POR LOS CAMINOS DEL SUR
Manuel Nava
Acapulco, Gro.- Los acontecimientos ocurridos derivados de la designación de Rogelio Ortega Martínez como gobernador sustituto para terminar el presente periodo del poder Ejecutivo del Estado de Guerrero pusieron en evidencia la debilidad de las instituciones locales, las pugnas en el interior del PRD y el camino minado que hace falta por recorrer para los comicios del próximo 7 de junio.
La ratificación del Ortega Martínez estuvo plagada de desavenencias y terminó por ser una victoria pírrica del ahora gobernador sustituto.
Las 72 horas previas a su toma de protesta fueron de tensión y de intensas negociaciones en las que no prevaleció el criterio de legalidad sino rentabilidad política, lo cual da por resultado la existencia de un gobernador maniatado.
La ratificación fue impulsada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), mayoritarios en el Congreso guerrerense y para quienes esta decisión es la mejor forma de contribuir a la estabilidad en Guerrero.
La versión de Bernardo Ortega de “Hemos hecho a un lado los intereses de cada uno de los grupos y fuerzas políticas para tomar una decisión institucional, que ofrezca seguridad y certeza para garantizar la armonía, en este tenor concebimos un poder que debe asumir su compromiso de cara a la sociedad para gobernar Guerrero” se cae ante los hechos.
Se entiende que fueron Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo quienes llevaron la batuta en las negociaciones. De entrada estuvo la propuesta del dirigente nacional de incluir a más perredistas en el gabinete que habrá de concluir el periodo de mando.
Luego vinieron las presiones de los grupos locales. El Grupo Guerrero que dirige David Jiménez Rumbo puso como condición la titularidad de la la Secretaría de Desarrollo Rural. El grupo aguirrista, a través del propio Sofío Ramírez, quien quería ser el gobernador sustituto y luego, muy solícito, se ofreció para ser secretario general de Gobierno, pidió la Secretaria de Desarrollo Económico.
Nueva Izquierda, de Sebastián de la Rosa, también pidió la Secretaría de Desarrollo Social.
Es tan grande el rumor de estas negociaciones que los diputados a la hora de fijar su posicionamiento le reclamaron a Rogelio Ortega “esos acuerdos en lo oscuro” y le advirtieron que tuviera cuidado en hacerlo porque estarán atentos.
El PRI por también entró en las pujas, incluso en los posicionamientos de partido, Héctor Apreza Patrón, coordinador de la bancada del PRI sostuvo que Rogelio Ortega llegó al poder producto de la tragedia de Iguala, por lo que el reclamo de justicia y la presentación con vida de los desaparecidos es una deuda con el estado y el país. También lo convocó a manejarse con imparcialidad en los comicios: “A usted lo nombró el Congreso, no un grupo ni un partido político; exigimos que no intente inclinar la balanza a favor de ningún candidato o candidata”.
Oliver Quiroz Vélez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), justificó el voto negativo por parte de su fracción, con el argumento de que Ortega Martínez no realizó un buen ejercicio de gobierno durante los seis meses de interinato. En específico, puntualizó el desalojo violento ocurrido en Bulevar de las Naciones, en el puerto de Acapulco, que dejó saldo de un maestro muerto, decenas de heridos y maestras presuntamente violadas.
Acusó a “Los Chuchos” de realizar pactos oscuros para convencer a las fracciones del PRD y PRI de votar a favor de la ratificación de Rogelio Ortega, y advirtió que los guerrerenses “le pasarán la factura” a dichos partidos políticos en la elección del 7 de junio. Otra de las críticas fue que Ortega Martínez nunca compareció ante el Pleno para presentar los resultados de su interinato, a pesar de que lo anunció con antelación.
Rafael Morales, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no fijó postura a favor o en contra; durante su participación solicitó a los legisladores que hubiese congruencia al emitir su voto y “evitar simulaciones y autoengaños”.
Marcos Efrén Parra Gómez, por el grupo parlamentario del PAN, reconoció errores, omisiones y desaciertos en la gestión de Rogelio Ortega como gobernador interino. Sin embargo, sostuvo que su ratificación como titular del Ejecutivo estatal es necesaria para mantener la estabilidad en Guerrero, pero dijo que colocar al frente del gobierno estatal a otro personaje tendría implicaciones económicas, administrativas, políticas y sociales adversas para la entidad. “El estado se encuentra con un proceso electoral en marcha, un cambio de gobernador en este momento daría al traste con los pocos espacios de gobernabilidad que todavía quedan en Guerrero”.
Héctor Apreza, del PRI, también defendió la ratificación. “Este Congreso está actuando con estricta responsabilidad. El sábado pasado no hubo acuerdos y se postergó la sesión, a nombre de la fracción del PRI digo en esta tribuna que qué fácil para nosotros, como grupo parlamentario opositor, hubiera sido venir y reventar cosas, pero en estos momentos no abona a la paz de Guerrero”, dijo.
CETEG, continúan las agresiones
Guerrero es un estado con problemas de inseguridad y protestas sociales, que el 7 de junio tendrá elecciones locales para elegir a un nuevo gobernador, diputados y a sus 81 alcaldes, pero la alianza Asamblea Nacional Popular (ANP), CETEG, padres de los normalistas desaparecidos, ha reiterado en diversos tonos que no existen condiciones para la realización de los comicios y que, con los mecanismos a su alcance, no permitirán que éstos se efectúen.
Aun cuando las autoridades federales y las electorales aseguran que el 7 de junio sí habrá comicios en la entidad, la realidad es que hay un malestar silencioso que implica un rechazo no sólo a los partidos políticos sino que se incorpora una espiral antisistémica que está siendo minimizada de manera peligrosa.
El 13 de abril, la ANP reiteró su postura de boicotear el desarrollo de las selecciones del próximo siete de junio, como protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
El 19 de abril en Tixtla, iniciaron con las acciones para boicotear el proceso electoral a gobernador, diputados locales, federales y alcaldes. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, organizaciones sociales y policías comunitarios efectuaron una marcha en la cabecera municipal. Los más de 500 manifestantes desprendieron la propaganda política que encontraron a su paso, luego la concentraron en la plaza central y le prendieron fuego.
Maestros cetegistas iniciaron un paro de 48 horas el 22 de abril. Incluyeron la toma de edificios públicos, de donde sacaron a los empleados, y retuvieron un camión de propaganda de Beatriz Mojica Morga, candidata de la alianza PRD-PT. Todo bajo la misma causa: en reclamo a la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El 23 de abril, Luis Walton Aburto, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, fue interrumpido por 10 cetegistas encabezados por los dirigentes violentos que han dirigido agresiones al proceso electoral y a funcionarios del INE, Arnulfo Cerón Soriano y Elmer Pacheco Salazar, lanzaron amenazas e insultos a través de un aparato de sonido.
Le dijeron a Walton que ya se lo habían advertido, que no le iban a permitir el desarrollo del evento porque las elecciones no se van a realizar, manifestaron que así lo acordaron los cetegistas en su más reciente asamblea.
Walton Aburto les pidió que le permitieran continuar su evento y no accedieron; por el contrario, le advirtieron que, si no se retiraban de inmediato, en ese momento tomarían acciones más drásticas y responsabilizaron a Walton de “lo que pudiera ocurrir”, motivo por el cual Walton suspendió el evento y ante la amenaza de ser agredido, salió del lugar apresuradamente con su comitiva.
El 24 de abril, integrantes de la CETEG, encabezada por Antonia Morales, acudieron a las oficinas del PAN estatal en donde ingresaron, evacuaron al personal y sustrajeron toda la propaganda política; una vez con el material, lo arrojaron afuera de las oficinas y le prendieron fuego. Posteriormente se dirigieron al edificio Álvarez donde se ubican las oficinas de Finanzas y, tras desalojar a los trabajadores, clausuraron el edificio.
IEPC solicita ampliación de presupuesto para elecciones
Ese mismo viernes, Marisela Reyes, presidenta del IEPC, dijo que fue insuficiente la bolsa de 392 millones de pesos que el Congreso local les aprobó, por lo que pidieron al gobernador interino Rogelio Ortega una ampliación por 151 millones de pesos.
El mandatario dijo que gestionaría los recursos adicionales ante la Secretaría de Hacienda, pero hasta ahora el IEPC no ha recibido nada.
“Nos ofrecieron esos 151 millones de pesos que va a gestionar el Gobierno del estado, pero no hay un compromiso por escrito”, dijo Reyes, quien alertó que tampoco hay recursos para pagar al INE 50 por ciento del costo de la casilla única, capacitación de funcionarios electorales, tinta indeleble, la lista nominal y renta de mobiliario.
El 25 de abril, integrantes de la ANP y padres de familia de los estudiantes desaparecidos acudieron a la casa de campaña del candidato municipal priista Saúl Nava Astudillo y le reiteraron que no permitirán que se lleven a cabo las elecciones.
Ese mismo día, Luis Walton, candidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento Ciudadano, denunció ante la Comisión Nacional de Seguridad que él y su equipo de campaña fueron agredidos por un comando con armas de grueso calibre, incluso con “lanzagranadas”.
Como parte de la décimo primer jornada global en demanda de la aparición de los 43 normalistas, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense quemaron propaganda de candidatos en Ayutla y Olinalá reiterando que no permitirán que haya elecciones. En Chilpancingo, un grupo de cetegistas intentó impedir un evento de Héctor Astudillo en el zócalo.
El 28 de abril los ntegrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) quemaron papelería afuera de la Secretaría de Educación Guerrero en Chilpancingo, salieron del campamento que mantiene la CETEG en el zócalo, se trasladaron al sur de la ciudad y llegaron a la SEG, desalojaron al personal y posteriormente sacaron la papelería y fue quemada sobre la Avenida de la Juventud.
La designación del gobernador sustituto da fin a una parte del conflicto que desde hace más de un año vive la entidad, pero no lo resuelve. En el horizonte inmediato existe una escalada de movilizaciones y actos directos en contra de algunos protagonistas del proceso electoral y una debilidad cada vez más evidente de las autoridades electorales de la localidad.