Claude Heller
Humberto Musacchio
Estábamos en el entendido de que Miguel Sarre, un académico con larga trayectoria en la defensoría de derechos humanos, sería el representante de México ante el Comité contra la Tortura, organismo de la ONU que vigila y evalúa el comportamiento de los Estados miembros sobre el respeto a la persona.
Con un amplio respaldo de múltiples organizaciones no gubernamentales, Sarre era un candidato más que indicado para cumplir tan delicada tarea. Sin embargo, a última hora, la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió retirar la candidatura y poner en su lugar a un diplomático de carrera sin experiencia en el tema, Claude Heller, lo que manda una ominosa señal.
Sin poner en duda la integridad de Heller, por principio resulta inaceptable que para vigilar su comportamiento en un tema tan delicado como la tortura, el Estado mexicano mande a uno de sus empleados. Así lo entienden las ONG involucradas que han hecho pública su inconformidad con la propuesta oficial mexicana en términos que no dejan lugar a dudas.
“Vemos con preocupación —dicen—que ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la incidencia de la tortura en México, el gobierno mexicano busque afectar la independencia de dichos organismos a fin de invisibilizar el problema de la tortura en México.”
En lo que se refiere a Heller, las ONG expresan: “Consideramos que su cargo como Embajador Eminente de México pone en tela de juicio la independencia que deben tener los integrantes del Comité contra la Tortura”. Más claro, ni el agua.
Todo lector de diarios sabe que en México los cuerpos policiacos y en general las corporaciones represivas torturan de manera cotidiana y sistemática. El tormento de los detenidos forma parte de los “métodos” de investigación y, pese a las evidencias de maltrato, los jueces suelen aceptar las confesiones más inverosímiles extraídas con apremios físicos.
En ocasiones ni siquiera se tortura para sacar confesiones. Con frecuencia los representantes del Estado —policías, militares, marinos, agentes del ministerio público, celadores— abusan de los detenidos por mero sadismo, sin excusa y sin más propósito que proporcionarse placer mediante el dolor ajeno. Pero el actual gobierno cierra sus ojitos ante la terca realidad y procede como en otros casos.
Recuérdese que para combatir la corrupción de los gobernantes, algún expresidente inventó la Contraloría de Federación, a la que dio carácter de secretaría de Estado y la hizo depender directamente del principal vigilado: el Presidente de la República. Ahora la cancillería procede en esa línea promotora de abusos y complicidades: un representante del gobierno torturador vigila a los torturadores. ¡Felicidades!