasado, por lo cual su postura es que no haya elecciones en Guerrero, incluso envió un mensaje a todos los que buscan la gubernatura: “hacemos el llamado a todos esos políticos (candidatos ) que andan en campaña, mejor que se sienten y que vean cual es el diagnóstico en Guerrero, no los invitamos a que se sienten con nosotros, los invitamos a que se sienten y revisen cuál es el diagnóstico que hay en Guerrero”.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió en una carta a los padres de los normalistas, que “…no tiene atribuciones para decidir el sistema electoral de Guerrero ni de ninguna otra entidad federativa, pues el instituto no puede asumir una representación popular con la que no cuenta ni vulnerar la soberanía de las entidades para decidir asuntos de tal relevancia. Pero sí consideramos que su propuesta debe ser conocida y examinada a conciencia por las autoridades de esa entidad, y por todos los partidos y candidatos que hoy se postulan en Guerrero”.
“La Constitución no concibe un sólo resquicio para que no haya elecciones, esto es, para que se suspenda o elimine el derecho de las ciudadanos a votar. En el sufragio nace la soberanía popular, por eso no se pueden cancelar las votaciones”, agrega, y considera que no celebrar los comicios el 7 de junio próximo “suscita preocupación porque se pueden generar focos de conflicto”.
El 6 de abril, Jorge Camacho Peñaloza, candidato al gobierno de Guerrero por el PAN señaló que adversarios políticos en el municipio quisieron interrumpir su gira ponchando las llantas de su vehículo y el de 15 simpatizantes en Cuautepec. Camacho Peñaloza tuvo que llegar en una camioneta, ofrecida por un vecino de la zona, a su próximo evento en la localidad de Verde Rico en el Municipio de Leonardo Bravo, según la versión que ofreció el partido.
Pero no sólo se trata del asedio a los representantes de las instituciones electorales y los candidatos.
Un conflicto poselectoral por la comisaría municipal de la comunidad na’ savi de Tototepec, Tlapa, entre priistas y petistas arrojó un saldo de seis heridos: cinco de bala y uno que se cayó al huir de las ráfagas.
Existen dos versiones de la balacera: una que la atribuye a la intervención de policías comunitarios de Tototepec de la Casa de Justicia de Espino Blanco; la otra sostiene que los del PT informaron que jóvenes priistas atropellaron a uno de sus militantes, Rodrigo León Álvarez de 40 años, por lo que de inmediato lo buscaron.
La noche del 30 de marzo en la comunidad de San Juan del Reparo, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), hubo una confrontación armada entre miembros de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), este último escisión del primero, con un saldo de al menos cinco muertos, seis heridos y una veintena de retenidos.
Elizabeth Gutiérrez Paz, alcaldesa de extracción panista, ha sido señalada por la Policía Ciudadana de la UPOEG de tener vínculos con la delincuencia organizada, y con quien incluso hubo un enfrentamiento a balazos en mayo del 2014. Camacho Peñaloza dijo que no mete las manos al fuego por la alcaldesa y que buscará un encuentro con la UPOEG y el FUSDEG del municipio de Juan R. Escudero para presentarles la iniciativa de reforma a la Ley 281 que propuso.
Otro conflicto se cierne
El 26 de abril se vence el plazo de la licencia por seis meses que le concedieron a Ángel Aguirre. Los cabildeos y análisis en el Congreso local sobre la remoción o ratificación de Rogelio Ortega como gobernador no son alentadores. La idea general es que el “desprecio” que Rogelio Ortega muestra contra el Congreso local es más que evidente, sobre todo luego de declarar que tiene las maletas listas para irse y que no comprará ni un voto para ser ratificado en el cargo.
La fracción parlamentaria del PRI anunció que corresponde a la coalición triunfadora en la elección de 2011 decidir si ratifica a Rogelio Ortega Martínez como gobernador sustituto o designan a otro.
La misma expresión se extiende a la Universidad Autónoma de Guerrero, donde mayoritariamente el grupo académico le ofrece su respaldo, aquel 26 de octubre del 2014, además de las presiones que ya ejerce el grupo aguirrista.
“En Guerrero no hay gobierno, da vergüenza que cuando asesinan, desaparecen a ciudadanos guerrerenses, el gobierno del estado esté pidiendo que se haga justicia; ¿ se les olvida que a ellos les pagan por que trabajen, y no trabajan?” sostuvo Florentino Cruz Ramírez exrector de la UAG y también exsecretario general de Gobierno durante la administración del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero.
El 26 de octubre pasado el Congreso local aprobó un decreto que establece en su artículo primero: “Se designa y nombra al ciudadano Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en términos del numeral 2 del artículo 84 de la Constitución Política del Estado”.
En tanto en el artículo tercero dice: “Para el caso de que se dé el supuesto establecido en el numeral 5 del artículo 84 de la Constitución local (esto es, que Ángel Aguirre Rivero ratifique su licencia definitiva), el gobernador designado deberá concluir el periodo, con fundamento en el artículo 85 párrafo tercero del mismo ordenamiento local”. El espíritu del decreto habla de que el interino podrá ser designado hasta por seis meses, concluyendo ese periodo, si el que solicitó licencia no regresa, pues se nombra al gobernador sustituto. Se concluye entonces que nunca se erigió a Ortega como gobernador sustituto. En el documento de la designación se establece que es gobernador interino, no sustituto.
Por muy ordenado que se lleve el procedimiento legal para ratificar al actual mandatario o designar uno diferente, las tensiones de carácter político que se prevén pueden desatar nuevos brotes de violencia. Si bien es cierto que el viejo régimen caciquil constituyó un medio eficaz de control político, con recurrentes episodios de violencia, la presencia del crimen organizado recrudeció la violencia ilegal y violatoria de los derechos humanos; y la vinculación de diversos integrantes de las instituciones de seguridad pública terminan por dibujar un entorno muy explosivo para el proceso electoral en la entidad suriana, desde la madrugada del 27 de septiembre con los hechos ocurrido en Iguala.