De nuevo el crimen organizado demostró de lo que es capaz. Un ataque a un helicóptero de la Marina-Armada de México fue atacado desde tierra en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De las críticas de Tlatlaya, como victimarios, las fuerzas armadas pasaron a ser víctimas, o al menos así parecería.
El temido Black Hawk recibió siete impactos de bala cuando marinos realizaban labores de patrullaje aéreo y terrestre a 70 kilómetros de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pese al número de impactos ningún marino resultó lesionado.
Es ahí, donde se puede percibir que la opinión pública solo evalúa la inmediatez y no lo que hay de fondo. El ataque constante a las fuerzas armadas no es más que el resultado de una impulsiva decisión del Estado, orillado por la exigencia de los gobernadores en turno, de las entidades más convulsionadas por el asedio criminal.
“Al que no le guste lo caliente, que no se meta a la cocina”, fueron las palabras del entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Mario Arturo Acosta Chaparro, el primer militar que recibió una orden presidencial de intervenir en un estado de la República para combatir las prácticas más violentas de la delincuencia.
Lo anterior justificaba la ya anticipada crueldad y múltiples violaciones a los Derechos Humanos en el estado del entonces presidente de la República, Felipe Calderón. Así lo advirtió y así fue.
Después siguió la Policía Federal, quien fue la responsable de la seguridad en varios estados de la República, donde han crecido las prácticas terroristas a manos de los grupos en disputa por controlar el territorio mexicano. Estéril práctica, que no acabó con la presencia ni operatividad del crimen organizado, pero que incrementó las vejaciones a la población.
Ahora, es la Marina-Armada de México la que tiene que consumar a gran escala las importantes detenciones; al menos los principales objetivos del Gobierno Federal. Hasta el momento no hay reportes aberrantes de violaciones flagrantes y/o masivas a los Derechos Humanos de parte de los elementos de la Semar.
Lo anterior viene a colación porque desde diciembre del 2008, diferentes voces en el Congreso de la Unión, así como al interior de los partidos políticos del PRI y PRD, era que las fuerzas armadas no deberían estar en la calles haciendo labores de Seguridad Pública.
La ineficiencia de algunos gobernadores y alcaldes, que en muchos de los casos, tienen colusión con el narco, es el principal problema y la piedra angular de que las fuerzas armadas estén en las calles, y de estos encontronazos, cuando lo que se tiene que hacer es una limpia al interior de las instituciones.
El Mando único policial es otra de las herramientas de las que se puede echar mano, pero siempre y cuando se tenga la capacidad de parte de las entidades y del Gobierno Federal para ponerlo en marcha. No es Colombia, es México y es real.
En ataques como el más reciente en Tamaulipas, también habla de la falta de memoria de los poderes legislativos estatales, que no han dado la cara a través de actualizar y reforzar las leyes locales a fin de dotar al Ejecutivo de dientes para la prevención y combate a la delincuencia.
Nada menos, este lunes 06 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que es inconstitucional el artículo 133 del Código Penal de Michoacán, en el que se establecen las sanciones de 4 a 12 años de prisión a quien o quienes se dedican al “halconeo” o de informantes al servicio del crimen organizado.
Para los ministros de la Suprema Corte, este artículo fue mal redactado por los diputados michoacanos, lo que podría penalizar incluso actividades lícitas como el periodismo, la libertad de expresión o el derecho a informar.
Esta resolución es de carácter retroactivo al 21 de enero del 2014 cuando entró en vigor, por lo que todos aquellos que fueron detenidos bajo ese precepto legal, podrían quedar en libertad.
Es importante destacar, que ninguno de los legisladores michoacanos, responsables de construir la iniciativa en cuestión y aprobada por ellos mismos, tenía conocimiento del tema.