Para evitar que se repita la explotación laboral, orígen del conflicto en San Quintín, equiparable a una esclavitud moderna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará el cumplimiento de los acuerdos que se lograron este jueves.
Por medio de un comunicado, el organismo autónomo consideró notoriamente desproporcionadas las fianzas millonarias impuestas a tres jornaleros a consecuencia de los hechos del 9 de mayo y por ello pidió revisarlas.
Tras reconocer a las partes por haber alcanzado un acuerdo a través del diálogo, la CNDH confió en que esta solución beneficie a todos los involucrados pero particularmente fortalezca los derechos de los trabajadores del campo.
La Comisión recordó que su sexto visitador, Jorge Ulises Carmona Tinoco , estuvo el jueves en Ensenada, donde se realizaron las prácticas y se llegó a una acuerdo con los jornaleros.
A dicho encuentro acudieron también funcionarios federales y estatales, legisladores, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, así como líderes sindicales y un representante de los empresarios.
El comunicado enfatiza que más allá de los acuerdos, la CNDH mantiene presencia permanente en la zona, para recabar evidencias sobre los hechos denunciados, debido a que sigue abierta una investigación.
Asimismo personal de CNDH ha visitado y entrevistado a jornaleros y autoridades, además de documentar la situación de los heridos y detenidos tras los acontecimientos violentos del 17 de marzo y 9 de mayo, para determinar su se presentaron violaciones a derechos humanos.
El 9 de mayo se solicitaron medidas cautelares a las autoridades locales y se ha pedido información al gobierno estatal, la alcaldía y la policía municipal de Ensanada, la Secretaría del Trabajo federal y local, el IMSS y la PGR, como parte de esta misma investigación.