Periodistas y la libertad de expresión
Humberto Musacchio
Los periodistas, cabe recordarlo, somos también ciudadanos, personas afectadas por la inflación, las condiciones meteorológicas o las medidas gubernamentales. Precisamente por protestar contra disposiciones de Roberto Borge Angulo, “gobernador” de Quintana Roo, el periodista Pedro Canché está en prisión desde fines de agosto del año pasado.
Canché participó en las protestas sociales contra la desmedida alza de tarifas del agua potable, criticó a Borge Angulo, al que llamó “empleado mío”, lo que es rigurosamente cierto, pues los funcionarios públicos viven de nuestros impuestos, y aun se atrevió a retar a un debate público al presunto gobernador quintanarroense.
El periodista hizo lo anterior en uso de sus derechos constitucionales, pero al “gobernador” le pareció una falta de respeto, una insolencia inaceptable, y decidió castigar al osado. No le fue difícil: lanzó a sus genízaros contra el colega y un sumiso agente del ministerio público lo metió a la cárcel junto con otros activistas para que un juez igualmente a modo decidiera mantenerlo en prisión.
Por fortuna, ahora funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos y acaba de emitir la recomendación 13/2015, en la que sugiere a Borge Angulo que la Procuraduría General de la República —y no la procuraduría local que sería juez y parte— investigue a las autoridades involucradas en la arbitraria detención y absurdo enjuiciamiento del periodista.
Las recomendaciones de la CNDH también fueron enviadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y presidente del Consejo de la Judicatura local, y al ayuntamiento del municipio de Felipe Carrillo Puerto por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal de Canché.
Para Araceli Andrade Tolama, la abogada de Canché, el documento de la CNDH abre el camino para la exoneración y liberación del detenido, pero sobre todo, es una recomendación para que las autoridades quintanarroenses, incluido el dizque gobernador y su gabinete, se vayan a “tomar clases sobre qué es y cómo funciona la libertad de expresión”.
La injusticia flagrante cometida en agravio de Canché es apenas un botón de muestra del trato que reciben los periodistas en México, país donde cada mes aumenta el número de informadores asesinados, levantados, desaparecidos, torturados o encarcelados por la delincuencia o por las mismas autoridades que deberían garantizar la libre expresión. Y mientras tanto, México se hunde en el fangal de la corrupción y la ineptitud.