EDITORIAL
La competencia electoral por la gubernatura de Sonora ha puesto en evidencia, con todo detalle y sin ambigüedad, que la administración del panista Guillermo Padrés ha operado como una organización delictiva dedicada a atracar a los sonorenses.
Hoy ya no hay duda: Padrés llegó al poder para hacerse rico. Pero también para algo más: para fondear con recursos del estado las finanzas, a escala nacional, de su partido, el PAN, con miras al 2018.
Su proyecto político, entonces, rebasa el ámbito local y forma parte de un plan en el que seguramente están involucrados los dirigentes más prominentes del PAN.
Padrés no viola la ley en pequeño. No roba pesos y centavos. No es un Andrés Granier desviando recursos a su cuenta bancaria. El gobernador de Sonora es mucho más que eso. Es un usurpador. Y no porque haya dado un golpe de Estado sino porque ha despojado y se ha apoderado del patrimonio de los sonorenses. Ha escriturado a nombre de él y de su familia ríos, presas, acueductos, agua, ranchos y ejidos.
Y lo ha hecho sin importarle nada. El acueducto Independencia, construido para abastecer de agua a ciudades como Hermosillo y fraccionamientos propiedad del “señor gobernador”, ha afectado no sólo el equilibrio hidrológico de la región sino la sobrevivencia de la tribu yaqui.
El “señor gobernador” mandó construir en su rancho Pozo Nuevo —de 3 mil 670 hectáreas— una presa para regar los nogales que sembró y cuyo costo, según Conagua, se calcula en 3 millones de dólares. El “señor gobernador” hizo también en la misma propiedad una réplica del acueducto Independencia, para que no hubiera duda de que se trata de un capricho muy personal.
El “señor gobernador” —según The Wall Street Journal— es investigado por la Secretaría de Hacienda por haber recibido cantidades millonarias de empresarios a cambio de contratos de su gobierno. El “señor gobernador” utiliza a su hermano Miguel Padrés para transferir a bancos de Estados Unidos cifras millonarias que hasta el mes de marzo de este año se calculaban en 8.9 millones de dólares.
Ha gobernado como si Sonora formara parte de su rancho y los sonorenses fueran sus peones, a quienes, además de despojar de sus tierras y recursos naturales, les ha negado calidad en los servicios de salud, educación y seguridad.
El empresario Alejandro Martí acusó a Padrés, frente al presidente de la república, de hacer caso omiso a la implementación de la reforma constitucional penal recientemente aprobada. Es decir, para él, Sonora no forma parte de la federación. Incluso tal vez considere que ni de la república mexicana, sino que se añade a su feudo, a las 3 mil 670 hectáreas de Pozo Nuevo.
En fin, esto explica por qué Padrés trata de imponer a su candidato, Javier Gándara, a toda costa. Para el gobernador y para el PAN, Sonora es un botín que debe ser defendido como sea y al precio que sea.
Los sonorenses tienen miedo de ir a votar. Están seguros de que el mandatario tiene planeado bloquear calles y carreteras, organizar actos de violencia para impedir que la gente llegue a las urnas.
En Sonora no está, por lo tanto, en juego sólo ganar una elección, sino rescatar un estado de un proyecto político empresarial autoritario y corrupto, de extrema derecha, que pretende utilizar la entidad para desde ahí expandirse a otras regiones.
Por menos, en otro país Padrés estaría en la cárcel. Mientras se hace justicia, él y su candidato Gándara —a quien también se le atribuyen una decena de propiedades en Estados Unidos, adquiridas y no declaradas mientras fue presidente municipal de Hermosillo— deben ser castigados con el voto.
Sonora, en suma, debe ser liberada de sus captores.