Entrevista a Carlos de la Rosa/Investigador del CIDAC
Moisés Castillo
Hace cinco años, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de los partidos en el Senado que había ciertas negativas dentro del Ejército de la guerra antinarco: “Ya tengo resistencias de generales a participar en el combate al narcotráfico, porque carecemos de protección”. Además pronosticó, en ese momento, que los soldados permanecerían en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del presidente de la república o la aprobación de un decreto del Congreso.
Ese disgusto en el interior de la Sedena continúa y el Ejército está en el “ojo del huracán” por el caso Tlatlaya, donde hace un año soldados dispararon “indebidamente” contra civiles que estaban en una bodega de ese municipio del Estado de México, donde murieron 22 personas, señaló el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, en entrevista con El Universal, admitió su molestia con respecto a ciertos informes de derechos humanos y afirmó que no se sienten a gusto haciendo las funciones de policía.
“Necesitamos cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados… Contando con buena seguridad social los cuerpos policiacos serán mejores y podrán atender sus responsabilidades. A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponda.”
Y es que México no sale bien librado en el reporte 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en el mundo, justo por los casos de Tlatlaya y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
“Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de la policía y militares en abusos graves, como asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos. La impunidad y la corrupción siguieron siendo problemas graves en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial, especialmente en los ámbitos estatales y locales”.
Destaca el hecho de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de militares, “algunos supuestamente después de rendirse”. Grupos del crimen organizado “también fueron responsables” de muchos asesinatos similares, “a menudo con impunidad y coaligados con funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad”.
Informe unilateral
Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó como “un ejercicio unilateral” el informe anual elaborado por la oficina del Secretario de Estado, John Kerry.
“No obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión… México reitera su indeclinable compromiso con la protección de los derechos humanos en nuestro país y el Estado reconoce los retos actuales y reafirma su voluntad de continuar intensificando sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia.”
La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, dijo que a pesar de que un oficial y seis soldados esperan juicio por este caso, “hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que amplíen sus investigaciones e incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas”.
¿Es momento de cambiar la estrategia antinarco? Especialistas en seguridad nacional sugieren construir una agenda de reforma policial en México, rediseñar el federalismo y asumir responsabilidades compartidas que impidan que casos como Tlatlaya e Iguala se repitan.
El mismo titular de la Sedena pide una ley de seguridad interior y una ley de defensa nacional para delimitar las acciones del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada.
“Lo que creo que es que hay un vacío importante, pues del artículo de la Constitución hacia abajo no encontramos ninguna ley reglamentaria, no hay nada que diga cómo deben de actuar las Fuerzas Armadas, hasta dónde, en qué lugar, en qué tiempo; creo que hace falta llenar este vacío y me parece que tendría que pensarse en una ley de seguridad interior y una ley de defensa nacional, que son los dos conceptos que maneja el artículo 89, fracción sexta.”
Seguirá recibiendo críticas
Carlos de la Rosa, Investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), no observa ninguna intención de un viraje en la estrategia de seguridad pública, por lo que, sin una ley reglamentaria, el Ejército mexicano seguirá recibiendo críticas por su desempeño en las batallas de la guerra antinarco.
“Los comentarios del general son bastante válidos y muestran una preocupación por parte del Ejército, porque carece de una ley reglamentaria que regule sus actividades. Se encuentra en una posición incómoda, obligado a desempeñar tareas que no le son propias y desprotegido porque no cuentan con una legislación que regule sus acciones.”
Desde que lanzó Felipe Calderón la guerra contra el narco se cuestionó que el Ejército saliera a las calles. El general Salvador Cienfuegos acepta que están molestos por los costos que ha tenido la institución militar. ¿Cómo debe comportarse el Ejército en donde la disciplina es fundamental hacia el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es Enrique Peña Nieto?
Desde un inicio se cuestionó la estrategia de seguridad de Calderón, porque le asignó tareas al Ejército que no eran propias y no tenían las competencias para desarrollarlas. El tema de seguridad pública no es un tema que compete al Ejército sino a las policías. Lo preocupante es que ha pasado casi una década desde que comenzó la estrategia antinarco y no se ve que vaya a cambiar. Vemos que el Ejército sigue siendo utilizado en temas de seguridad pública y aún no se desarrollan las capacidades en las policías para que retomen estas funciones.
En el Ejército no están muy conformes con la lucha contra el narcotráfico, ¿es costoso para el país que el Ejército pierda confianza y credibilidad?
Una de las instituciones que ha salido más dañadas de toda esta estrategia de seguridad, de la guerra contra el narco, ha sido el Ejército. El Ejército ha pasado de ser una de las instituciones más confiables a una de las instituciones más señaladas con respecto a violaciones de derechos humanos. Las declaraciones del general son comprensibles porque el Ejército se encuentra en una situación bastante incómoda, se le exige desempeñar tareas que no le corresponden y no está capacitado.
Recuento de violaciones a derechos humanos
¿Cuáles son las repercusiones reales de este informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos?
Básicamente lo que observo en el informe 2014 es que hace un recuento de las violaciones más graves de derechos humanos. A diferencia del reporte del año pasado que se concentró en las autodefensas, este documento pone mucho énfasis en el tema que tiene que ver con violaciones graves de derechos humanos, específicamente en casos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas. El contenido del informe no debería sorprender a nadie en México, porque estos temas han sido señalados por organizaciones civiles y medios de comunicación. Pero lo que esta vez es distinto es que el informe viene del gobierno de Estados Unidos, en este sentido tiene una mayor relevancia. ¿Tiene efectos este informe en la relación México-Estados Unidos? Realmente no tendrá mayores consecuencias. Hay mucho interés del gobierno estadounidense en realizar inversiones y apoyar el tema de seguridad con proyectos como la Iniciativa Mérida o los apoyos que se dan para la implementación de la reforma penal. Lo que hace el informe es puntualizar y poner focos específicos que realmente le interesan a Washington.
¿Este informe es una forma de “intervención sutil” en asuntos internos de México?
No considero que sea una especie de intervención, porque la agenda de derechos humanos es una agenda compartida internacionalmente. México tiene compromisos internacionales firmados en materia de derechos humanos. En 2011 se promulgó la reforma constitucional en derechos humanos, hay un compromiso explícito de México en la materia.
¿Coincides con la cancillería en el sentido de que este ejercicio es “unilateral”?
La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia este informe nos recuerda la del año pasado con respecto al informe presentado por Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura. Se reveló que en México la tortura era una práctica generalizada en todas las fuerzas de seguridad, en esa ocasión se desestimó el documento diciendo que faltaba sustento. Esta vez se menciona que es un ejercicio “unilateral”. Lo que es evidente es que se están tocando temas sensibles que al gobierno de México no le gusta que sean evidenciados. Por otro lado, no es un informe unilateral porque, si se hace un revisión del documento, nos damos cuenta de que se están señalando temas que han sido parte de la agenda pública el último año. Sólo se hace un recuento a partir de información que es pública sobre estos acontecimientos.
Permanecen ciertas prácticas ilegales
México no sale bien calificado por los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, ¿son sesgadas las acusaciones?
Es bastante preocupante que desde 2008 estemos inmersos en una transición que busca trasformar el sistema de justicia, pasar de un sistema de corte inquisitivo, con prácticas que eran violatorias a los derechos humanos, hacia un sistema acusatorio que de entrada es mucho más garantista. A pesar de que llevamos siete años en este proceso vemos, como lo señala el informe, que ciertas prácticas ilegales aún permanecen. El tema de la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales, el abuso de la prisión preventiva y el tema preocupante de las ejecuciones extrajudiciales. El informe se enfoca en el caso Tlatlaya, pero siete años después de que comenzaron estas reformas persisten prácticas violatorias a los derechos humanos A pesar de que el gobierno mexicano presuma en el exterior un andamiaje normativo e institucional, permanecen esas deficiencias institucionales.
¿La salida adecuada es, como propone el general Cienfuegos, crear una Ley de Seguridad Interior y una Ley de Defensa Nacional para delimitar las funciones del Ejército?
La salida adecuada a esta situación es desarrollar las competencias y capacidades necesarias en la policía para que realmente se haga cargo de la seguridad pública. El peligro con hacer legislación especial para regular el tema del Ejército desempeñando tareas de seguridad pública es que podemos hacer normal la excepción.
El Congreso acotó el fuero militar, ¿fue un error o un acierto en medio de la lucha antinarco?
Eliminar el fuero militar fue un acierto, que viene respaldado no sólo de una decisión del gobierno federal sino también por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Radilla: reducir los alcances del fuero militar para que los militares en caso de que realicen ejecuciones sean juzgados en tribunales civiles.
¿Urge un cambio en la estrategia antinarco para evitar casos como el de Tlatlaya y Ayotzinapa?
Está pendiente un cambio en la estrategia de seguridad que implique hacer que las policías realmente se hagan cargo de la seguridad pública y que el Ejército retome sus funciones propias. Y también queda pendiente implementar adecuadamente la reforma penal de 2008 y esto significa desarrollar capacidades en todas las instituciones del sistema de justicia, en los poderes judiciales, en las procuradurías, en las defensorías públicas, en las policías, para que estos vicios o actos ilegales, como la tortura, desaparezcan. Otro tema pendiente es el establecimiento de una política criminal seria que priorice y focalice los recursos.
¿En este sexenio se dará este gran paso?
La actual administración tiene la obligación de concluir la implementación de la reforma penal de 2008. Esta reforma va a concluir el próximo año, el 18 de junio de 2016, estamos prácticamente a un año de que termine y esta reforma implica cambios sustantivos en todas las instituciones operadoras del sistema de justicia, En específico a la PGR le toca la transición hacia una Fiscalía General de la República, y es muy probable que dentro de un año estén todas las instituciones del sistema de justicia del país operando formalmente el sistema acusatorio.