El Papa, distinto a sus predecesores
Raúl Jiménez Vázquez
La postura del papa Francisco ante el gravísimo problema de la pederastia eclesial es distinta a la asumida por sus predecesores, quienes jamás emitieron pronunciamiento categórico alguno al respecto; por el contrario, hicieron todo lo necesario para proteger la imagen de la institución y colocaron a las víctimas de este horrendo ataque a la dignidad humana en un absoluto estado de indefensión jurídica.
El 5 de febrero pasado giró una carta a los más de cinco mil obispos de la grey católica mundial en la que aseveró que en la Iglesia no hay lugar para los que abusan de menores y por ello les solicitó que no los encubran.
En ese contexto, algunos prelados se han visto compelidos a presentar la renuncia a sus labores eclesiásticas. Recientemente se dio a conocer la dimisión del obispo de Kansas en virtud de no haber informado que un sacerdote tenía almacenadas en la computadora cientos de fotografías pornográficas de niñas tomadas por él dentro de las instalaciones de su parroquia. Lo mismo sucedió con el obispo de Autlán, Jalisco, cuya salida, según notas de prensa, obedeció al hecho de que presuntamente encubrió a un cura acusado de haber cometido un abuso sexual.
El sumo pontífice también creó un tribunal especial al que corresponderá el enjuiciamiento de los obispos que incurran en el delito de abuso del cargo, consistente en el ocultamiento de casos de pederastia, previa presentación de una denuncia por una de las tres congregaciones autorizadas. Dicho órgano será una sección más de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la otrora Santa Inquisición. Así, clérigos serán juzgados por clérigos.
Todo ello es digno de aplauso, sin embargo, ostenta un pecado de origen pues se trata de medidas que no guardan congruencia alguna con los señalamiento hechos por la ONU en tres documentos: el informe del Comité sobre Prevención de la Tortura, el informe del Comité de los Derechos del Niño, ambos dirigidos a la Santa Sede, y el informe del Comité de los Derechos del Niño dirigido al Estado mexicano.
En los dos primeros claramente y sin lugar a dudas se dispuso que la responsabilidad del Estado Vaticano en los actos de pederastia no se limita a su territorio, sino que abarca los abusos cometidos en terceros países por personas sujetas a su jurisdicción, razón por la cual se le exigió que modifique su legislación para adecuarla a los estándares y compromisos específicos derivados de los tratados internacionales de la materia y que ponga a los responsables a la disposición de las autoridades civiles a fin de que sean procesados y castigados. En el último informe, sin ambages de ningún tipo, se consignó que el Estado mexicano, no la Santa Sede, debe investigar, perseguir y sancionar a los pederastas y sus encubridores.
El Vaticano, pues, está a contrapelo del derecho internacional, cuya observancia compete, antes que a nadie, al Papa en su calidad de jefe de Estado.