Entrevista a Juan Velázquez/Abogado penalista

Irma Ortiz

La reciente entrevista al secretario de la Defensa Nacional, general Rafael Cienfuegos puso nueva luz sobre el caso Tlatlaya. En una espléndida entrevista realizada por Carlos Benavides para el diario El Universal, el titular de Sedena habló del caso Tlatlaya, demandó que si los soldados son culpables se les castigue, y si no, que se les exonere.

El general habló del daño que se le ha hecho al ejército cuando se le juzga por —hasta ahora— presuntos errores cuando no se ha dado un juicio que determine la culpa o no de los ocho soldados indiciados, y que, luego del acotamiento del fuero militar, se encuentran impedidos para investigar los hechos en que resulten afectados los civiles.

Un caso donde las versiones de las tres mujeres que sobrevivieron son contradictorias y donde la historia se enturbia por el protagonismo del exombudsman Raúl Plascencia, quien en búsqueda de su reelección primero habló de que “todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”, para luego señalar que “15 de las 22 personas muertas sí fueron presuntamente ejecutadas por soldados”.

Hablar del caso Tlatlaya también es hablar de un sitio donde la gente vive con temor porque es coto de poder de “La Maña”, la organización criminal que tenía como una de sus bases la bodega donde se registró el enfrentamiento el 30 de junio de 2014, y donde ahora los vecinos de San Pedro Limón esperan que el ejército mantenga su presencia.

El penalista Juan Velázquez habla a Siempre! de las declaraciones del titular de Sedena y de la injusticia con que se está tratando a los militares por el caso Tlatlaya.

“La entrevista que se hizo al general secretario me pareció la mejor de todas las que he leído en toda mi vida y de todos los secretarios. Lo que dijo es absolutamente correcto. Coincido en que nada tendrían que hacer las fuerzas armadas, el ejército mexicano en tareas de seguridad pública, es decir, delitos de delincuentes que le corresponderían a las policías, pero como no tenemos policías y alguien tiene que hacer las tareas de combate a una delincuencia organizada que ahora no nada más afecta la seguridad pública sino la seguridad interior del país y la estabilidad de las instituciones.

De la seguridad pública quien debe encargarse es la autoridad pública, la policía, el ministerio público, los jueces, pues tiene que ver con leyes penales, con delitos, con delincuentes.

El general secretario dijo, y con razón, que en el ejército mexicano somos los que menos queremos estar haciendo labores de policías, porque como militares no nos dimos de alta para ser policías y tener una vocación de investigar los delitos y descubrir delincuentes. Nos dimos de alta en la milicia, para ser militares; a los militares se les enseña no a investigar y descubrir delincuentes sino a combatir en guerras, exponiendo, dando la vida. Se enseña a abatir al enemigo.

Sin embargo, sacamos a los militares de los cuarteles, por nuestra ineficiencia y nuestra corrupción que ha impedido tener mejores policías, y como el ejército no actúa así, sino como militares, les reprochamos, y lo peor es que los queremos encarcelar con el pretexto de que violan los derechos humanos.

El general secretario dijo algo muy importante, si fuera cierto que violamos los derechos humanos de la población civil, ¿por qué esa población civil nos califica y nos da la calificación más alta de todas las instituciones del Estado?, y si fuera cierto eso de que violan los derechos humanos, esa sociedad civil victimada por el ejército mexicano no nos reprueba.

Pero para que no se diga eso y para que los militares estén capacitados en el respeto de los derechos humanos, las fuerzas armadas han celebrado convenios por ejemplo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para capacitar a su personal. Se emiten directivas para el uso de la fuerza y por eso y muchas cosas más, las recomendaciones contra las fuerzas armadas, contra el ejército mexicano se han reducido drásticamente al grado de que se han reducido, no las quejas, porque cualquiera se puede quejar para que luego se investiguen y si son ciertas concluyan en una recomendación. Las recomendaciones contra el ejército mexicano concretamente, son del cero punto algo, es decir prácticamente nada.

Hay una tendencia de organizaciones, de grupos de defensa de derechos humanos que acusan continuamente al ejército de violación de derechos humanos…

Habrá algunas protestas, que indudablemente son legítimas, pero hay otras que valdría la pena preguntarse si no responden a interés alguno. A lo mejor responden a intereses, es decir, queremos que el ejército salga de este lugar y que curioso que en ese lugar es donde más amapola se siembra. Queremos que no estén aquí las autoridades, queremos estar nada más nosotros, porque concretamente el ejército viola los derechos humanos de la población.

¿Por qué esas organizaciones no reclaman esa violación a sus derechos humanos a los delincuentes que los extorsionan, los secuestran y violentan?, ¿por qué a ellos no? Hay una terrible injusticia contra las fuerzas armadas. Primero, algunos han calificado erróneamente la intervención del ejército como si se tratara de una guerra; nuestras fuerzas armadas no están en guerra, participan con las autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia organizada, que forma parte de la población civil, y las fuerzas armadas no pueden utilizar en contra de éstos el armamento destinado para las guerras, porque hay convenios internacionales que lo prohíben.

 

Caso Tlatlaya

En cambio, los delincuentes sí pueden usar armamento contra los militares, ¡bueno!, hasta derriban aviones. Vean lo que pasó en Jalisco donde derribaron un helicóptero y murieron más de diez militares. Me pregunto si hubo de parte de esas organizaciones civiles que abogan por los derechos de los humanos un solo pésame a las familias de los militares muertos, abatidos por la delincuencia: ni una sola.

Ahora, el caso Tlatlaya, un caso que la sociedad desconoce, porque esa sociedad que ya condenó al ejército no ha leído el expediente, ni siquiera se ha interesado por tener más información sobre el caso y, sin conocerlo aunque sea superficialmente, ya los condenaron, porque fusilaron, masacraron a 22 civiles. Pero hay que decirles que se trata de 22 civiles que poseían armas de alto poder, que se enfrentaron a 8 militares y que hirieron casi mortalmente a uno de ellos. Fue un enfrentamiento en la madrugada, sin luz.

Los militares, por más militares que sean, tienen miedo a perder la vida si reciben tiros en la madrugada y no saben de quiénes, responden al fuego y mueren 22 personas. Esas 22 personas murieron ejecutadas, ¿quiénes lo dicen?, pues quienes ni siquiera conocen el expediente.

Como dijo el general secretario ¿podrían 8 militares haber ejecutado a 22 personas armadas, con armamento de grueso calibre?; y suponiendo que los hubieran ejecutado, ¿por qué no ejecutaron a esas tres mujeres sobrevivientes? ¿Por qué rescatarlas y ponerlas a disposición de la autoridad? Ésas son las historias que no se conocen, historias donde se condena a priori al ejército mexicano, sin reparar en que esos soldados llevan a cabo tareas heroicas a favor de los civiles.

Civiles que en muchos estados ruegan que los soldados vayan, porque están asolados por la delincuencia. Parece que no importa que el ejército tenga que internarse en la sierra, que duerma en el campo, que coma lo que puede, enfrentándose a delincuentes y sobre todo exponiendo y perdiendo la vida. Se han registrado más de 800 enfrentamientos con la delincuencia para proteger a civiles, porque no tenemos policías que nos protejan.

¿Cómo pulsa el sentir de los miembros del ejército?, si actúan se les puede acusar de violar derechos humanos y si no lo hacen pueden ser acusados de desobediencia…

Si fuera un soldado, me sentiría entre la espada y la pared. Por un lado, se me ordena hacer tareas que no me corresponden, exponiendo hasta la vida, dejando a mis parientes desamparados, porque nadie habla de los parientes de los soldados, de los militares heridos o muertos. Además voy a hacer algo para lo que no tengo vocación, para proteger a los civiles contra la delincuencia; hago una tarea de policía sin serlo, porque soy soldado y para que después me reclamen, y si logro sobrevivir, en una de esas me encarcelan.

 

Fuero de guerra

Luego viene la historia del acotamiento del fuero de guerra. Los civiles creemos que el fuero de guerra es la inmunidad que tienen los altos funcionarios para no ser perseguidos durante su encargo y tiene una razón de ser: que a ese alto funcionario no se le distraiga en sus funciones, que trabaje sin interrupciones.

Una es la inmunidad de los altos funcionarios y otro es el fuero de los militares que significa jurisdicción. El fuero existe en todos los ejércitos del mundo, porque el fuero en tanto hay castigos inmediatos y ejemplares tienden a preservar la disciplina; un ejército sin disciplina es una banda armada que asolaría a la población civil. Nosotros ya reformamos para que los civiles seamos los que castiguemos a los militares cuando nos victimicen, que ya no sean los militares.

En el fuero militar la impunidad es del 5 por ciento; quiere decir que, en el 95 por ciento de los casos se castiga de manera inmediata y ejemplar para preservar la disciplina; en el fuero civil, la impunidad es del 98 por ciento, solamente en dos de cada cien casos se castiga.

En el caso Tlatlaya, donde el general secretario dijo que en el fuero militar, para bien o para mal, ya los hubiera absuelto o condenado, pero en el fuero civil, todavía no empiezan. ¡Ah! se trata de un juicio que todavía no empieza y ya condenamos a los militares, cuando además ahora presumimos de esa reforma importantísima a la Constitución, que privilegia los derechos humanos y consecuentemente la presunción de inocencia.

Como abogado, después de que se acota el fuero de guerra, ¿en qué limbo queda el ejército, cuando no hay una ley reglamentaria?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene un artículo, el 89, y una fracción, sexta, que dice: el presidente de la república está obligado a preservar la seguridad interior del país, la estabilidad de las instituciones y para eso tiene el derecho de disponer de las fuerzas armadas. Ordena en ese entonces el presidente Calderón que las fuerzas armadas salgan de los cuarteles para hacerse cargo de la seguridad pública, que afecta la seguridad interior.

En aquella época hubo un diputado que fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a alegar airadamente que esa decisión del presidente era inconstitucional porque hay un artículo 29 de la Constitución que dice: los militares deben permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz, como los que viviéramos, fueran tiempos de paz. La Corte resolvió que esa orden presidencial era constitucional en tanto que los militares hubieran salido de sus cuarteles a coadyuvar, no a sustituir, sino a auxiliar a las autoridades civiles y así quedó.

Ese diputado, Leonel Godoy, después como gobernador de Michoacán, rogó que las fuerzas armadas fueran a hacerse cargo de la seguridad interior de la entidad.

Entonces existe esa disposición constitucional, pero no hay una ley reglamentaria que diga que los militares salgan de los cuarteles a coadyuvar con las autoridades civiles, pero ¿cuándo, cómo, dónde? Sí, los militares están en el limbo porque, por un lado el presidente, como comandante supremo, les ordena que salgan, ellos leales y en acato a órdenes superiores, salen y coadyuvan con las autoridades civiles, pero ahora sí que ¡como Dios les da a entender!; y luego ese ¡como Dios les da a entender! no es lo que otros entienden y entonces surgen justamente estos líos en los que ahora están.

¿Escenarios para el caso Tlatlaya?

A la larga, la absoluta absolución de los militares; o si no, un castigo menor, en el peor de los casos si hubiese habido, y respecto de algunos de los fallecidos, un uso excesivo de la fuerza, acaso, por las condiciones en que el enfrentamiento se dio en la madrugada, a oscuras, con un número casi triplicado de enfrentados y todos con armas de fuego.

En el código de las leyes penales hay una causa de exculpación del delito cuando se obra en legítima defensa del honor, del patrimonio, de la vida, y la justificación para eso es la que en ese momento no hay presente una autoridad que pueda proteger. La Corte resolvió que, cuando los jueces estudian los casos de legítima defensa, no deben analizarlo en la frialdad de su despacho, de su escritorio, no, se deben de poner en los zapatos del procesado para saber qué es lo que hubieran hecho, cómo hubieran reaccionado, para que así a esos militares se les absuelva, o en el peor, se les castigue, diría yo que mínimamente.