Artículo exclusivo para Siempre!

Carlos Arrieta

“El asesinato suprime en forma radical su derecho a expresarse libremente y vulnera el derecho de las sociedades y de sus ciudadanos y ciudadanas a buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole”.

– CIDH

La muerte del fotoperiodista de Veracruz, Rubén Espinosa, es la número 13 en ese estado gobernado por Javier Duarte, quien con cabal cinismo ha ordenado a su fiscal ponerse en contacto con las autoridades del Distrito Federal para “coadyuvar” con las investigaciones. Eso no es lo sorprendente.

Lo triste es que ese número cabalístico ha cumplido su presagio; leyenda o no, pero se ha cumplido. Este hecho es un claro mensaje, del o los responsables, para los que ejercen el periodismo. No hay vuelta atrás.

Además de sumarse a la indignación que hay a nivel nacional por lo ocurrido, todos, pero todos los medios de comunicación, deben exigir a las autoridades que haya una verdadera investigación, una investigación imparcial y a fondo que dé con los responsables de estos hechos.

Lamentable que en estados como Chiapas, muchos de los medios informativos estén cooptados por los convenios gubernamentales. Otros más son cercenados por el crimen organizado. El periodismo se encuentra de espaldas a la pared.

Sin embargo, lejos de que esta infausta noticia logre dividir a los medios de comunicación para beneficio del Estado, debería de unirlos como nunca, y exigir también que se revisen las causas, porque no es posible que en un estado de la república, en una sola gestión, desaparezca más de una decena de periodistas; ya no puede ser una casualidad.

Apenas el 10 de julio, Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitía una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto; frmada por Christophe Deloire, Secretario General de la Asociación Internacional, en la que con ocasión de su visita oficial a Francia, del 13 al 16 de julio de 2015, RSF, organización internacional de defensa de la libertad de información, le hizo un llamado ante la preocupante situación de la prensa en su país; en particular sobre la violencia a la que se enfrentan los periodistas.

Peña Nieto, el pasado 5 de mayo, señaló públicamente que reafirmaba su “compromiso absoluto con la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos”.

Asimismo, agregó que “la libre manifestación de las ideas y el derecho a estar debidamente informados son fundamentales para consolidar nuestra democracia y acelerar nuestro progreso”.

“Declaraciones loables que nos parece importante confrontar con la realidad que viven día a día los periodistas mexicanos. Asesinatos, secuestros y agresiones a periodistas; una impunidad dominante frente a estos ataques; un clima de autocensura y una fuerte concentración de los medios de comunicación: el cuadro de la prensa mexicana necesita serios retoques y es urgente evaluar cuáles pueden ser las soluciones a estos graves problemas que afectan a la libertad de información en el país”, cita la misiva de RSF.

Desde el año 2000, RSF ha registrado 86 casos de asesinato de periodistas y colaboradores de los medios de comunicación en los que el crimen estuvo relacionado, probable o seguramente, con su profesión periodística; 15 de ellos tuvieron lugar bajo su mandato presidencial.

Estas cifras hacen de México el país más mortífero de América para los periodistas y lo ubican en el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en febrero de 2015.

No obstante, irónicamente un gobernante de su partido como Javier Duarte, carga las consignas en su contra, así como de sus colaboradores, de la muerte de al menos 13 periodistas.

La sacudida ya se dio y han alborotado al avispero, sin pensar en la repercusión social que va a cobrar cada vez mayor fuerza, conforme pase el tiempo y mientras los asesinos intelectuales y materiales de periodistas no estén tras las rejas.

De acuerdo al estudio “Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cita en su introducción que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales, por motivos relacionados con su trabajo periodístico, constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión.

Advierte que el asesinato de un periodista no sólo vulnera en forma grave su derecho a la vida, sino que suprime en forma radical su derecho a expresarse libremente y vulnera el derecho de las sociedades y de sus ciudadanos y ciudadanas a buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole.

Pero además, consigna que la vulneración de la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión que se hace aún más grave por el efecto de autocensura que tiene sobre los demás trabajadores de la comunicación social.

“La impunidad de estos crímenes acentúa la autocensura y constituye, también, una seria vulneración del derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y en su dimensión colectiva”, añade el documento publicado en el mes de marzo del año 2008 oficializado por la Organización de Estados Americanos (OEA).