De Huitzilac (1927) a Ayotzinapa (2014)
Raúl Jiménez Vázquez
El uso de la violencia por parte del Estado ha sido una constante a lo largo del tiempo. En los albores del México de la posrevolución, la reseña histórica comienza con la ejecución en Huitzilac del general Serrano y otros oponentes de Álvaro Obregón, acaecida en 1927, y el ataque en 1946 a los sinarquistas de León, Guanajuato.
En el periodo 1950-1967 se llevaron a cabo otros actos de brutalidad gubernamental: I) el acoso militar a la caravana de mineros de Nueva Rosita, Cloete y Palau, 1951; II) el ametrallamiento de simpatizantes de la candidatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán, 1952; III) el asalto militar al internado del Politécnico; IV) la represión contra el movimiento magisterial, 1956; V) la represión contra el movimiento ferrocarrilero, 1958; VI) el asesinato del líder zapatista Rubén Jaramillo y su familia; VII) la matanza de militantes del Movimiento Cívico Guerrerense, 1960; VIII) la brutal agresión contra el doctor Salvador Nava y otros integrantes del Movimiento Cívico Potosino, 1961; IX) el aplastamiento del movimiento de los médicos, 1965; X) la ocupación militar de la universidad nicolaita, 1966; XI) la ocupación militar de la universidad de Sonora, 1967; XII) la masacre de copreros en Acapulco, 1967; XII) la matanza de Atoyac, 1967.
Posteriormente, la violencia estatal sufrió una vertiginosa escalada que se puso de manifiesto con el genocidio de Tlatelolco, el ataque del grupo paramilitar de Los Halcones, la guerra sucia, la cruel ejecución de indígenas tzotziles en la ermita de Acteal y las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque.
Esta línea se continuó con la guerra antinarco y su espeluznante saldo: más de 100 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos, más de 10 mil huérfanos y más de 200 mil desplazados. La fiscal de la Corte Penal Internacional está próxima a pronunciarse a este respecto.
La tendencia no ha disminuido, al contrario, se ha visto recrudecida con la ejecución sumaria de civiles perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas en Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y las muertes a granel ocurridas en Apatzingán y Ecuandureo.
A diferencia de lo sucedido en tiempos pretéritos, lo que hoy estamos viviendo son acciones armadas propias de una guerra que se han prolongado a lo largo de casi nueve años, en la que incluso se han utilizado lanzacohetes capaces de derribar aeronaves blindadas.
Es decir, el país está inmerso en un conflicto armado interno al que le es aplicable el derecho internacional humanitario, particularmente los Convenios de La Haya, relativos a los métodos y medios de combate, y el artículo tercero común de los cuatro Convenios de Ginebra, donde se previene la eventual intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja.
¿Será acaso ésa la razón por la que México acaba de inscribir nueve zonas arqueológicas en el registro de la UNESCO destinado a la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado?