Y seguimos sin Constitución
El Senado no es más que un abuso
del sistema representativo
que embrolla y convierte en laberinto
la formación de las leyes.
Ignacio Ramírez
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Una vez más, los capitalinos hemos visto frustrado nuestro anhelo por contar con una Constitución política y, por tanto, ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, residentes en un territorio paritario al del resto de las entidades de la federación.
Ese viejo empeño, defendido en 1856-57 por diputados constituyentes, hombres de la talla de Prieto, de Ramírez, de Cendejas y Del Castillo Velasco, se vio truncado ante la artera aprobación de un dictamen que conculca la soberanía capitalina al abrogarse la facultad del constituyente capitalino, imponiéndole una camisa de fuerza a través del contenido aprobado al artículo 122, el cual dicta los alcances del pacto social de los capitalinos.
Además, el dictamen aprobado por la mayoría senatorial en la noche del pasado 28 de abril establece un injerencista mecanismo de control gubernamental al determinar que 40 de los 100 diputados constituyentes sean designados por las cámaras de Senadores y Diputados federales, el presidente de la república y el jefe de Gobierno, exhibiendo con esta determinación el temor a que el constituyente de la ciudad quede integrado por una mayoría de diputados libres e independientes que propongan y consoliden una constitución fincada en los principios democráticos y sociales que los capitalinos hemos defendido y construido desde la heroica irrupción de la sociedad civil, hace tres décadas, el 19 de septiembre de 1985, acuerdo fundacional distinto al Pacto por CDMX acordado por los signantes del Pacto por México.
En sentido contrario a lo enunciado en el pormenorizado documento que sustenta las reformas constitucionales enviadas a la Cámara de Diputados, la fórmula prevista por los senadores desconoce el principio de expresión esencial de la soberanía popular con el cual, jurídicamente, se sustenta la base de expedición de una Constitución, principio enarbolado por el finado exministro de la Corte y diputado de la LXI Legislatura, don Juventino Castro y Castro, en su histórica iniciativa de reforma política del Distrito Federal del 10 de diciembre de 2009.
La sencilla propuesta del docto jurisconsulto proponía con claridad que sólo se requería derogar el artículo 122 constitucional; reconocer en el artículo 44 que “la Ciudad de México es la capital del Distrito Federal y de los Estados Unidos Mexicanos y que sería el Distrito Federal el que expedirá su Constitución en forma soberana e independiente y tendrá las mismas atribuciones, prohibiciones y limitaciones que cualquier otra entidad federativa”.
Al comparar esta precisa fórmula con el dictamen aprobado, uno avala las razones que animaron al constituyente de 1857 a derogar el Senado de la República, ya que, como afirmó El Nigromante en su intervención a favor de su desaparición, éste “embrolla y convierte en laberinto la formación de las leyes”.