¿La PGR y la Fiscalía?
Alejandro Zapata Perogordo
Una de las grandes innovaciones de los últimos tiempos consistió en la transformación de la Procuraduría General de la República, a través de la reforma al artículo 102 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2014, en la Fiscalía General de la República.
Se trata de un cambio sin precedente en la historia de México, en tanto que no ha existido una figura similar, donde se concentra enorme poder al ubicar la nueva institución como órgano público autónomo, independiente de los poderes, cuyo titular no forma parte del gabinete y trasciende las administraciones sexenales, procurando con ello, poner distancia de los vaivenes políticos y las presiones que ello entraña.
En esa consideración, dado que la Fiscalía General de la República tendrá a su cargo el ejercicio de la acción penal, mando policiaco y controles de inteligencia y espionaje para combatir el crimen organizado, asimismo, lo concerniente a los delitos electorales y aquellas conductas punitivas vinculadas con la corrupción, es evidente que adquiere inusitada fuerza, dadas las atribuciones necesarias para desarrollar tan delicada función. Por lo mismo, las Cámaras de Diputados y Senadores establecieron dos candados en el régimen transitorio de la reforma.
El primero consiste en que los cambios en la carta magna entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias y, de forma excepcional, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Una vez satisfechos esos requisitos, quien ocupe el cargo de procurador general de la república, quedará a partir de ese momento designado por un periodo de nueve años, como fiscal general de la república.
El segundo consistió en reservarse por única ocasión los nombramientos de los fiscales especiales en materia electoral y de combate a la corrupción a efecto de que sean designados por la Cámara de Senadores.
A finales del año pasado, la Cámara de Diputados envió, en calidad de minuta a la colegisladora, la propuesta de reformas respectiva para su aprobación. Asimismo, a principios del actual, se nombró como titular de la Procuraduría General de la República a la exsenadora Lic. Arely Gómez, quien formaba parte de la bancada priista, persona que conoce el tema. Un dato por demás interesante consiste en que la persona nombrada como fiscal general, cuando menos a como van los tiempos, estará hasta 2024, es decir, lo que resta del sexenio y la totalidad del siguiente.
Lo curioso del asunto es la lentitud de la Cámara de Senadores, que sobre el tema ha preferido hacer mutis, prácticamente ni una palabra, tal parece que estará así cuando menos hasta el final del año, cuestión que sobre el camino deja dudas, transmite inquietudes y abre especulaciones, por lo visto, el terreno sigue empantanado y sin novedad en el frente.