Una de las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán apunta a que funcionarios federales (entre ellos el exdirector del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y el director técnico de la misma cárcel, Librado Carmona García) otorgaron información acerca de los planos del centro carcelario y otros documentos confidenciales a los abogados del narcotraficante.
De acuerdo con información de La Jornada, fuentes gubernamentales señalaron que como parte de las pesquisas, los familiares de “El Chapo” y al menos tres de los abogados que encabezaron su defensa legal mientras estuvo en prisión (de febrero de 2014 al sábado pasado) serán citados a declarar en calidad de testigos.
Asimismo, los fiscales designados al caso solicitaron a un juez federal la intervención de comunicaciones privadas de la actual esposa de Guzmán Loera, sus exesposas, familiares y personas de su círculo cercano.
Cabe resaltar que hasta el momento los fiscales han interrogado al menos a 49 personas, entre custodios, el exdirector del penal, así como altos funcionarios del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a Calixto Estrada, propietario del predio por el que escapó Guzmán.
Por esta razón, la PRG abrió otra línea de investigación en relación a los dueños del predio en que se construyó la bodega en donde desemboca el túnel por el que se escapó “El Chapo” y pudieron ubicar y detener a Calixto Estrada Castillo, junto a otras dos personas que aparentemente son los dueños del terreno.
Durante la investigación descubrieron que el propietario de la casa compró el predio desde 1989, ante la fe del notario público Gabriel Escobar Ezeta, conforme a la escritura 26298 de fecha 15 de junio de ese año, con clave catastral 1021200351. Sin embargo, aún no está claro si Calixto Estrada sigue siendo el propietario.
Hasta el momento, la casa está custodiada por elementos del Ejército y la Policía Federal. Asimismo, la PGR investiga qué funcionarios otorgaron los permisos municipales y estatales para tantas construcciones irregulares alrededor del penal del Altiplano en los últimos años.
Situación de los custodios detenidos
En cuanto a la situación legal que viven varios de los custodios que permanecen retenidos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, su abogado Juan Sánchez Jiménez declaró que la mayoría de los vigilantes quedarán en libertad en las próximas horas, ya que supuestamente no hay pruebas en su contra.
Informó que luego de rendir su declaración un custodio, una empleada administrativa del penal y el hermano del presunto dueño del predio por donde habría escapado el capo, ya fueron puestos en libertad. Además, resaltó que el día de ayer un juez federal otorgó una suspensión en vía de amparo a siete de los detenidos, y que mediante esa resolución el juez instruyó a la PGR cesar cualquier acto de incomunicación contra los custodios.
Por otra parte, ante las declaraciones del abogado Juan Sánchez Jiménez acerca de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se opuso a recibir una queja de los vigilantes, la Comisión precisó que “el domingo 12 de julio fueron recibidos dos escritos de queja, mismos que se encuentran en trámite y en cuyo marco se han solicitado medidas cautelares a la PGR y a la Comisión Nacional de Seguridad a efecto de que respeten los derechos humanos de todas las personas que están siendo investigadas” por la fuga de Joaquín Guzmán.
En este sentido, la tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva, indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que la instancia que representa ha estado presente en todos los interrogatorios que se han realizado en la SEIDO.