Reportaje especial exclusivo para Siempre!
Ingrid Romero y Viridiana Vega
El arraigo y detención con control judicial son medidas privativas de la libertad empleada en una investigación penal para obtener información de una persona sin que ésta se encuentre acusada de algún delito; esto es, mantienen a una persona privada de libertad, por un periodo prolongado, mientras se investiga y decide su situación legal, señala Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), organización que brinda apoyo en temas relacionados con los derechos humanos.
Actualmente, de los 207 mil 470 internos de fuero común, sólo 124 mil 201 reclusos tienen sentencia, mientras que 83 mil 269 reclusos están en proceso; en relación a los de fuero federal, de los 49 mil 471 (19.25%) internos, sólo 24 mil 152 han sido sentenciados frente a los 25 mil 319 que aún se encuentran en prisión preventiva.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, del 2007 a junio del 2014, han registrado un total de 807 expedientes de queja por casos de personas que han sido sometidas a la medida del arraigo y a quienes presuntamente se han violentado sus derechos.
En entrevista con Siempre!, el director de ASILEGAL, el maestro José Luis Gutiérrez Román, dijo que la prisión preventiva afecta al Sistema Penitenciario.
“El Estado mexicano desde el 2008 inició una reforma muy importante para reformar el Sistema Penitenciario en nuestro país, una reforma en relación a la eliminación, de ser posible, de la Prisión Preventiva, es decir, no iban a estar en esta condición todas las personas sujetas a un proceso, sino sólo aquellas que cometieran un delito grave. Situación que por la observación que hemos hecho en las audiencias que llevamos en el nuevo Sistema de Justicia Penal, todavía el 90% de los casos son sujetos de Prisión Preventiva, y esto, por supuesto, afecta en demasía los Centros Penitenciarios en temas de sobrepoblación”.
En este sentido, el maestro Gutiérrez Román indicó que actualmente México es el tercer país a nivel Latinoamérica con Prisión Preventiva, seguido de Estados Unidos y Brasil, además de ser el séptimo en el mundo. Pese a ello “no hemos podido disminuir la Prisión Preventiva”.
Por su parte, para el maestro en ciencias jurídico-penales del Tec de Monterrey, Enrique Javier Vázquez Acevedo, la Reforma Penal significa importantes avances. “Hoy tiene que entenderse al Sistema Penitenciario con la intervención de la autoridad judicial”, que establecerá la imposición de las penas, modificación y su duración, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, explicó en entrevista con Siempre!
La autoridad judicial es un juez de ejecución que intervendrá para que “los internos sentenciados preserven el debido proceso en etapa de ejecución”, lo que “hasta antes de la reforma era poco respetado”, señaló. Ahora el respeto a los derechos humanos de los sentenciados es una prioridad, de manera que “los derechos que tienen (los internos) los van a reclamar no ante la autoridad penitenciaria sino ante esa autoridad judicial”.
De acuerdo a información obtenida en marzo de 2015, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) señaló a través de la Estadística Penitenciaria emitida por el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad en México, que hay una población penitenciaria de 256 mil 941 personas, de las cuales 243 mil 541 (94.79%) son hombres y 13 mil 400 (5.22%) son mujeres.
Principales dificultades de las cárceles mexicanas
Según los últimos resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) del año 2013, la sobrepoblación, violencia y autogobierno son los principales problemas que enfrentan las cárceles en México debido al alto índice de Prisión Preventiva.
En los Centros Penitenciarios del Distrito Federal que están hechos para 4 mil 500 personas privadas de su libertad, están albergando a más de 12 mil a 14 mil personas detenidas, lo cual no sólo afecta en términos de salud, alimentación, vivienda –el hacinamiento que se da-, las oportunidades de empleo, sino también al objetivo del Sistema Penitenciario, el cual es que las personas que están privadas de libertad puedan tener una reinserción social adecuada para salir al exterior y con ello puedan hacer frente a la vida cotidiana, dijo el maestro José Luis Gutiérrez Román.
Agregó que la sobrepoblación es un punto detonante de la violencia, ya que hay prisiones donde duermen más de 20 personas en una celda de dos por dos metros. Un ejemplo de ello es un caso al que le están dando seguimiento en el Estado de México, ya que hay 47 personas en una celda de ese tamaño; los internos duermen de pie y les ha provocado hinchazón en los pies de manera alarmante, hecho que atenta a la salud de las personas recluidas.
“Para combatir este problema, el gobierno debería disminuir la prisión preventiva, dejar de construir catálogos de delitos graves, ya que la gran mayoría de los delitos merecen pena privativa de la libertad, lo cual no permite un debate acerca de si la medida cautelar que se le tiene que infringir o imponer a la persona que está en conflicto con la ley debe ser la prisión preventiva”, consideró el maestro Gutiérrez.
Cabe resaltar, que el Sistema Penitenciario mexicano está formado por 387 centros de reclusión, de los cuales 209 se encuentran sobrepoblados, ya que el Sistema Penitenciario Nacional sólo tiene capacidad para 203 mil 397 personas, es decir, existe una falta de espacios para 53 mil 544 personas, lo que se resume en hacinamiento.
Las entidades federativas con mayor número de personas privadas de libertad son:
- Distrito Federal: 38 mil 385
- Estado de México: 25 mil 347
- Jalisco: 18 mil 425
- Baja California: 16 mil 307
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) del año 2013 dio a conocer que hay una falta de mejoramiento en las condiciones de internamiento, lo cual se refleja en las insuficientes actividades laborales, de capacitación, educativas, deportivas, así como deficiencias en los servicios de salud.
“El Sistema Penitenciario está fuera de la política pública porque a nivel federal ese sistema tiene que darles a los internos educación, salud, deporte… pero por qué no diseñar una política en la que la Secretaria de Trabajo se encargue de darles empleo, la Secretaria de Educación lo propio y así con cada ámbito, lo que le permitiría al sistema dedicarse a lo que es la esencia de ellos: la reinserción y darle una mejor atención al interno” declaró el maestro Enrique Vázquez.
“Al dejarlos solos -insistió- es lógico que sea más complicado este tema. La Constitución no restringe los servicios de salud, educación, etc. Para los que están recluidos, se refiere a que todos los mexicanos (pueden acceder a estos servicios)”.
Asimismo, el informe penitenciario reveló que hay una falta de personal de custodia debidamente capacitado y remunerado, al igual que personal técnico y profesional penitenciario, el cual es insuficiente y en algunos casos inexistente, además de una inadecuada clasificación criminológica.
El Centro de Análisis de Políticas Públicas reportó a través de un estudio que hay problemas de contaminación criminógena, ya que el sistema permite mantener en convivencia a individuos sujetos a proceso y sentenciados por diversos tipos de delito, lo cual supone el riesgo de que los internos desarrollen habilidades y contactos para cometer otros delitos de alto impacto.
Por otra parte, un informe del DNSP 2013 señala que en la mayoría de los centros penitenciarios la calidad y cantidad de los servicios es deficiente, como los requerimientos de alimentación o de higiene.
De 129 Ceresos en 11 no existe separación entre procesados y sentenciados; en 104 es insuficiente el personal de seguridad y custodia; en 96 son deficientes las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones; en 92 son insuficientes las actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 84 se observaron áreas de privilegios, así como presencia de objetos y sustancias prohibidas y se tuvo conocimiento de internos que ejercen violencia o control sobre el uso de la población; y en 63 existen deficiencias en la alimentación.
A pesar de las deficiencias el precio es caro. El director de ASILEGAL mencionó que el costo de un reo es de 155 pesos por día, el cual los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Sin embargo, destacó que “los familiares de las personas privadas de libertad gastan muchísimo más: las visitas, el pago de lista, la comida, algunos medicamentos – ya que muchas veces no hay dentro del Centro, protección, materias primas para hacer trabajos manuales o acciones que realicen dentro del Centro Penitenciario”.
El Centro de Análisis de Políticas Públicas informó que las familias de los reclusos reportan tener que aportar “cuotas” para visitas, llamadas, correspondencia y seguridad, además de proveer insumos de uso cotidiano como comida, sábanas, cobijas, ropa o calzado.
El papel de las mujeres en la cárcel
Otra de las grandes problemáticas que enfrenta el Sistema Penitenciario del país es la falta de separación por sexo y condición jurídica. Al respecto, el director de ASILEGAL, el maestro José Luis Gutiérrez Román dijo que las mujeres que están en prisión son una adhesión al Sistema Penitenciario, ya que de los más de 390 Centros Penitenciarios en México, sólo 10 son exlusivos para mujeres.
Muchas mujeres viven en Centros mixtos, señaló, donde tienen que compartir los servicios básicos con los hombres, es por ello que los Servicios de Salud ni siquiera tienen un enfoque de género, es decir, no hay médicos ginécologos que puedan atender la naturaleza de la mujer, no hay pédiatras para atender las necesidades de los niños que nacen en estos Centros y tampoco hay empleos adecuados para las mujeres.
“Además, cuando se encuentran en Centros Mixtos, son ellas quienes se encargan de la limpieza –con estos estereotipos de género-, las que se encargan de hacer la comida para los demás internos e incluso para el personal penitenciario, lo cual genera una discriminación en el Sistema de Justicia, ya que ellas tienen un papel muy complicado dentro del Sistema Penitenciario”, expresó.
El maestro Gutiérrez insistió en el diseño de políticas con enfoque de género con el fin de que las mujeres atiendan sus necesidades, “así como tener espacios adecuados para las mujeres que vivan con sus hijos en estos Centros (…) Crear empleos adecuados para que puedan también sostener a sus familias, ya que muchas veces ellas son el pilar de su casa”.
La reinserción social
El director de Asilegal destacó que la Reforma al Sistema Penitenciario en 2008 trae un cambio importante al sistema de reinserción social, ya que modifica el paradigma de la readaptación social que implicaba ver a la personas como enfermas que tenían que readaptarse, ahora es un sistema en donde se ve a la personas privadas de su libertad como sujetos de derecho.
En este sentido, el objetivo es que la personas privadas de la libertad puedan disfrutar del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la capacitación para el trabajo, como un eje rector de la reinserción social.
El papel que juegan los derechos humanos en estos centros tiene que ver con el hecho de que una persona detenida viva de manera digna para que pueda salir a la sociedad, poder reinsertarse y poder contribuir para el desarrollo de la misma, explicó, es decir, si en un Centro Penitenciario no hay oportunidades de educación, de capacitación para empleo, por supuesto que se están vulnerando ciertos derechos humanos.
“Hoy tenemos tecnologías de la información, se les puede otorgar y certificarse como lo hacen en muchos países a nivel mundial” opinó al respecto el maestro Enrique Vázquez, “hay casos de éxito de gente que le han dado capacitación en tecnologías de la información y en la actualidad trabaja sin ningún problema”.
El también catedrático de estudios superiores, consideró importante la reciente aprobación de la Industria Penitenciaria, como parte de la modificación al Sistema Penal.
“No olvidemos que el 80% de la población penitenciaria es joven, entre 18 y 25 años (…) Hoy México puede tener un gran cambio al darles trabajo a las personas, pero no el trabajo artesanal que hemos visto siempre, la típica artesanía del reclusorio que realmente no le va a generar dinero”.
Panorama del Sistema Penitenciario
El Sistema Penitenciario se integra por la infraestructura material en lo que son las prisiones; la humana, que es el personal; y los recursos económicos. Tres factores que requieren estar en armonía porque si no son adecuadas las instalaciones ni la capacitación del personal ni hay recursos, el sistema se colapsa, aseguró el maestro Enrique Vázquez.
Además, el experto en ciencias jurídico-penales señaló que el cambio real del Sistema Penitenciario se va a generar cuando la doctrina, la norma y la realidad también se armonicen.
“La doctrina es importante que desarrolle su parte. La norma, hoy puedo decir que no hay una Ley nacional de Ejecución, pero está en debate. Y la realidad, es que no se traigan legislaciones de otros países, se tiene que hacer una legislación adecuada a México”.
Como parte de la Reforma Penal se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que, como ya se mencionó, se enfoca en erradicar la Prisión Preventiva y, por lo tanto, prioriza los derechos humanos de las personas recluidas.
La ley nacional de ejecución penal, en discusión, también forma parte de las modificaciones penales. Con ella se pretende homologar la operación penitenciaria en todo el país, esto es, la administración de las prisiones debe ser uniforme y debe tener intervención en el ámbito de todo lo que es el otorgamiento de los beneficios: el juez de ejecución, explicó el maestro Enrique Vázquez.
Sin embargo, a pesar de que ya existe una legislación no se va a ver en la práctica en un futuro cercano, asegura, por las dificultades que implica el traslado de un sistema a otro, además de que “la gente se resiste al cambio y un gran problema también es que la sociedad no conoce las reformas. Solamente los que estamos en estos temas las conocemos, los aplicamos, pero la sociedad no sabe, la gente lo que quiere es que haya justicia”.
Para el experto en temas penales el sistema se va a implementar cuando haya tres vertientes: el ciudadano confíe en la autoridad, la autoridad cumpla sus funciones y que nunca se hable de la generalidad.
“En Latinoamérica estamos acostumbrados a que cuando nos referimos a una institución todos son corruptos y eso no puede ser cierto porque en todos hay honrosas excepciones. Estos son los retos del cambio”, expresó.
De acuerdo con los expertos y con los números registrados hasta estos días, el Sistema Penitenciario vive un escenario de crisis. La prisión preventiva se ha convertido en el día a día de las cárceles mexicanas sin solucionar las complejas situaciones que enfrentan los penales, sino por el contrario, las acentúa: la sobrepoblación genera violencia al interior de las cárceles y esta a su vez deriva en un sin fin de problemáticas, que más que reformar a los internos, los instruye en el delito.
La reforma penal se constituye como una esperanza transformadora del Sistema Penitenciario. Parece ser el principio del fin de ese método que ha quedado obsoleto ante el panorama de delincuencia actual. La transición es un proceso que queda en manos de los hacedores de leyes, de ellos dependerá el avance y la rapidez con que se renueve, sin embargo, a la sociedad le corresponde estar atenta al cambio, informarse y participar.