La Audiencia Provincial de Palma confirmó este viernes que la Infanta Cristina tendrá que sentarse en el banquillo como acusada por su posible cooperación en dos delitos fiscales, cuando se celebre el juicio del caso Nóos.

El diario El País destaca que la defensa de doña Cristina presentó ayer un escrito al tribunal de la Audiencia que juzgará el caso Nóos en el que planteaba que la decisión sobre si la acusación popular tiene legitimidad para llevar a juicio a la Infanta se resuelva sin necesidad de que se siente en el banquillo.

Los abogados de la hermana del Rey sostienen, contra el criterio del juez instructor, José Castro, que en aplicación de la llamada doctrina Botín el sindicato Manos Limpias no está legitimado para sostener la acusación por delito fiscal sin el concurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria.

Consideran que el tribunal de la sección primera de la Audiencia encargado de resolver el caso —que preside Juan Pedro Yllanes—, debe resolver la discrepancia en la reunión previa al juicio que prevén convocar los magistrados, lo que evitaría que la Infanta se siente en el banquillo.

Por otro lado, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en la supuesta trama de desvío de fondos públicos presuntamente confabulada en torno al Instituto Nóos, consideran que sí existe la posibilidad de haber obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su esposo, Iñaki Urdangarin a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon.

Urdangarin habría utilizado esta sociedad para defraudar hasta un total de 337 mil138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo al facturar a través de la misma —como rendimientos de actividades económicas— las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor, todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.