Continúa la resistencia
Angélica de la Peña Gómez
A unos días de haber transcurrido la jornada electoral de este año —aunque los resultados no serán definitivos hasta que concluya la etapa de impugnaciones— adelantamos que la inclusión del principio de paridad en la Constitución y en la ley del Instituto Nacional Electoral no pasará esta prueba de fuego.
La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan un efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigualdad en representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.
Incluso antes del 7 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió emitir resoluciones a fin de que los partidos políticos efectivamente cumplieran la disposición de registrar a mujeres en el 50 por ciento de las candidaturas.
Muchas resistencias han surgido en la aplicación de las normas constitucionales y legales sobre paridad; la primera son las presiones internas y externas que han recibido precandidatas de todos los partidos políticos para declinar candidaturas.
Las presiones por dejar las candidaturas surgen antes del registro formal por parte de las autoridades locales competentes; y ocurren de esta manera porque las autoridades jurisdiccionales en el país tienen como obligación vigilar el cumplimiento irrestricto de la Constitución, Convenios y Tratados Internacionales que nuestro país haya suscrito.
La aplicación del principio paritario para la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Poder Legislativo federal y el de las entidades federativas es claro.
En este contexto, ante la actuación de las autoridades respecto al cumplimiento de la paridad, los actores políticos creyeron encontrar en la presión y en diversas formas de violencia política, la forma de desincentivar o amedrentar a las mujeres para participar en la vida política del país.
No podemos bajar la voz ante esta situación; mujeres han sido asesinadas y han sufrido atentados como consecuencia de haber decidido tomar parte en la vida política del país.
El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la actualidad como un derecho humano fundamental, que tiene como resultado el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. La sociedad mexicana será más democrática con la participación activa de las mujeres en los espacios de decisión pública.
Los límites culturales e institucionales a la participación política de las mujeres encuentran en los partidos políticos una de las principales fuentes de discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema político en su conjunto, y del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos políticos electorales de toda la ciudadanía.
Considero indispensable inscribir en la ley el principio de paridad vertical en todos los cargos de elección popular integrando por lo menos un cincuenta por ciento en las candidaturas a cargos de elección popular de las fórmulas de un mismo sexo.
Y para lograr que la paridad encuentre su nicho en los partidos mismos, ésta debe llegar a los órganos de dirección de los partidos políticos, se trate de estructura administrativa, sectores o corrientes políticas con las que cuente cada partido.
Es necesario y de vital importancia que los partidos políticos cumplan con lo que se encuentra expresado en nuestra Constitución, el avance democrático demanda que la paridad horizontal y la paridad vertical sean integradas a la práctica cotidiana de la política.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.