San Quintín no es un caso único
Moisés Castillo
En El agua envenenada, Fernando Benítez retrata de una forma notable un hecho que sucedió en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en 1959: la rebelión de un pueblo contra las arbitrariedades de un cacique. En la novela ese cacique es Ulises Roca, dueño de Tajimaroa. Nadie podía decir cuántas tierras poseía, ni cómo le hizo para hacerse de ellas. Lo que sí sabían los jornaleros es que eran explotados por don Ulises: los indios se referían amargamente a su condición de peones mal pagados mientras el amo se enriquecía con el cultivo de sus tierras.
Esta tragedia sigue vigente en el México del siglo XXI, donde se habla de democracia cuando más de la mitad de la población se encuentra sumida en la pobreza. Tuvo que explotar el caso del Valle de San Quintín para evidenciar no sólo las terribles condiciones laborales de los jornaleros agrícolas de Baja California, sino de la mayoría de los estados del país.
Los jornaleros del norte obtuvieron una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio en la mesa de diálogo con autoridades federales y estatales, que incluye el compromiso de establecer un salario base de 200 pesos diarios y otorgar el registro como sindicato a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Al final, los resultados de las negociaciones con los empresarios quedaron de la siguiente manera: las compañías agrícolas de la zona estarán clasificadas en tres diferentes niveles, las cuales deberán pagar, como salario mínimo diario, 150, 165 y 180 pesos. Esta cláusula depende de las características y capacidad económica de cada unidad productiva.
Para Amnistía Internacional el caso San Quintín es un claro ejemplo de violación de derechos humanos que se deriva de un contexto en el que existe pobreza y desigualdad, y que se extiende a otras zonas de México.
“Desafortunadamente, San Quintín es un caso que es visible ahora, pero el problema de los jornaleros y de la migración interna en México es un problema grave desde hace muchos años y no va mejorando y no pinta para que mejore, creo que estos casos nos abren los ojos”, señaló Perseo Quiroz, director general del organismo internacional.
La lucha de San Quintín destapó las condiciones precarias en las que laboran miles de jornaleros y los abusos de que son objeto por parte de empresarios, dueños de grandes ejidos e intermediarios. Todos ganan menos los jornaleros.
Hay que buscar la vida
Minutos antes de que el sol se esconda, un grupo de 60 jornaleros indígenas aguardan la esperanza y el consuelo. Hombres, mujeres y niños esperan sentados la llegada del transporte que los lleve de regreso a su natal Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, Guerrero. La cosecha no fue nada buena y no tienen recursos para volver a casa. Están varados. Los rostros de hombres y mujeres se tornan tristes, porque para ellos el presente importa mucho, es la posibilidad de comer o no.
Cada vez que salen de su pueblo recuerdan el motivo de su marcha: no hay vida en este lugar. Quizá alguien piense en voz baja: ¡lo que importa es que hoy me largo! Pero el tiempo es cruel, nadie puede escarparse de la sombra del pasado.
Los niños no saben qué diablos está pasando, ríen y juegan. Esperan. Algunos duermen en los brazos de sus madres. Viven en una pequeña casa blanca que se ubica en la comunidad Palmito del Verde, municipio de Escuinapa, Sinaloa. El piso es de tierra y todos duermen sobre cartones y cobijas. La mala temporada en la cosecha de chile los obliga a retornar, a pesar de que trabajaron en varios ejidos de dos o tres hectáreas. Ellos están dispuestos a pizcar horas extra, si es necesario, para “ganar unos centavitos más”.
Daniel García es el representante de varios de ellos. No puede ocultar la frustración que siente de trabajar mucho y ganar poco: 10 horas de jornada laboral por 60 pesos. Llegan al campo a las 7 de la mañana y terminan a las 5 o 6 de la tarde. La arpilla se paga a 20 pesos. Cada persona, al día, logra llenar tres de esos costales. Nadie conoce al contratista, ni siquiera Daniel que sólo atiende el llamado de sus contactos para que se trasladen a los sembradíos de Sinaloa. Dice que con 60 pesos diarios no es suficiente para sobrevivir, hay que pagar renta de vivienda entre mil 500 y tres mil pesos. Dieciséis adultos y cinco niños pasan la noche apretados en un cuarto mal construido.
Daniel dice que el trabajo escasea y es mal pagado. El ánimo también se esfuma. Hay cierta rabia y coraje en sus ojos café. Pronto, él y sus vecinos ya no estarán en una tierra que les prometió salidas y sólo les dejó un trago amargo. En esta tarde-noche de abril sólo se escucha el ladrido de los perros, mientras los jornaleros están cansados de tanta desgracia.
“El gobierno estatal nos ha dado la espalda, no hemos tenido ningún beneficio. Más que nada hay que buscar la vida. La vida no es justa allá de donde venimos, no tenemos agua ni drenaje, la luz nos llega cara. Estamos como si fuéramos unos animales. Si hay chance de trabajar en otro lado lo hacemos, vamos a Zacatecas, Chihuahua, donde haya trabajo. Queremos trabajar, si no qué hacemos.”
Antes de abordar el autobús que gestionó la Delegación Federal del Trabajo de Sinaloa, el señor Santos García Guzmán se queja de que el dueño del ejido —quien nadie conoce— sólo les ofreció un galón de agua por día para todos los jornaleros. Obviamente no contaron con servicios de salud u otro tipo de seguro médico.
Él representa al resto de los campesinos que también acudieron al llamado de cosechar chile. Coincide con su compañero Daniel que 60 pesos no sirven para nada, porque hay que pagar hospedaje y comida. En esa misma casa blanca, en otra habitación, 39 personas tuvieron que acomodarse para pasar varias noches mientras duró el empleo.
Hileras de costales, hileras de niños
A un kilómetro de la comunidad Palmito del Verde, un grupo de jornaleros cosecha chile serrano. El calor es asfixiante, se observan algunas nubes solitarias. Entre el plantío se asoman niños que apenas pueden cargar cubetas de 20 litros en donde depositan el producto. Ahí está Tomás que lleva tres años en este ejido trabajando, tiene 10 años de edad y es originario de la sierra de Guerrero. En tiempo de vacaciones escolares viaja con sus padres para la pizca de chile y otras verduras. Para él es natural ayudar a su familia en las labores del campo, no tiene opciones. Dice que por día gana 150 pesos.
Los demás menores también son de la sierra guerrerense. Todos sonríen a pesar de la rutina infernal: cortar y cortar con sus pequeñas manos que, al final del día, se ven irritadas, con ampollas, desgastadas. Llenan costales verdes y los colocan en hileras. ¿Pueden olvidar que son niños? Sus pies sienten la dureza de la tierra. Ahí está Silvia, de 9 años, quien viste una sudadera rosa de Minnie Mouse; Fermín, de 12 años, porta una playera de Goku; Nicolás tiene 7 años y no le gusta laborar… Lety cumplió hace poco 16 años y dice que aún no sabe cuánto les van a pagar por arpilla. En estas tierras la incertidumbre es la regla.
Serafín Luna es el líder de la cuadrilla, conoce a todos los jornaleros y supervisa que hagan bien la recolecta. Es un hombre joven que desconoce quién es el verdadero patrón. Explica que el horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no hay agua ni comida para los jornaleros agrícolas. Dice que cuando se cumpla el “contrato” (en realidad todo es de palabra) cada familia se regresa a su pueblo con su propio pasaje. No hay asistencia médica ni sanitarios ni mucho menos capacitación del personal. Las violaciones a la ley laboral son evidentes. El círculo vicioso predomina en el campo mexicano: el patrón es invisible, los intermediarios pagan pero no se hacen responsables de los trabajadores, y el líder de cuadrilla supervisa la jornada laboral. Todo es un misterio. No hay contratos firmados entre las partes, sólo se les paga en efectivo, nadie sabe la cantidad exacta. En esos ranchos agrícolas no hay espacios para que las familias descansen y pasen la noche, por lo que se ven obligados a buscar en poblados vecinos a alquilar algunos cuartos mal equipados o en “obra negra”.
A lo lejos se ve a Mariano Moreno, camionero e intermediario del patrón que inexplicablemente, asegura, no conoce. Dice que el trato se hizo con un comprador de fuera, porque el dueño del ejido “ni arrima agua” para esa pobre gente, “todo esto da lástima”, trata de explicar el señor tartamudo, de bigote negro, moreno y un poco regordete. Viste una camisa de moda y un sombrero tipo vaquero. Afirma que a él le pagan por arpilla y del valor de cada una descuenta para la gasolina de su camioneta y sus honorarios.
Afirma, con cierto nerviosismo, que en Guerrero no hay trabajo ni hay para comer, todo es feo y seco, en la montaña no hay nada. Sólo transporta a los jornaleros hacia los ejidos de la zona. La contradicción es clara: los niños comentan que les pagan 150 diarios, sus madres explican que todavía no saben cuánto les van a pagar, y Mario Moreno detalla que no tienen sueldo fijo. El patrón manda el mensaje a los intermediarios: el pago es tanto, si no quieren “mándalos a la chingada”. La realidad siempre se impone.
“Desde Guerrero ya están contratados pero sin el patrón. A veces no hay nada de trabajo. Es el primer día que vengo con él. Estamos buscando para donde irnos: Chihuahua, Hermosillo. Aquí no hay escuelas, por eso los niños trabajan. Si los dejamos solos allá es un riesgo, ve lo que pasó en Ayotzinapa. Tenemos miedo de dejar a los niños. El patrón está haciendo la lucha para recibir gente pobre.”
Ante este hecho, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acudieron al ministerio público adscrito al municipio de Escuinapa para denunciar que había menores de edad trabajando en ese campo agrícola. El titular del MP Alonso Juárez Pérez se declaró incompetente y dijo que la denuncia se debería presentar en Mazatlán, Sinaloa.
El personal de la Secretaría del Trabajo no tuvo otra alternativa que llevar el asunto a la delegación de la PGR en el estado y presentaron la denuncia de hechos con folio AP/PGR/SIN/MAZ/128/2015/M-III, que pudiera constituir algún delito previsto en la ley laboral y penal como trata de personas y explotación infantil.
Ante las acusaciones de que la Secretaría del Trabajo ha sido ineficiente y le ha “temblado la mano” para castigar a empresarios del campo por abusos cometidos contra jornaleros y campesinos, el subsecretario Rafael Avante aclaró que el programa agrícola de inspección tiene muchos años funcionando y que la ley es muy precisa en deslindar responsabilidades administrativas.
“La autoridad laboral carece de cualquier atribución para propiciar algún tipo de incremento salarial, ni en el caso San Quintín ni en ningún otro puede aconsejar, instar u obligar a los patrones a que aumenten el salario. Se acompaña a las partes, se busca que en un proceso de diálogo y negociación se logren objetivos.”
Números rojos
Ante esta problemática, el gobierno federal, vía la Secretaría del Trabajo, lanzó el 6 de enero pasado el operativo México con trabajo digno —que promueve el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores—, con los siguientes resultados en lo que va de 2015:
>Inspecciones: 49 mil 122 (Participan 54 unidades administrativas de la ST con el apoyo de 895 inspectores federales del trabajo)
>Medidas dictadas: 154 mil 113 (las acciones de la ST pueden ser inmediatas o puede otorgar a los patrones plazos de 90 días para corregir deficiencias)
>Restricción/Limitación de Operaciones: 43 (suspensión parcial o total de actividades en los centros de trabajo)
>Multas aplicadas: 337 millones 914 mil 137.25 millones de pesos
>Trabajadores tutelados: 3 millones 376 mil 733 (empleados beneficiados)
>Resoluciones condenatorias: 2 mil 637
>Empresas visitadas: 46 mil 890
>Menores tutelados: 579 (menores que se encuentran entre los 15 y 17 años de edad y que participan en actividades productivas que no afectan e interfieren en su educación o formación profesional, ni personal)
>Menores rescatados en edad no permitida: 26
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha registrado de 2007 a la fecha la muerte de 40 niños jornaleros o hijos de jornaleros, además de maltratos, violencia, falta de acceso a prestaciones básicas y trabajo infantil. También revela que el 60% de los jornaleros agrícolas son indígenas y que éstos provienen de los estados más pobres como Guerrero, que ocupa el segundo lugar a escala nacional y encabeza la migración interna.
Se ha identificado que, de los municipios que conforman la Montaña de Guerrero, 9 tienen el mayor índice de expulsión de jornaleros agrícolas en el interior de nuestro país: Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlapa, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatláhuac, Alcozauca y Atlamajalcingo del Monte.
Cochoapa el Grande es un ejemplo de lo que se vive en los municipios expulsores de jornaleros: 90% de sus habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario; 50% viven sin agua entubada y 25% no cuentan con energía eléctrica; 78% de las viviendas tienen algún grado de hacinamiento y 32% de éstas son de piso de tierra.
Los jornaleros agrícolas producen alimento para millones de personas, sin embargo más del 30% de ellos no pueden comer 3 veces al día, sufren de vulnerabilidad alimentaria. Los campos de cultivo donde trabajan los jornaleros pertenecen a empresas nacionales y extranjeras que obtienen ganancias por casi 400 mil millones de pesos, pero el salario de los jornaleros no sobrepasa los 110 pesos al día.
De acuerdo con el dictamen que aprobó el Senado para elevar la edad mínima para trabajar en México de 14 a 15 años de edad, nuestro país se encuentra en el lugar 56 de 197 naciones con mayor prevalencia de trabajo infantil, donde las condiciones insalubres, la falta de educación y otros derechos básicos afectan a los menores de edad.
Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la agricultura —que es la actividad principal en la que se ocupan niños y adolescentes— se puede considerar trabajo infantil peligroso aquél que se realiza en jornadas muy largas, condiciones climáticas extremas, lugares insalubres, y que no cuenta con la capacitación laboral adecuada. Incluye, además, actividades en donde se cargan herramientas o cajones muy pesados.
El estudio más reciente de la STPS titulado El trabajo infantil: avances y desafíos revela que en la población infantil ocupada entre 2011 y 2013 se estima una reducción de 540 mil 376 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. Es decir, en 2011 había 3 millones 77 mil 69 menores y en 2013 se redujo a 2 millones 536 mil 693.
El documento detalla que, entre 2011 y 2013, la tasa de ocupación infantil sólo se incrementó (en términos porcentajes) en cuatro estados: San Luis Potosí (1.3), Sonora (0.7), Tabasco (0.7) y Quintana Roo (0.5). En comparación con 2007, la tasa disminuyó en 30 entidades; en Colima permaneció igual y encabeza la tasa de ocupación infantil a escala nacional.
El propio titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que el compromiso firmado en 2009 por parte de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo de erradicar este problema social, no se cumplirá: “Era una meta para 2016 que los países no vamos a lograr, es la realidad”.