Entrevista a Manuel Gil Antón/Investigador de El Colegio de México

Nora Rodríguez Aceves

La realidad ha superado el sueño dorado del presidente Enrique Peña Nieto de transformar México a partir del mejoramiento de la educación. La reforma constitucional en materia educativa, aprobada por el Congreso Constituyente Permanente y promulgada por el presidente de la república, el 26 de febrero de 2013, desde su anuncio provocó una gran controversia y debate entre los diversos sectores de la población, además marcó el inicio de la confrontación entre el Ejecutivo y la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dado que la reforma estableció elementos fundamentales para “impulsar una transformación profunda de la educación en el país, según el gobierno federal, pues obliga al Estado a garantizar la calidad de la educación pública gratuita —preescolar, primaria, secundaria y media superior—; la creación de un servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como órgano constitucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación.

Además, la reforma constitucional da pauta a leyes secundarias que se materializaron con una serie de reformas a la Ley General de Educación (LGE) y con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De manera complementaria fue mejorado el marco para el financiamiento de la educación básica mediante reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.

Marco jurídico que provocó la molestia y el enojo de una gran cantidad de maestros y organizaciones civiles que han expresado su inconformidad por la evaluación a la que serán sometidos los profesores, pues argumentan que, más que una reforma educativa para mejorar el sector, es una reforma privatizadora, administrativa y política que va en contra de los derechos laborales y sindicales del gremio magisterial.

En opinión del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), la evaluación a docentes que se realiza en el país tras la aprobación en 2013 de la reforma constitucional en materia educativa y de las leyes secundarias en 2014 es “sólo una herramienta que descubre las dimensiones de los problemas educativos del país, pero no produce en sí misma una mejora ni se enfoca en las causas que deben ser atendidas por el gobierno federal y los gobiernos estatales”.

La reforma es un engaño: Ordorika

Para Imanol Ordorika, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM), la reforma educativa es un engaño: “La evidencia del engaño es la ausencia de una propuesta educativa, la falta de una reflexión sobre la realidad actual, el futuro de México… El engaño se funda en un mito, es un mito insostenible, la idea de que la evaluación de profesores de educación básica es la acción fundamental para elevar la calidad educativa”.

De igual forma para el académico de la UNAM Ángel Díaz-Barriga afirma que “el panorama actual nos permite ver que la evaluación docente es ante todo un tema político”.

“En la realidad, la dimensión educativa de la evaluación ha sido irrelevante desde que se procesó la legislación; de ahí la ingenuidad del Congreso al pensar que podía evaluar a cuatro millones de maestros en sólo cuatro años”, comenta.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, en entrevista con Siempre! coincide con estas posiciones expresadas por sus colegas, “la reforma educativa fue un proyecto más político que educativo, fue un proyecto que careció de horizonte educativo, es por eso que estamos ante una reforma mal llamada educativa porque en realidad es una reforma administrativa del sector escolar del país porque lo que modifica son los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente, pero no ofrece un proyecto educativo renovado que mejore las condiciones de aprendizaje de los niños a través de la acción de los profesores; entonces, lejos de que el Estado recupere la rectoría de la educación, lo que el Estado recuperó fue la rectoría de la administración de los puestos”.

Por eso para el experto en materia educativa es un buen momento para reflexionar sobre estos acontecimientos que se han suscitado desde el anuncio de la reforma en diciembre de 2012. “Estamos a buen tiempo de pensarlo, que haya tiempo para cambiarlo o fuerza política para cambiarlo, muy probablemente la cuestión con la coordinadora en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, etc., rebasa lo educativo porque son movimientos sociales que tienen una agenda más amplia que la simplemente educativa. Están en contra del proyecto de desarrollo, en conjunto, del país, por lo tanto ahí no es un problema exclusivamente educativo, es un problema de una oposición al proyecto de nación que está en vigor. Pero en los otros estados, en las otras entidades de la república, las que el secretario Chuayffet dice, pues en 29 estados se está aplicando la evaluación sin ningún problema, el problema es que él cree que no hay problemas, no entiende que hay problemas y los problemas son que ese tipo de evaluación y ese tipo de tratamiento a los profesores no producirá automáticamente mejoría educativa, tienen que hacerse muchas cosas más y no se están haciendo.”

Evaluar, evaluar… y evaluar

De ahí que se le plantee al académico si habría que cambiar nuevamente la legislación en materia educativa, a lo que responde que “los cambios legislativos que se hicieron fueron sobre la base de una simplificación y, en consecuencia, lo que se debería hacer para una reforma educativa, a mi juicio, sería convocar a un grupo de pedagogos de altísimo nivel, de profesores con mucha experiencia, de personas expertas en la organización de procesos de cambio para generar un diseño de política pública que sea más eficaz que el actual, el cual se circunscribe exclusivamente en evaluar, evaluar y evaluar; entonces los cambios legislativos que se hicieron establecen, por ejemplo, candados tales como que cada profesor tiene que ser evaluado cada cuatro años, y son un millón 200 mil profesores divididos entre cuatro cada año tendrán que ser evaluados para permanecer en su empleo en sucesivas pruebas 300 mil al año, eso implicará hacer evaluaciones masivas de alto impacto que no permitirán observar realmente quiénes son las profesoras y los profesores que generan en efecto metas de aprendizaje y quiénes son aquellos profesores y profesoras que requerirían apoyo; es decir, ya la Constitución al estar reformada ha conducido la reforma a un callejón sin salida, que es examinar a 300 mil cada año en una gigantesca diversidad de opciones como son primaria indígenas, primarias generales, secundarias técnicas, secundarias rurales, secundarias, telesecundarias, sistemas de bachillerato muy diversoa, profesores y profesoras de muy distinta edad”.

“Los que planearon esta reforma educativa no tienen ninguna idea de educación ni ninguna idea de la complejidad que conforma el magisterio ni de la complejidad de la importancia y dificultad que significa ser un buen profesor. Creyeron que el buen profesor es aquél que sabe mucho, y se puede evaluar cuánto sabe y no, como es el caso, el mejor profesor es aquél que genera ambientes en los que se puede aprender aunque no sepa todo, pero sí domina pedagógicamente lo que tiene que enseñar, entonces ya se echó a perder el impulso social para una reforma educativa y, en consecuencia, será necesario volver a acumular suficiente fuerza para hacer una reforma educativa de fondo, pues ésta no se echará atrás y desgraciadamente habrá muchísimas evaluaciones pero muy poquito avance en el aprendizaje de los niños”.

La falla estructural de la reforma

A más de dos años de la promulgación de la reforma constitucional el investigador comenta que con el tiempo ha puesto más claras y en orden sus ideas sobre el tema, por eso dice que esta reforma educativa tuvo una falla, un problema estructural desde el inicio que consistió en suponer que la principal causa de los problemas educativos en el país eran las y los profesores y, por lo tanto, la única solución era evaluarlos a mansalva. La causa fundamental era que las y los docentes eran malos, indolentes, flojos, ignorantes; se construyó socialmente una imagen del magisterio como la única causa de los problemas y luego se pensó que la solución era evaluarlos para quedarnos nada más con los mejores.

“Este problema es falla estructural por varias razones: una, porque es una barbaridad predicar que un millón 200 mil personas que forman el magisterio de la escuela básica, y luego un millón y medio, si incluimos a las de la escuela media superior, es una barbaridad de concepción pensar que todos son iguales, la supuesta homogeneidad de todo el magisterio caracterizado por esos términos es un gravísimo error.”

La segunda es que “la reforma supone que un problema que tiene diversas causas se reduce a una sola, esto es, los problemas educativos en México, por supuesto, que tienen que ver con las y los profesores pero también con la infraestructura, con los programas de estudios, con los materiales educativos, la formación inicial de las normales, con la formación continua de los profesores en servicio. Los resultados educativos o de aprendizajes bajos que tiene México son consecuencia de una forma muy compleja de anudarse todos estos elementos; y, sin embargo, se decidió que todo el problema era uno y toda la solución era una, esa simplificación marcó la reforma con un pecado original, con una falla de origen”.

Pecado original que, según Gil Antón, impide que la reforma cumpla con su principal objetivo: buscar una educación de mayor calidad, “porque esa falla de origen de reducción a una sola causa y a una solución no modificará la calidad educativa ni los resultados de aprendizaje porque le apostó a un solo factor y le apostó a un solo mecanismo, por lo tanto es muy poco probable que se generen en los próximos años movimientos espectaculares de mejora”.

Una reforma educativa tiene que “cristalizar en la mejora del aprendizaje, aunque sea después de bastante tiempo, porque los cambios educativos son lentos; pero como están las cosas, con el tipo de evaluación que se está desarrollando, en ausencia actualmente de un modelo educativo renovado, sin modificar los planes de estudios de las normales, sin claridad en cuáles son las instancias de renovación de los conocimientos y de los aspectos pedagógicos de los profesores y profesoras es muy poco probable que se tenga un cambio. Lo que sí se tendrá son conflictos laborales cuando a profesores que entraron de las normales o de escuelas particulares o públicas de educación, pues ahora ya no sólo las normales pueden aspirar a hacer profesores, es decir, cuando varios o miles o decenas de miles se consideren que no son contratables porque no pasaron las evaluaciones habrá conflictos laborales, habrá negociaciones de este tipo más que posibilidades de hacer valoraciones sobre la base del conocimiento”.