De la CDHDF contra la impunidad eclesial
Raúl Jiménez Vázquez
En su reciente visita al país, el subsecretario de Estado para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinovski, aseguró que México se encuentra bajo un fuerte escrutinio de la comunidad internacional por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa y que asimismo hay una tradición de impunidad en materia de violación a los derechos humanos, corrupción, desapariciones, secuestros y torturas.
Las declaraciones del funcionario norteamericano perfilan la existencia de una severa crisis humanitaria que está causando una honda preocupación en los altos círculos del gobierno encabezado por Barack Obama. La administración de Peña Nieto se ha resistido a admitir esa realidad, aunque, tal como lo dio a conocer el representante de Amnistía Internacional en un encuentro privado con esa organización, el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián reconoció que México está metido en un grave problema de derechos humanos.
A la par que las desapariciones forzadas y las torturas, la pederastia eclesial es también otro enclave de la violación sistemática a los derechos humanos al que las autoridades se han negado a hacer frente, omisión que seguramente será objeto de severos reproches durante la evaluación del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño a la que será sometido el Estado mexicano a fines de este mes de mayo. Tal inacción puede deberse al hecho de que las conductas pederastas han sido respaldadas por los encubrimientos de las jerarquías eclesiásticas desplegados por órdenes de la curia vaticana.
Ejemplo palmario de las nefastas consecuencias de dicha negligencia gubernamental es el doloroso caso del joven Jesús Romero Colín, quien acusó penalmente al sacerdote Carlos López de haber abusado sexualmente de él durante nueve años. La averiguación previa fue abierta en 2007 ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Desde ese entonces la constante en el desempeño de la función ministerial ha sido una sarta de dilaciones injustificadas, errores garrafales, actuaciones fallidas y menosprecio a la víctima.
En vista de ello, el agraviado interpuso una queja sobre la que acaba de recaer la recomendación 01/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entre otras medidas, ahí se dispuso lo siguiente: I) los servidores públicos negligentes deben ser investigados y sancionados, II) la Procuraduría debe contar con una estrategia de subsanamiento de las omisiones de la investigación, II) contrario a lo alegado por los funcionarios denunciados, los superiores jerárquicos del acusado están obligados a comparecer ante la representación social y a aportar los archivos que obran en su poder, pues no son “personas públicas” ni mucho menos gozan de ningún fuero o protección legal especial; en este punto específico, ni más ni menos, se trajo a valor presente la letra y el espíritu de las Leyes de Reforma.
Esta histórica recomendación es digna de aplauso y sin duda constituye un parteaguas en la lucha contra la impunidad eclesial.