Pederastia clerical
Humberto Musacchio
El señor Gonzalo Galván Castillo es cómplice de pederastia y debería estar en la cárcel, pero se trata de un obispo católico y la institución eclesiástica decidió protegerlo como ha protegido a tantos sacerdotes involucrados en el mismo delito.
En 2009, un joven denunció al sacerdote Horacio López, quien había abusado de él cuando el muchacho tenía 11 años. El pederasta, quien pertenecía a la diócesis de Autlán, recibió la protección de su obispo, el citado Galván Castillo, quien lejos de denunciarlo y entregarlo a la autoridad civil, optó por encubrirlo y solamente lo cambió de parroquia dentro de la misma jurisdicción eclesiástica.
La víctima y su familia insistieron en que Galván había protegido al cura pederasta. Como hubiera otras quejas sobre el desempeño del presunto guía espiritual, intervinieron las autoridades de su iglesia y lo obligaron a dimitir, hecho que El Vaticano difundió sin hacer referencia a las causas, sino señalando escuetamente que el papa Francisco había aceptado la dimisión de acuerdo con el artículo 401.2 del Código de Derecho Canónico.
Incurrió en la misma omisión la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que emitió un escueto comunicado informando de la dimisión, pero sin mencionar las causas ni dar más detalles. Ni la CEM ni el Vaticano dijeron dónde se halla el cura Horacio López ni informó del paradero de Galván Castillo, pese a que se trata de dos criminales.
Para colmo, el Ministerio Público ha hecho mutis y, hasta donde se sabe, no ha tramitado las correspondientes órdenes de aprehensión contra el par de delincuentes, que al parecer no sólo gozan de la complicidad de otros individuos de sotana, sino que también están protegidos por autoridades civiles, sin que eso parezca preocuparle a la Secretaría de Gobernación, autoridad del caso.
Sobre la tendencia de los gobiernos panistas y priistas para proteger a sacerdotes pederastas habla elocuentemente el caso del también presbítero Guillermo Gil Torres, de la diócesis de San Luis Potosí, repetidamente acusado de abuso sexual contra menores, pero liberado por el juez cuarto de lo penal porque “no se encontraron los elementos probatorios de una culpabilidad”.
En febrero de este año, el papa Francisco instó a los obispos a no encubrir los casos de pederastia e incluso, en junio, autorizó la creación de un tribunal para juzgar los casos de “abuso de poder”, forma suave de llamar a las relaciones sexuales con niños. Pero los criminales de sotana pueden dormir tranquilos. La iglesia a la que pertenecen los protege tanto como las autoridades civiles de México.