“En México no hay esclavitud institucionalmente hablando. No hay propiedad sobre las personas, ni estas se encuentran en el comercio lícito. Si hay, en cambio, condiciones de dominación parecidas a las que ese régimen permitía”, advierte en un texto para el diario El País el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío al referirse a la situación de los jornaleros en San Quintín y a la mujer encadenada a una plancha en la capital de la República.
Alerta que “combatir la existencia creciente de los trabajos forzados “es uno de los compromisos morales de nuestro tiempo, tal como en su momento otras generaciones lo hicieron con la esclavitud”.
El texto resulta fundamental porque este miércoles se inició en la ciudad de México la Acción Global por San Quintín para demandar respeto a los derechos laborales de los trabajadores del campo y el pago de 200 pesos por jornal. Demandas que no han sido resueltas ni por el gobierno de Baja California y los empresarios de esa entidad, ni por el gobierno federal.
Los voceros de los jornaleros agrícolas Fidel Sánchez y Bonifacio Martínez, exigieron la rescisión del actual contrato colectivo de trabajo, que manejan actualmente la CTM y la CROC, ya que aseguran, solo benefician a los empresarios y a los trabajadores ni siquiera se les consultó su contenido.
Piden 200 pesos, cuando en la realidad los empresarios pagan de 100 a 120 pesos por una jornada que va de 10 a 12 horas y que hacen necesaria la participación de la totalidad de las familias jornaleras — 4 a 5 personas— para sacar lo mínimo para medio comer y atender sus necesidades más básicas.
Los jornaleros se declararon listos para que el próximo sábado 9 de mayo, alrededor de 80 mil jornaleros inicien un Boicot Económico Internacional y la Caravana Nacional en las zonas agrícolas, si es que el gobierno federal y la administración de Kiko de la Vega en Baja California, no atienden sus demandas y liberan a 14 compañeros detenidos.
El Senado de la República por su parte, hizo un llamado a la secretaría del Trabajo a garantizar la seguridad y condiciones dignas de trabajo de los jornaleros y solicitó un informe por escrito de las acciones implementadas para sancionar a la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola“, en Comondú, Baja California, donde fueron rescatados 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones infrahumanas y de explotación.
Los jornaleros indígenas trabajaban en la cosecha de papa en Comundú por lo que recibían sólo 200 pesos como préstamo, con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario. Se alojaban en un predio en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas La STPS decretó la restricción del campo agrícola y se inició la investigación en materia de derechos humanos de los 200 trabajadores agrícolas y sus familias.
Este es tan sólo un ejemplo de las condiciones en que laboran muchos de estos trabajadores agrícolas que hoy siguen demandando justicia.