POR LOS CAMINOS DEL SUR
Operación “cicatriz”
Manuel Nava
Héctor Astudillo, gobernador electo de Guerrero dijo que en el estado debe venir la reconciliación política y que estaría dispuesto a trabajar la operación cicatriz, reuniéndose con todos los sectores que hoy se muestran inconformes en la entidad.
Pero el reto es mucho grande de lo que parece. Para empezar la persistente actitud de Beatriz Mojica de impugnar el resultado electoral, a pesar de la postura de la dirigencia nacional del PRD, indica que su ruta es abonarle a la inconformidad social que hoy se vive en la entidad y que está conformada por la falta de claridad en el caso de los 43 normalistas, la lucha de la Ceteg por echar atrás la reforma educativa, la presencia de las policías comunitarias, la disputa de territorios por los cárteles del narcotráfico, las demandas de los damnificados de fenómenos naturales y la insistencia de la Asamblea Nacional Popular-Movimiento Popular Guerrerense de crear sus propias autoridades.
Todo ello en un contexto de rezago educativo y económico que, entre otras carencias, sufren los más de 3.5 millones de guerrerenses desde hace décadas y ante lo cual sólo hacen ofertas de solución sin que éstas lleguen a concretarse.
A finales de 2014 se anunció la creación de regiones económicas que recibirían una atención especial sin que haya profundizado en ello después del decreto.
También en el contexto nacional se vislumbra una reducción del gasto público en los próximos años a consecuencia de la disminución de los ingresos petroleros, que representan un tercio de los ingresos del gobierno federal y un impacto adicional adverso por los ajustes en la política monetaria de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
Caso Iguala
Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (Coddehum), afirmó que, de acuerdo con las investigaciones de ese organismo, que incluyeron la revisión total de las instalaciones de la Policía Preventiva, no existe indicio alguno de que los jóvenes hubieran estado en ese lugar. Esto constituye un nuevo golpe a la versión de la PGR.
Postelectoral
De entrada, sin hacer precisiones, Beatriz Mojica afirmó que “el PRI no se desvinculó de la delincuencia en comicios” y con ese argumento no puede reconocer una elección que tuvo estas características.
“Acabamos de abrir la puerta a algo muy delicado, y vamos a tener consecuencias. Viviremos algo muy similar al caso Michoacán, donde el Ejecutivo pactó con el crimen”, insistió.
La declaración es, en efecto, dramática. Pero a la fecha sólo existen versiones a partir de supuestos. La realidad es que el crimen organizado continúa actuando en la entidad y afectando la totalidad de las actividades económicas.
Caso Chilapa
Por otra parte, personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) documentó los casos de desapariciones que se han dado en Chilapa antes y durante la irrupción de los civiles armados, el mes pasado. De comprobar responsabilidad oficial, podría haber recomendación a México y eso daría otras dimensiones al conflicto, además de que terminaría por enarbolarse como un elemento a la crisis de derechos humanos que se le atribuye al gobierno federal.
El emergente poder popular
La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó entregar los tres ayuntamientos (Olinalá, Ayutla y Tixtla) que están en manos del movimiento social desde octubre del 2014, pero activistas de la Asamblea Municipal Popular de Tixtla decidieron reconsiderar esa posición, porque representaría un retroceso de los últimos tres meses de trabajo además de que fue el único municipio donde logró el objetivo de impedir las elecciones.
En Ayutla, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla informaron que en una reunión en la cabecera del municipio decidirán si entregan la Presidencia Municipal, pues existen órdenes de aprehensión contra activistas del movimiento en el municipio así que exigirán el retiro de dichas denuncias.
Debe considerarse que en este municipio ya existe el Consejo Municipal Popular de Ayutla (CMPA), formado por vecinos del municipio y pretenden que sustituya al presidente municipal.
En Tlapa, una semana después de la confrontación violenta que culminó con el asesinato del dirigente Antonio Vivar, la Casa del Taxista, lugar de reunión de los choferes del Sitio Juárez, fue quemada en las primeras horas del domingo 14 junio.
Los taxistas de ese sitio formaron parte del grupo que desalojó del Palacio Municipal a los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) la noche del lunes 1 de junio, además de que el viernes 5 agredió a pedradas y golpes a maestros que participaban en una manifestación.
A su vez la Asamblea Nacional Popular (ANP) llamó a la conformación de gobiernos populares municipales, a partir de las Asambleas Populares Municipales, convenciones estatales populares o asambleas de barrios y colonias y a defender a Ayotzinapa garantizando su continuidad.
Además se acordó la 13 acción global por Ayotzinapa y por México para el 26 de junio bajo el nombre 43 X 43, que implica 43 horas de acciones y movilizaciones a escala nacional.
El narcotráfico
La agresión armada de que fueron objeto los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a la altura del rancho La Fortaleza, que perteneciera al líder abatido de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González, conocido como el Chayo, recuerda la presencia del grupo en Guerrero.
El 17 de mayo en Coyuca de Catalán, Guerrero, policías federales capturaron a Omar Pliego Pineda presuntamente encargado del trasiego de drogas de este grupo criminal hacia Estados Unidos y Marcos Porfirio Navarro Peñaloza, hermano de Salvador Navarro Peñaloza, alias el Zarco, exjefe de plaza de Los Caballeros Templarios en la zona de Tierra Caliente.
Si las nuevas autoridades hablan hacer cicatrizar la herida, los grupos de movilizaciones buscan echarle jugo de limón.