Entrevista a Rocío Culebro/Directora del IMDHD

 

 

Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, casucha o choza de una familia, rica o pobre, en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quiénes actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario.

Comisión Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales, Disappeared! Technique of Terror, Londres, Zed Books, 1989.

 

Nora Rodríguez Aceves

“Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos”, apunta el Folleto Informativo No. 6/Rev. 3 sobre derechos humanos, publicación de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidad en Ginebra.

Definición

De acuerdo a la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, la desaparición forzada “se da cuando desapareces por algo que fue forzoso, es decir, no desapareces porque me fugo de la casa o algo por el estilo sino porque intervienen actores estatales que por acción o por omisión están involucrados ¿qué quiere decir por acción? que directamente cuerpos de policías municipales, judiciales, ministeriales, la Policía Federal, los integrantes de la Marina, los integrantes del Ejército, pueden cometer esas desapariciones, que hacen uso del estatus que les da el Estado, el poder, se sienten con el poder de desaparecer a la persona”.

Mientras que por omisión “es que saben que alguien está haciendo estas desapariciones y no hacen nada, se quedan cayados, omiten decir algo, omiten investigar, tienen datos, tienen información, se configuran muchos elementos para hablar de una desaparición forzada, pero que las autoridades no quieren entrarle a la investigación, entonces es por acción o por omisión”.

De ahí que para la experta en materia de derechos humanos en el ámbito local, nacional e internacional el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es “una desaparición forzada porque ya sea por acción o por omisión estaban ahí presentes policías municipales, la policía federal, e incluso, algunos integrantes del Ejército que vieron, como se sabe a través de los medios de comunicación, a los estudiantes heridos en alguna clínica pero qué hicieron ellos en lugar de re-forzar, de asistirlos, de también formar parte de la investigación para decir, sí, nosotros fuimos testigos, los vimos a tales horas, llegaron así, estaban en estas condiciones, estos jóvenes estaban heridos, pidieron ser atendidos, se les negó la asistencia médica, bueno pues ahí están ellos involucrados, no hicieron nada, más allá de que si hayan tenido una acción directa o no ahí hay una acción indirecta hasta el momento y tendría que investigarse eso porque esa es una línea de investigación”.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial, pues no afecta únicamente a una región concreta del mundo, es desafortunadamente un fenómeno que se viene dando desde hace muchos años, desde los años sesenta en México, en diferentes circunstancias, de diferentes modos, pero hoy día toma una forma distinta y eso hace muy complejo este asunto. “El mayor problema que atraviesa toda esta historia de las miles de personas desaparecidas desde los años sesenta hasta esta última década es la impunidad, porque la constante es que son casos que quedan impunes, son pocos los casos en los que se ha podido hacer algo, por eso es que se van documentando para llevarlos a las instancias internacionales”.

Hoy, la tragedia es mayor

Sin embargo, la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia explica a Siempre! que hoy estamos ante una situación diferente a la de los años sesenta o setenta cuando desaparecieron personas en México por cuestiones políticas, “hoy el problema es mucho más complejo porque tiene que ver con una serie de complicidades entre grupos delictivos que han actuado por aquiescencia de diferentes autoridades, esto es que las autoridades saben que está pasando o saben que hay desapariciones y no hacen nada, no investigan o bien puede ser el caso también donde hay autoridades involucradas con grupos delictivos que han desaparecido a personas, el punto es que este fenómeno no es nuevo, más bien tiene diferentes matices a lo largo de la vida de nuestro país”.

Hoy la tragedia es mayor porque las desapariciones se dan en distintos estados de la República con diferentes contextos políticos sociales y donde se ven involucradas familias de diferentes extractos sociales, pero el factor común por el que atraviesa este fenómeno sigue siendo “el problema de la impunidad y de la poca coordinación que hay entre las instancias federales y las instancias estales y eso causa un problema mayor, creo que ahorita sería un momento muy oportuno con las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y con los casos que han documentado las distintas procuradurías, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder hacer toda una estrategia que permita hacer una política operativa aplicable y que siente bases para que haya una coordinación entre las diferentes instancias y evitar la impunidad”.

“Por ejemplo —dice Culebro— en Argentina, en Chile, sí se pudieron establecer una serie de mecanismos para la identificación de personas desaparecidas y para las identificaciones de quienes se involucraron o quienes estuvieron involucradas de manera directa o indirecta en la desaparición de personas, eso paso por la voluntad política, tuvo que haber leyes a nivel nacional para que hoy en día varios ex dictadores estuvieran siendo procesados e investigados, e incluso, se han localizado personas a través del movimiento argentino de las Madres de Plaza de Mayo que a través de un trabajo largo, arduo, sistemático, lograron que existiera esa voluntad política cosa que en México no ha sido posible”.

No obstante, que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de la Unión la modificación al artículo 73 de la Constitución justamente para que quede explicito que se tiene que hacer la investigación y el abordaje de desaparición forzada, de la tortura y de otras formas de privación ilegal de la libertad, lo cual puede quedar bien en la modificación constitucional pero si esto no se operativiza, si esto no lleva a establecer protocolos estandarizados o a la revisión de los ya existentes para estandarizarlos, a vigilar que se ejecuten como debe ser, estaríamos dando un paso más, el problema será que todo esto quedará solamente en el papel y eso es lo que no queremos”.

Aunque deberíamos tomar las experiencias de otros países para saber qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. A México han venido muchos expertos el problema no es nada más venir y dar una conferencia sino hacer un grupo realmente de expertos nacionales, que también los hay, con expertos internacionales, con expertos de otros países en donde ya han pasado por esta desgracia y que los ha obligado a encontrar diferentes caminos, por eso habría que ver cómo lo hicieron en Argentina, en Uruguay, en Brasil, también en Colombia donde están involucrados otro tipo de actores como la mafia, los grupos delincuenciales, que va tomando características distintas pero al final el responsable de hacer las investigaciones y de dar con el paradero de las personas es el Estado.

De ahí que Culebro considere que el dilema para enfrentar este problema de la desaparición forzada está en “cuánta es la voluntad política del Estado, de las autoridades, es decir, del Ejecutivo para poder enfrentar el problema y tanto las organizaciones civiles nacionales e internacionales como los organismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, el que depende de la Organización de Estados Américas, ya nos han dado muchas luces de por dónde caminar, el problema es que no se ha aterrizado y no hay una coordinación entre las distintas instancias y muchas veces se duplican los esfuerzos y al duplicarse estos se echan la bolita unos a otros y por eso no tenemos resultados. Muchas veces estas desapariciones quedan en el ámbito local y no las puede atraer el ámbito federal o bien si las atrae el ámbito federal no quiere cooperar el ámbito estatal o las estatales no quieren que el ámbito federal sea quien esté a cargo de las investigaciones, eso también pasa necesariamente por la voluntad política que se tiene que reflejar en cosas de protocolos, de infraestructura, de capacitación, pero también de vigilancia y de rendición de cuentas”.

Además, hasta estos momentos “uno, no se siguen los protocolos establecidos ni se han homogenizados ni estandarizados, dos falta de capacitación y de pericia de todos los que intervienen en los primeros hechos de cualquier cosa que sucede, desde acordonar el lugar, desde que llegan los peritos, preservar las diferentes pruebas…hay todo una serie de protocolos que hay que seguir y que si esos protocolos no se siguieron como están establecidos lo que está fallando son las autoridades de todos los niveles y los primeros que llegan al lugar de los hechos que son quien deciden a quién detiene, cómo lo detiene, qué pasa, a dónde se llevan a esta persona, en fin, todo eso es lo que se tiene que ver y se tiene que cuidar”.

Hay un avance

Por otra parte, también “son las fallas estructurales porque no hay condiciones para conservar, para hacer la preservación de la prueba, no hay condiciones tampoco para que se diga que todos los peritos están altamente capacitados, puede ser que haya peritos capacitados pero si esos peritos no cuentan con todos los implementos necesarios para llevar acabo su tarea también se queda trunco el trabajo y eso puede ser por falta también de presupuesto y quiere decir que no se le da la importancia necesaria a este tipo de cosas como la cadena de custodia que hoy sale a la luz y que la gente empieza hablar de esto, pero esto sucede todos los días en todas las procuradurías en todos lados porque no se siguen los protocolos o no hay las capacidades pero tampoco hay controles de vigilancia, no hay controles para ver si se llevó acabo lo que el protocolo decía o no después podemos tal vez ver que los protocolos están mal hechos pero al menos seguirlos y después sí están mal hechos, pues hay que modificarlos y hay que estandarizarlos para que no suceda que en una entidad se tenga un tipo de investigación y en otra entidad otro porque pueden ser después hechos que están correlacionados, pero si están correlacionados o tienen una vinculación en un estado puede ser que el caso se haya investigado de una manera y en otra entidad de otra manera y ahí es donde te das cuenta que los protocolos de investigación son distintos, que la manera de preservar una prueba es distinta, que la manera de exhumar un cuerpo es distinta, que la manera de tomar el ADN es distinto, eses tipo de cosas y también de estandarizarlos a nivel federal no sólo local”

Entonces, reitera, “el problema es qué tanto disposición hay de parte de las autoridades para hacerlo ya que sin un protocolo no funciona hay que modificarlo porque hay cosas ya andadas simplemente no hay quién les dé seguimiento, no hay quién evalúe, no hay quién este realmente sistematizando la información, no es posible que no se tenga una cifra exacta del número de desapariciones de personas, no tenemos un registro, porque también las modalidades de desaparición son distintas, por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son desapariciones forzadas ahí está claro el patrón pero hay otros casos donde no está claro, donde no se pidió un rescate, no hubo una extorsión de por medio sin embargo son personas que desaparecieron y que el Estado está obligado a investigar qué fue lo que ocurrió con esas personas porque no estamos hablando de un desaparecido ni de dos sino de más de 22 mil, es más, la cifra exacta nadie la sabe y ese es una tragedia”.

Por eso aun cuando, considera que la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de atribuciones para facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y de desaparición forzada de personas, es un avance en que la armonización del orden jurídico mexicano con los estándares internacionales en materia de derechos humanos también considera que parece un tema de “coyuntura pero eso también veremos cómo se refleja en el presupuesto, cómo se refleja en los programas operativos anuales de cada instancia donde dicen qué es lo que harán, en los controles de investigación, en los controles de, voy a usar una palabra muy empresarial, pero en los controles de calidad del trabajo”.