El Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respalda la investigación del caso Iguala, rechazó que se interrogue por escrito a los militares del Batallón 27; una medida propuesta por la Secretaría de Gobernación y la cancillería el pasado 3 de agosto, como parte del proceso penal.
Los investigadores señalaron también que las autoridades ocultaron evidencias a los padres de los estudiantes desaparecidos y la posible destrucción de videograbaciones de la intervención policial.
El GIEI “ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso”, por lo que informó a la PGR de “la existencia de un video de la intervención policial que dio lugar a la desparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruido”, entonces, la PGR debe investigar si se confirma ese señalamiento.
Por su parte, el informe de la Fiscalía Especial de Guerrero señala en la página 18: “en la inspección ocular se encontró un vehículo abandonado de la línea Estrella de Oro con los cristales rotos y las llantas ponchadas, preciándose en su interior y sobre los escalones rocas de distintos tamaños; en el exterior, a una distancia aproximada de 5 metros de la unidad, se encontraban amontonadas diversas prendas de vestir (ocho playeras, un suéter y un pañuelo) una de ellas (playera) con manchas de líquido hemático (sangre), sobre la cual se solicitó la prueba pericial de genética forense para la obtención del perfil y futuras confrontas con la base de datos de la institución y de las demás procuradurías y/o fiscalías, procediendo al aseguramiento de la unidad motriz y la evidencia localizada”.
En conferencia, al presentar su quinto informe el grupo de expertos, Claudia Paz, Alejando Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristáin, dijeron que la justificación del gobierno para impedir las entrevistas directas con los militares es que esa acción “pondría en riesgo la legalidad de la investigación”.
Además expusieron que el “29 de junio, el GIEI encontró en el expediente que el 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa. Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma”.
Para el GIEI este hecho es grave por lo que manifestó que de esa diligencia que se realizó el 29 y 30 de junio “las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis”, además de que solicitó un peritaje independiente que examinará varias autopsias.
Los investigadores indicaron que el 6 de septiembre presentarán su informe final sobre el apoyo técnico con el que han contado para llevar a cabo la investigación.
Respecto a si continuarán a cargo de las indagaciones en el caso Iguala otros seis meses, dijeron que depende de la respuesta del gobierno, que se planteó el domingo pasado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien se reunieron.
Información de Milenio