Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ordenaron este domingo a los guerrilleros “cesar toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada” a partir de las 00.00 horas del 20 de julio, día en que Colombia celebra el 205 aniversario de su independencia.
Una iniciativa que esperan “sea estimada y valorada” por las autoridades, señalaron en un comunicado; también este domingo, la guerrilla liberó a un militar que tenía en su poder, capturado y herido hace dos semanas tras un enfrentamiento en el sur del país, en el departamento del Putumayo.
Sin embargo, el proceso de paz sigue siendo frágil. La guerrilla advirtió que “ninguna unidad de las FARC está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legitima defensa en caso de ataque”.
El alto al fuego, sin embargo, parece que fue precedido de hostilidades en algunas regiones de Colombia. De acuerdo con las autoridades, desconocidos lanzaron este domingo por la noche explosivos contra la sede de la Tercera Brigada del Ejército de Cali (suroeste), sin que se registraran víctimas.
En las afueras de Quibdo, capital del departamento del Chocó (oeste), dos soldados del Ejército fueron heridos por disparos al parecer de miembros del frente 34 de las FARC y también hubo hostigamientos sin consecuencias contra unidades de la Policía y el Ejército en la localidad de Calamar, departamento del Guaviare (sureste).
Punto clave: privativas de la libertad
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por su parte, ha dado un plazo de cuatro meses para decidir si sigue negociando con la guerrilla, luego de más de tres años de pláticas en Cuba y una progresiva caída de la confianza en ese proceso por parte de los colombianos.
Si el grupo rebelde no cumple su tregua y no hay avances sustanciales en definir qué tipo de justicia se aplicará a los guerrilleros, el proceso de paz fracasará definitivamente, declaró Santos.
Al mismo tiempo, el gobierno se comprometió a acompañar la tregua guerrillera con un “desescalamiento” de sus ofensivas militares, hasta acordar el cese bilateral de fuego, que tendrá que ser verificado por la ONU y Uruguay, país que ejerce la presidencia por-témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
El punto clave recae en la aceptación de penas “privativas de la libertad” por parte de la guerrilla, sin lo cual no habrá acuerdo, dijo el mandatario colombiano este domingo en una entrevista publicada por el diario El Tiempo.
Para lograrlo existe “mucha flexibilidad”. Una posibilidad es que paguen penas de cárcel solo los altos mandos de las FARC por los delitos más graves, y el resto de los 7 mil combatientes asuman otro tipo de penas.
Para garantizar la seguridad física de los guerrilleros desmovilizados, se empezará a trabajar esta semana en un sistema de garantías que evite matanzas como las ocurridas en la década de los ochenta y noventa, cuando unos 3 mil guerrilleros desmovilizados adscritos al partido de la Unión Patriótica fueron asesinados por elementos de la derecha.
El objetivo es que las FARC “puedan hacer política, pero sin armas (…) Si no las entregan, todo este ejercicio no tiene ningún sentido. Eso no sería aceptable para mi, ni para el pueblo colombiano, ni para el mundo”.