POR LOS CAMINOS DEL SUR
En manos de civiles armados
Manuel Nava
Acapulco, Gro.- Otro mar de fondo, éste compuesto por acciones y declaraciones contrapuestas las profundidades de los ámbitos políticos y social, afecta Guerrero.
“Las brasas están incandescentes, cualquier airecito puede volver a incendiar Guerrero”, dijo Rogelio Ortega Martínez, gobernador sustituto de la entidad. En realidad de las brasas ya salen llamas.
Mientras el gobierno estatal asegura que va desactivando conflictos, los grupos radicales van tejiendo un entramado que va debilitando aún más las instituciones. En tanto el mandatario asegura tener sensibilidad para que los líderes que están en la mesa de diálogo no se levanten y se violenten, las ofertas de solución constituyen importantes cesiones, no sólo de recursos y de poder, sino también de territorios.
Si hace un mes se podía hablar de focos rojos en Chilpancingo, Tixtla y Tlapa, hoy los principales municipios de la región se encuentran dominados territorialmente por civiles armados.
El propio mandatario suriano aceptó que la fuerza estatal de seguridad no tiene las condiciones para hacer frente a los grandes desafíos que enfrenta el estado; que existe un retraso de 10 años en materia de seguridad, y que “80 por ciento de la corporación son personas mayores en edad de jubilarse, obesos, hipertensos y diabéticos”.
Por si no bastara, el programa de Mando Único de Policía no ha rendido los resultados deseados; antes por el contrario, ha generado conflictos entre los cuerpos policiacos y algunos ayuntamientos, como los de Acapulco y Chilpancingo, dos de los municipios más importantes de la entidad. Es decir, la seguridad pública de los guerrerenses es altamente vulnerable, virtualmente inexistente.
Las movilizaciones de los grupos radicales se mantienen violentas aunque han disminuido su frecuencia. Ortega Martínez, sin embargo, consideró que “es necesaria la tolerancia y la comprensión, hay que ponerse en los zapatos de ellos, cuánto ha de ser su encono para que actúen así, el acumulado de políticas antipopulares a la educación, pero además la arrogancia, la soberbia, la prepotencia de funcionarios estúpidos, que piensan que en Guerrero se puede seguir gobernando como antes. En lo que resta de mi administración se buscará mayor acercamiento con organizaciones sociales”.
El sábado 9 de mayo, las instalaciones del palacio municipal de Chilapa fueron tomadas por un grupo civiles armados, presuntamente policías comunitarios. El hecho ocurrió al poco de tiempo de que los integrantes de la CETEG hubieran entregado el edificio, tras un acuerdo con el Ayuntamiento.
Aldy Esteban Román, secretario general del Ayuntamiento de Chilapa, reveló que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) recibió del gobierno municipal equipo de cómputo, material de papelería y de limpieza a cambio de liberar el palacio municipal que mantuvo tomado desde el 17 octubre de 2014, en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hasta el 7 de mayo.
A las 6 de la tarde del 9 de mayo, cerca de 300 civiles armados tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilapa, donde desarmaron a los agentes y tomaron el control de la ciudad. En decenas de camionetas, recorrieron la ciudad, y revisaron taxis y urbans que van de Chilapa a Chilpancingo.
Además instalaron un retén en el boulevard justo frente al hotel donde tiene su base la Gendarmería y en otros puntos. También quitaron armas y patrullas a los policías municipales y después con ellas hicieron rondines.
Los civiles armados, además, catearon bares y comercios en búsqueda de miembros de uno de los grupos del crimen organizado que opera en la ciudad.
Los civiles armados dijeron que provenían de comunidades de Ayahualulco, San Ángel, El Jagüey y otras más que suman 16. Estas localidades integran la franja donde se ha centrado la disputa entre los dos grupos criminales que buscan el control del municipio.
Además, estas comunidades conectan el municipio de Chilapa con Quechultenango, donde radica el otro grupo que riñe el territorio. La presencia de los civiles armados provocó temor y zozobra entre los pobladores de la cabecera municipal. En cuanto comenzaron a recorrer las calles de la ciudad, los comerciantes empezaron a cerrar sus negocios y los pobladores también se guardaron.
En Chilapa sólo hay una corporación comunitaria, que tiene como base la comunidad de Rincón de Chautla y que está reconocida por la Coordinadora Regional de Atoridades Comunitarias (CRAC).
Sin embargo, en la comunidad de Ayahualulco, a finales del año pasado, los habitantes organizaron una autodefensa, después de que un grupo criminal levantó a cuatro choferes de la ruta Ayahualulco-Chilapa.
Después de estos dos grupos, de comunitarios y autodefensa, en Chilapa no se ha hecho pública la presencia de otro más con esas características.
De acuerdo con las versiones de los habitantes de la cabecera municipal, fue uno de los integrantes quien arengó a media calle dando a conocer las razones de la acción.
Era un hombre moreno, robusto, con paliacate en el rostro y un arma en la cintura y voz potente: “Bienvenidos, desde hoy en Chilapa ya no hay secuestros, ni extorsiones, ni pagos de cuota. Se acabaron las muertes de inocentes. Nosotros ahora somos los policías municipales.
Nosotros estamos acá porque ya perdimos a un hermano, a un padre, a un hijo, a una esposa” —insistió en ser llamado comandante, mientras intenta explicar la razón de su presencia en Chilapa: la detención de los líderes del grupo criminal Los Rojos, la destitución del director de la policía municipal y que les entreguen a sus familiares desaparecidos.
“Nosotros siempre hemos estado diciendo lo que pasa (la violencia), y venimos a ver a los de la Gendarmería y nos dicen que denunciemos; denunciamos, y no pasa nada”.
“Ayer tomamos 10 armas y patrullas de la Policía municipal prestadas, porque no las ocupan. Si no las ocupan, entonces que nos dejen ocuparlas; en cuanto termine esto se las regresamos, porque nosotros no somos rateros.”
Para poner fin a esta situación, se debe detener a los principales líderes del grupo criminal que opera en la cabecera municipal, la destitución del director de Seguridad Pública, Job Encarnación Cuenca, y la localización de sus familiares. Mientras no suceda eso, dice, no se retirarán, sostuvo el autollamado comandante.
El transporte público se canceló y la ciudad otra vez quedó en silencio y con las calles desoladas.
Job Encarnación Cuenca, director de Seguridad hasta ese momento, justificó que la inseguridad en Chilapa es, dijo, por falta de personal en la policía municipal: hay 53 vacantes, y desde diciembre no ha habido altas.
Apuntó que la policía preventiva sólo alcanza a completar cuatro patrullas con 16 agentes para recorrer las más de 146 comunidades del municipio. Encarnación Cuenca resumió: las condiciones de los policías municipales son deficientes: sueldos bajos (2 mil 500 pesos), falta de entrenamiento y armamento. Y concluyó: la policía municipal ha sido rebasada por la delincuencia organizada.
El 11 de mayo presentó su renuncia y se firmó un acuerdo de tres compromisos en el grupo de civiles armados: Uno. Mantener una comunicación directa con los comisarios de las localidades y coordinar las acciones de resguardo y vigilancia de manera conjunta. Dos. Los manifestantes accedieron devolver el armamento, que en días anteriores habían tomado de los elementos de la Policía Preventiva Municipal. Tres. Permanencia del dialogo.
Momentos antes, a las 2.30 de la tarde, habitantes de Chilapa mediante una marcha exigieron la salida de los civiles armados que mantenían el control de la ciudad y se enfrentaron verbalmente.
Los civiles armados acusaron a los manifestantes de estar orquestados por el exrregidor Francisco Benítez Domínguez, a quien señalaron de pertenecer al grupo de Los Rojos, mientras que los integrantes de la marcha señalaron a los pobladores armados de las comunidades del sur del municipio de ser de Los Ardillos, afianzados en Quechultenango.
Los únicos agredidos a empujones y amenazados con armas de fuego por los civiles armados fueron los reporteros que cubrían el hecho en medio de los dos contingentes, a quienes despojaron de su equipo de trabajo y algunos teléfonos celulares bajo el argumento de que eran gente enviada por el grupo delictivo que opera en la ciudad. Posteriormente cuando se les devolvió el equipo fueron obligados a borrar fotografías y video.
Debe señalarse que de acuerdo con múltiples versiones, en la mañana a través de cuentas anónimas de Facebook se pidió a la ciudadanía de Chilapa reunirse en el centro de la ciudad para “tomar acuerdos y ver la forma de actuar” y “que no vengan esos falsos comunitarios a hacer atropellos a la ciudad”.
El llamado se replicó a las 12 del día por medio de campanadas de la catedral, acudieron unos cien vecinos de Chilapa, entre ellos la candidata a la presidencia municipal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María del Refugio Arzate, la regidora priista Edith Suástegui y familiares de dos de los cinco empresarios y profesionistas desaparecidos el 26 de noviembre.
La multiplicación de grupos de civiles en armas describe una espiral que se suma a la violencia.
A partir del ataque que sufrieron integrantes de esa agrupación el domingo pasado por presuntos miembros de la delincuencia organizada, en los que uno de ellos murió y otro más resultó herido entre las colonias Santo Domingo y la colonia Rosario Ibarra de Piedra, ubicadas al poniente de Chilpancingo, Juan Mendoza Tapia, dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), integró su grupo de autodefensa y aseguró que su grupo de trabajadores del servicio público del transporte son la “avanzada de la Comunitaria” que habrá en la ciudad capital del estado.
La versión de Mendoza Tapia es que choferes incorporados a dicha organización fueron interceptados por integrantes de la Coalición de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG).
La COSTEG es una organización dirigida por Inocente Mojca Peña, a quien Mendoza Tapia acusa de tener nexos con la delincuencia organizada.