Tan sólo en Aquila se extraía mineral, hasta antes de ser asediado por la delincuencia, en cantidades cercanas a las 10 mil toneladas diarias, con un costo de 80 dólares en su momento.

Lo anterior representaría actualmente 12 millones 960 mil pesos diarios; es decir, 388 millones 800 mil pesos mensuales y 4 mil 665 millones 600 mil pesos por año de cada complejo minero. Por tanto, de ese tamaño es la defensa de sus tierras y de sus recursos naturales, mismos que fueron arrebatados por la delincuencia.

De ahí que la disputa por el cobro de piso en las minas, el robo del material y el territorio para el trasiego del mismo, han sido las principales causas de que crezca la violencia en los municipios de la región Sierra-Costa de Michoacán, como es el caso de Aquila y sus diferentes comunidades indígenas, lideradas ahora por grupos civiles armados.

Para Armando González, minero de esa zona, tanto crimen organizado, liderazgos comunales e indígenas y la corrupción en las aduanas marítimas de México, han incrementado sus operaciones ilícitas con recursos de los habitantes y comunidades indígenas de esa zona colindante con el estado de Colima, y de paso obligado al Puerto de Lázaro Cárdenas, el segundo más grande del país.

“El pleito de Aquila es cobrar la cuota; tú sabes que de ahí de Aquila salen miles y miles de toneladas diarias, entonces son miles y miles de millones de dólares diarios, que eso es lo que pueden estar peleando, pues quieren vivir como vivían los anteriores templarios”, explicó el empresario.

En este caso de Michoacán, la crisis se profundiza aún más debido al robo de mineral y extorsiones en minas de la Sierra-Costa que generan al menos el 60 por ciento de la materia base del total de producción en México y que hasta hace poco más de un año, era controlado por del crimen organizado.

Pero la violencia no sólo ha dejado en el camino la muerte a tiros de cientos de personas por enfrentamientos, ni ataques armados, sino también, el asesinato y el destierro de industriales de la región que han dejado en el abandono su patrimonio familia por inseguridad y han cerrado las únicas fuentes de empleo que se generaban.

Los empresarios han tenido que abandonarlas y dejarlas a la suerte criminal, pues cada vez se registraban más secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas de concesionarios o dueños de minas, sin que la autoridad lo haya podido o querido impedir.

Y es que la intromisión de grupos criminales en esa industria, en complicidad con autoridades de la aduana marítima de Lázaro Cárdenas, hizo que saliera el mineral a muy bajo costo a China, para después ser regresado a México con precios muy por debajo de lo estandarizado en la industria en una competencia desleal hacia los productores mexicanos.

Esto ha encarecido no sólo el producto base, sino de igual forma el traslado y su procesamiento en la siderúrgica. Pero engrosó también los bolsillos de grupos delincuenciales que subsidiaron con ese recurso, por varios años, el armamento de alto poder con el que operaban.

“Es una región compleja, es una región que ha venido presentando conflictos de manera permanente, entonces, creo que hay mucho qué hacer; debemos de reconocer las fallas que tenemos en nuestras instituciones”, externó Arnulfo Sandoval, experto en temas de seguridad.

Excepto en Arteaga y Aguililla, los demás municipios de la región Sierra-Costa, cuentan con grupos de fuerzas civiles armadas, quienes ahora controlan la industria minera y a las propias comunidades, mediante la fuerza de la seguridad armada.

Por si esto fuera poco, ahora enfrentan una crisis económica y de incertidumbre tras la persecución de las autoridades y grupos criminales, como lo acontecido el pasado domingo en la comunidad de Ixtapilla, donde murió un menor de 12 años y resultó lesionada una niña de 6, así como otro jovencito de 17 y dos adultos.

Militares sí dispararon, “pero al aire”

Ante medios de comunicación, la noche del lunes, Felipe Gurrola, comisionado especial para la seguridad de Michoacán, aceptó que militares sí dispararon entre la multitud que se manifestaba, pero al aire.

“El personal militar al verse agredido y sorprendido, sí realizó disparos, pero al aire, nada más para disuadir al omento de la agresión al personal que estaba agrediéndolo con palos, inclusive con disparos reales hacia ellos”, justificó el general militar.

Minutos antes, integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, informaron que derivado de la necropsia realizada al cadáver del menor de 12 años, se estableció, que presenta una herida en el ángulo interno del ojo derecho, donde se encontró un fragmento muy pequeño de bala cuyo calibre no ha podido ser determinado.

Agregaron que esta lesión es atípica puesto que el proyectil entró deformado; es decir, pegó en otro lado y se alojó en el rostro.

“El Grupo de Coordinación Michoacán lamenta y rechaza las agresiones a las autoridades y a la propia población civil; el Gobierno del Estado ofrece a las familias de los afectados todo el apoyo que sea necesario para subsanar, en la medida de lo posible, el daño de que fueron objeto”, reconocieron.

Reiteraron, por último, que no escatimarán en recursos para esclarecer esta agresión “que pretende manchar el trabajo de las fuerzas militares y de seguridad pública en el estado, además de lastimar a la sociedad”.