A unos meses de que Dilma Rousseff de inicio a su segundo mandato, vive una crisis política; encabeza una lista de citatorios que pretenden llevarla a juicio, mientras sus adversarios ansían una protesta nacional el 16 de agosto contra su Gobierno, que reflejará el repudio popular.
La desaprobación del pueblo brasileño respecto a la presidenta de Brasil, es considerada histórica: es considerada por la mayoría de los brasileños la peor mandataria de los últimos 30 años, incluso, cada vez es mayor el número de inconformes que quiere que sea impugnada y que cree que no logrará concluir su gobierno, según un sondeo.
La encuestadora Datafolha reveló que el índice de aceptación a Rousseff es de un 8%, en comparación con el 7.7% reportado por otro sondeo reciente, ante los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta y la peor recesión económica de la nación latinoamericana en 25 años.
El 71% de los brasileños encuestados estiman que su Gobierno es “malo” o “muy malo”, es decir, se eleva respecto al 65% que consideró lo mismo en la encuesta de Datafolha del mes anterior.
Respecto a que si la mandataria debería enfrentar un proceso de impugnación o juicio político, dos de cada tres entrevistados, o un 66%, apoya esa opción, frente al 63% en un sondeo de abril.
Pese a que la mayoría de los brasileños espera que Dilma complete su mandato, Datafolha señaló que un 38% está de acuerdo en que sea impugnada, ante el 29% de abril; la muestra de entrevistados fue de 3 mil 358 entrevistados, entre el martes 4 de agosto y el miércoles 5 de agosto.
La popularidad de Rousseff es la más baja de los mandatarios brasileños desde que Datafolha inició con los sondeos; los estudios han arrojado incluso que la mandataria está por debajo de Fernando Collor de Mello en 1992, que salió del Gobierno por corrupción.
Panorama de Brasil no la favorece
La caída de la popularidad de la mandataria es resultado de una confluencia de factores, señaló a Radio Francia Internacional (RFI), el analista político de la consultora Tendencias, con sede en Sao Paulo.
En primer lugar, la crisis económica: el país vive una recesión, el desempleo ha aumentado y la inflación se acerca al 10%; en segundo lugar: está el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras que ha afectado a varios de los miembros del Partido de los Trabajadores (PT); y la polarización política que dejó el proceso electoral.
También, la moneda brasileña se ha debilitado a mínimos en 12 años en medio de la duda respecto al futuro de la nación brasileña; este jueves 5 de agosto por la mañana, el real brasileño cotizaba a 3.51 unidades por dólar.
Como una muestra más del poco respaldo a Rousseff de su propio partido, el PT, la Cámara baja del Congreso aprobó el miércoles 5 de agosto por una mayoría un proyecto de ley para elevar los salarios de algunos empleados públicos, lo que hunde sus esfuerzos en busca de reducir el enorme déficit fiscal por el que atraviesa.
La pérdida de popularidad no basta para iniciar un juicio de destitución. Se requiere primero un escenario de responsabilidad individual, de crimen individual de la presidenta, lo que podría materializarse si el balance de las cuentas públicas del 2014, que el Congreso debe votar, es rechazado, comentó el analista, y que la otra condición requerida es de carácter político ya que los partidos opuestos a Rousseff no han alcanzado una acuerdo sobre cómo actuar frente al gobierno, menos aún sobre un eventual candidato para reemplazar a la presidenta en caso que sea obligada a renunciar.
La cadena Globo publicó este viernes que ante la crisis política que enfrenta el Gobierno, el ex presidente brasileño Luis Inácio Lula de Silva, líder del PT, podría ser nombrado ministro en el gabinete de la mandataria, lo que supone una reforma del gabinete, que analizó junto a sus colaboradores.
El ex mandatario podría encabezar la cartera de Defensa, actualmente a cargo del dirigente petista Jaques Wagner, o en la cancillería, que el diplomático Mauro Vleira lidera.
De acuerdo con funcionarios cercanos al gobierno, una de las razones para convocar a Lula es que el ex mandatario tiene buen diálogo en el Congreso; es poco de lo que se sabe.
Información de El Economista, Radio Francia Internacional y El Comercio, Perú