Con el argumento “de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación”, la Procuraduría General de la Nación, que representa jurídicamente al Estado, pidió al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, su renuncia a través de un comunicado difundido este miércoles por la noche.

Sin embargo, la Procuraduría no es la única instancia del Estado que se ha adelantado a pedir al mandatario que renuncie, incluso, algunas otras se han unido a la convocatoria de paro nacional de este jueves.

La Contraloría General de Cuentas, encargada de los movimientos del capital del Estado, es ejemplo de ello, que exhortó a que “en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia (…) Para evitar mayores incidentes sociales de consecuencias insospechables”; esta instancia permitirá que sus empleados participen en la multitudinaria protesta, que se espera sea la marcha principal del día.

La universidad pública ha manifestado en repudio la suspensión de actividades y ha convocado al paro nacional, que iniciará en sus instalaciones y arribará al Palacio de Gobierno, donde llegarán las universidades privadas convocadas, que también han cerrado sus puertas, así como los colegios privados de la capital; y organizaciones campesinas y diversos sindicatos.

El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales Financieras y Agrícolas de Guatemala (CACIF), la organización empresarial más importante del país, hizo la misma petición contra el presidente guatemalteco hace una semana, aunque no se sumó al paro nacional, pero el pequeño comercio y la distribución se unen a la huelga.

Gran cantidad de empresas privadas llamaron al paro nacional y anunciaron su cierre el jueves a través de carteles e imágenes publicadas en sus cuentas de redes sociales, entre ellas la cafetería más elegante, Café Saul; una peluquería, una librería, restaurantes, empresas de embalaje, supermercados o tiendas de electrodomésticos.

“Está todo medio parado, los que madrugan a traer mercancía no han llegado, mis hijos no fueron a estudiar, el bus venía vacío, faltaron transportes”, dijo a la agencia The Associated Press, Jorge Orozco, de 51 años, mientras refrigeraba cervezas en el Mercado Central; en el mercado San Martín, uno de los más grandes de la ciudad y que abre desde la noche, sólo la mitad de los puestos estaban cerrados.

Por su parte, en el post de una pizzería perteneciente a una conocida cadena internacional se lee “al igual que tú, estamos comprometidos y enamorados de la visión de una nueva Guatemala. Por eso este 27 de agosto nos unimos a la voz de los guatemaltecos para que Guatemala vuelva a nacer. Nuestras pizzerías están cerradas porque Guatemala lo vale”.

Un periodista de AP narró que se observaba un menor movimiento y tráfico en las calles y que la gente ya comenzaba a juntarse en las esquinas, así como que en el Palacio de Gobierno se iniciaron a instalar algunos grupos de campesinos, por lo que amaneció resguardado por policías desarmados.

El paro nacional se da en un escenario de intensa crisis política ante los supuestos actos de corrupción aduanera en el caso La Línea, que involucra al presidente Otto Pérez Molina.

Este miércoles, la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, que renunció a su cargo el pasado 8 de mayo, fue enviada a prisión, mientras la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que se le retirara la inmunidad al presidente Pérez Molina para poder llevarlo al juzgado al igual que a Baldetti.

La acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala indica que la exvicepresidenta recibió 50% de los sobornos que supuestamente recababa la red criminal La Línea, en la que participaban funcionarios y particulares, que gestionaban comisiones a cambio de evadir impuestos.

Entre el lunes y martes se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de la exfuncionaria, momentos en los que evitó comentarios ante los periodistas, hasta este miércoles luego de la indicación del juez de llevarla a la cárcel de Santa Teresa, ante el temor de su fuga.

Baldetti dijo “yo estoy dispuesta a que haya estado de Derecho de Guatemala y si esto lo tengo que pasar lo voy a pasar”; además aseguró que no se siente traicionada por el presidente, y al preguntarle sobre las llamadas que la involucran en el caso, negó estarlo.

También la cuestionaron sobre la implicación del Ejecutivo a lo que dijo “yo no lo creo, yo no tengo mayores datas así que no voy a hablar sobre él”.

Desde el viernes y luego de las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios -entre ellos siete ministros- renunciaron a sus puestos, incluyendo al embajador ante las Naciones Unidas, Fernando Carrera; los fiscales han señalado que en el caso hay 100 personas investigadas, de las cuales al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se reveló el escándalo de corrupción.

Información de RT y Prensa Libre, Guatemala