Saif al-Islam, el hijo mayor del fallecido dictador libio Muamar Gadafi, es condenado a muerte por el tribunal de Trípoli este martes, además de a otros ocho altos exfuncionarios de ese régimen, por su vinculación con la represión que desembocó en el descontento popular armado en febrero de 2011, lo que llevó a la caída del régimen gadafista en octubre de ese mismo año.
De acuerdo con las indagatorias, los inculpados –el hijo de Gadafi y 32 exfuncionarios más- enfrentan cargos por reprimir las manifestaciones sociales, a través de la incitación a la violencia y el asesinato de opositores, así como por secuestro, saboteo y malversación de fondos públicos.
Considerado el heredero político de su padre, Saif al-Islam, fue detenido en la ciudad de Zintán, a 159 kilómetros al suroeste de Trípoli, por las milicias que se oponían al régimen que encabezaba Muamar Gadafi, quienes se han negado a entregarlo al Gobierno desde su captura en noviembre de 2011.
Entre los sentenciados a muerte figura también el exjefe de los servicios secretos del dictador, Abdullah al-Senussi, y el último primer ministro del régimen, Baghdadi al-Mahmoudi, además del expresidente de los servicios secretos exteriores, Abuzid Omar Durda; el antiguo responsable de Guardia Popular, Mansur Du; y el expresidente de Seguridad Interior, Milad Raman.
La mayoría de los acusados fueron detenidos en Trípoli, en manos de la milicia islamista de Fayer Libia (Amanecer de Libia), afín al gobierno rebelde de Trípoli.
Organizaciones de DH critican juicio
El hijo de Gadhafi no asistió a las nueve sesiones anteriores del tribunal, sólo estuvo presente por medio de videoconferencia; la Corte Penal Internacional (CPI) había solicitado su extradición para juzgarlo por crímenes contra la humanidad, aunque las autoridades rechazan su entrega al decir que el juicio del hijo del dictador era un derecho del pueblo libio.
El juicio, iniciado en abril del año pasado, ha sido criticado por organizaciones en pro de los derechos humanos, que aseguran que los inculpados han tenido un acceso limitado a la defensa y a los documentos clave.
Ante la declaratoria del Tribunal de Trípoli, Human Rights Watch (HRW) instó a las autoridades a que la sentencia sea revisada, al considerar que el juicio presentó violaciones al debido proceso.
El organismo pidió que se revisara el fallo de manera independiente, incluyendo la evaluación de la evidencia y la conducción del juicio.
El proceso “ha estado plegado de creíbles y persistentes argumentos de violaciones a un juicio justo que justifican una revisión judicial imparcial e independiente”, declaró el director alterno de HRW para Medio Oriente y el Norte de África, Joe Stock.
Las víctimas de los “serios crímenes cometidos durante los levantamientos de 2011 merecen justicia, pero ésta sólo puede ser otorgada mediante procedimientos justos y transparentes”, insistió el defensor.
HRW detalló que los abogados de los sentenciados no pudieron hablar en privado con los sentenciados y que, incluso, varios de ellos recibieron amenazas de muerte que los obligaron a renunciar a la defensa.
La declaratoria “sucede mientras conflictos armados combinados con el colapso de una autoridad de un gobierno central han eliminado cualquier semblanza de ley y orden en muchas partes de Libia”, concluyó el organismo.
Información de Excélsior, El Universal y Radio Francia Internacional