Después de que los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) viajaran este fin de semana a Venezuela y no lograran visitar a los “presos políticos” Leopoldo López y Daniel Ceballos, se llevó a cabo la firma de la denominada Declaración de Caracas, en la que el ex presidente español José María Aznar y otros 26 ex jefes de Estado y de Gobierno de países iberoamericanos denuncian el imparable deterioro de las garantías democráticas y los Derechos Humanos en Venezuela, además de condenar la persecución contra la prensa independiente y los opositores políticos.
Por información del Abc.es, los 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España e Iberoamérica –en la que se incluyen Chile, Ecuador, Colombia y México-, convocan a las autoridades venezolanas a la creación de un clima de diálogo y paz que revierta las nocivas tendencias que se aprecian y que afectan a los venezolanos en sus libertades y derechos fundamentales.
En esta misma línea, hacen un llamado a la opinión pública internacional, a sus países y sus gobiernos y a las organizaciones internacionales encargadas de ofrecer su tutela a las víctimas de abusos de los Derechos Humanos y de asegurar la democracia como derecho de los pueblos para que se mantengan vigilantes.
Por otro lado, esta firma es reflejo también por los hechos que se han suscitado con respecto el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el número dos del gobierno venezolano, quien anunció que demandará al diario español ABC y estadounidense The Wall Street Journal por presunta difamación al publicar informaciones que le afectan.
El anuncio lo hizo el día de ayer en una entrevista concedida al ex ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, en su programa de la cadena Televén, donde aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias legales y que no retrocederá ni un milímetro en su demanda.
Sus acciones legales ahora se van a extender más allá de las fronteras de Venezuela, ya que hace un par de semanas, Cabello demandó al diario El Nacional, el semanario Tal Cual y la digital La Patilla, además de prohibir la salida a 22 directivos de esos tres medios venezolanos y presentarse semanalmente al tribunal de Caracas.