Ostula, región minera
Carlos Arrieta
Ostula, Mich.- Las comunidades indígenas de la región Sierra Costa y Costa de Michoacán son tan pobres, que lo único que tienen son riquezas naturales en sus minas, a cambio de sus propias vidas.
A más de un año de levantarse en armas por el asedio criminal, ahora tendrán que librar una batalla más: la hostilidad del Grupo de Coordinación Michoacán, conformado por fuerzas federales y estatales, para, según, garantizar la seguridad de los michoacanos.
El Ejército Mexicano, que por mucho tiempo fue su aliado en la lucha contra la delincuencia, ha pasado a ser el victimario.
Un niño de 12 años murió y cuatro personas más resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, tras la irrupción de elementos militares y de la Policía Estatal a una manifestación en la que se exigía la liberación de uno de sus líderes indígenas, Semeí Verdía Zepeda, detenido horas antes en “La Placita”.
Verdía Zepeda, acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya fue consignado y recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 4, penal de Máxima Seguridad ubicado en Tepic, Nayarit,.
Un habitante del lugar, quién pidió que no se revelara su nombre por motivos de seguridad, narró los peores momentos vividos sobre la carretera 200, Lázaro Cárdenas-Manzanillo.
Según explicó, al Ejército no le importó que hubiera civiles, ancianos, mujeres y niños; aun así les echaron las tanquetas encima y dispararon con fusiles de asalto en su contra, describió el joven indígena.
“Un niño recibió un impacto certero en la cara a la altura de la nariz, y quién tiene esa capacidad de alcanzar su blanco, pues el Ejército que está adiestrado para eso, porque una persona que no sabe utilizar un arma, difícilmente le da al objetivo”, señaló enfático el comunero indígena, que no pudo contener su llanto al recordar esas imágenes.
El habitante de Ostula pasó en segundos de la tristeza al coraje. Denunció que luego de arremeter en contra de los pobladores, los elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Ciudadana, les gritaban en tono de burla por un altavoz, “que vivan los Caballeros Templarios”.
“Realmente es muy triste contar lo que en nuestros pueblos indígenas está sucediendo. Al inicio nos atacaban los criminales, ahora nos ataca el mismo gobierno y ante quién nos vamos a respaldar, si el mismo gobierno es el que nos está asesinando”, cuestionó el poblador indígena entrevistado por Siempre!, en el lugar de los hechos.
¿Qué hay detrás de la violencia en la Sierra-Costa de Michoacán?
Tan sólo en Aquila, se extraía mineral hasta antes de ser asediado por la delincuencia, en cantidades cercanas a las 10 mil toneladas diarias, con un costo de 80 dólares, en su mejor momento.
Lo anterior representaría actualmente 12 millones 960 mil pesos diarios; es decir, 388 millones 800 mil pesos mensuales y 4 mil 665 millones 600 mil pesos por año de cada complejo minero. Por tanto, de ese tamaño es la defensa de sus tierras y de sus recursos naturales, los cuales fueron arrebatados por la delincuencia.
De ahí, que la disputa por el cobro de piso en las minas, el robo de mineral y el territorio para su trasiego han sido las principales causas de que crezca la violencia en los municipios de la región Sierra-Costa de Michoacán, como es el caso de Aquila y sus diferentes comunidades indígenas, lideradas ahora por grupos civiles armados.
Pero la violencia no sólo ha dejado en el camino la muerte a tiros de cientos de personas por enfrentamientos, ni ataques armados, sino también el asesinato y el destierro de industriales de la región que han dejado en el abandono su patrimonio familiar por inseguridad y han cerrado las únicas fuentes de empleo que se generaban.
La intromisión de grupos criminales en esa industria, en complicidad con autoridades de la aduana marítima de Lázaro Cárdenas, hizo que saliera el mineral a muy bajo costo a China, para después ser regresado a México con precios muy por debajo de lo estandarizado en la industria en una competencia desleal hacia los productores mexicanos.
Región minera, zona de muerte
Los municipios de Arteaga, Aguililla, Coalcomán, Coahuayana y Aquila conforman la franja más importante de la zona minera de Michoacán, que desemboca en el traslado del producto en el Puerto de Lázaro Cárdenas, de donde salen las embarcaciones al extranjero, y en el que se encuentran instaladas las acereras y siderúrgicas para el proceso de metal, en su mayoría acero.
Esto hizo que históricamente los habitantes dependieran en su mayoría del mercado laboral minero; la agricultura y en algunos casos la pesca estaban en un segundo plano para el ingreso de los pobladores.
El detrimento de la industria minera era ya un hecho, y como consecuencia, muchas de las comunidades y habitantes del lugar pasaron de ser dueños, concesionarios e integrantes de cooperativas mineras, a trabajadores forzados por el crimen organizado a cambio de respetarles sus vidas.
Pero en Arteaga, Coalcomán y Aguililla, con la complicidad de las autoridades municipales, la industria minera pasó a manos de la delincuencia. Los habitantes dedicados al sector minero y los gobiernos municipales cobraban en la nómina templaria.
En cuanto a la extracción y explotación de minas, la operatividad del crimen organizado tuvo mayor impacto en el municipio de Aquila, debido a que fueron atacadas las cooperativas y asesinados muchos de sus líderes indígenas, tras intentar oponerse al despojo del principal patrimonio laboral de los comuneros.
La delincuencia, entonces, decidió quién trabajaría para ellos, quiénes tenían que morir, y en el mejor de los casos, quiénes definitivamente pasarían a formar a parte del amplio sector de desempleados.
Ante ello, muchos pobladores tuvieron que buscar el sueño americano, otros, con todo y el temor, se sumaron a los grupos de autodefensas —más por la necesidad de un ingreso económico que por convicción—, y otros tantos fueron reclutados por el grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Así se consumó ese duro golpe a la economía del estado de Michoacán y para el país, debido a los intereses de factores externos que acabaron con la tranquilidad y las actividades económicas de miles de familias, de esa franja geográfica, que colinda por un lado con el estado de Jalisco, por otro con Guerrero y, la principal, con Colima.